Fallo estrepitoso del nuevo decreto de protección con la niña de 4 años víctima de agresión sexual

El caso de la menor de cuatro años que sufrió una agresión sexual deja al descubierto el fallo estrepitoso del nuevo decreto de protección a los menores de edad de la Junta de Castilla y León, aprobado el pasado 14 de enero en Consejo de Gobierno. En el hospital Río Hortega dejaron irse a la pequeña , que acudió a consulta con su madre, pese a detectar una enfermedad venérea, sin comunicar el caso a la Consejería de Familia, que no supo nada hasta 11 días después a través de un escrito de Fiscalía.

El Gobierno regional llevó a cabo esta modificación del decreto a petición precisamente de la Consejería de Familia. La protección a los menores necesitaba actuaciones mucho más contundentes para evitar que se repitan casos como el sufrido por Sara, otra menor, también de cuatro años, que falleció en agosto de 2017 víctima de maltrato y abuso sexual.

Todos los mecanismos de protección a los menores han vuelto a fallar como ocurrió con el trágico caso de Sara, muerta y violada a manos del novio de su madre. En esta ocasión, la niña de cuatro años se encuentra bien , todo lo bien que puede estar una niña de esa edad tras ser víctima de una agresión sexual que investiga el Juzgado de Instrucción Número 6 de Valladolid.

Un nuevo cúmulo de negligencias y desidias por parte de diferente órganos ha tenido a la pequeña desamparada y sin que los Servicios Sociales de la Junta pudieran dictaminar hasta hoy que la pequeña no corre peligro. La Fiscalía, que junto con el hospital Río Hortega está en el centro de estas actuaciones, dictamina que la pequeña «no está en riesgo de desprotección ni desamparo» bajo la tutela de su madre.

Hay que constatar que bajo la misma tutela supuestamente fue agredida sexualmente durante un viaje a la Republica Dominicana, donde estuvo mes y medio, país de origen de la mujer. La agresión se produjo allí y las investigaciones apuntan como sospechoso al novio de la madre, que reside en el país latinoamericano.

El artículo 99 del decreto modificado por la Junta refleja, en el apartado de Comunicaciones por profesionales y autoridades del ámbito sanitario, que «cuando se produzca el ingreso en un centro hospitalario de menores de edad sobre los que exista sospecha o evidencias de maltrato grave, el alta hospitalaria no podrá hacerse efectiva hasta que se reciba resolución de la autoridad judicial correspondiente o del Ministerio Fiscal, o por los servicios sociales competentes se haya valorado el caso, adoptándose hasta ese momento por los profesionales que presten la atención al menor las medidas provisionales que establezca la autoridad judicial en relación a las limitaciones en las visitas o al acompañamiento de familiares.

El abandono del centro hospitalario antes de producirse el alta hospitalaria será comunicado de forma inmediata al Ministerio Fiscal, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a Entidad Pública Protección de Castilla y León». La Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor señala que «toda persona o autoridad y especialmente aquellos que por su profesión o función detecten una situación de maltrato o de posible desamparo de un menor de edad, lo comunicarán a la autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise».

El informe forense recibido en el Juzgado recoge la enfermedad de transmisión sexual y no aprecia ninguna otra lesión en la menor.  El Juzgado que instruye la causa no ha recibido ninguna otra llamada telefónica comunicando la existencia de una segunda atención médica a la menor. Tampoco se ha recibido ningún otro parte médico. De modo que al Juzgado instructor sólo le consta la primera asistencia sanitaria en la que se le diagnostica a la menor la enfermedad de transmisión sexual, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

El caso se destapó con motivo de una consulta en el Hospital Río Hortega el 26 de febrero. El médico detectó la presencia de una enfermedad venérea y advirtió inmediatamente al Juzgado de Guardia, que dio traslado a la Fiscalía. Sin embargo, la pequeña abandonó con su madre el centro sanitario, pese a que el decreto de protección aprobado por la Junta el pasado 14 de enero indica que los menores sospechosos de ser víctima de agresiones no deben abandonar las dependencias en la que se detecten tales sospechas si no hay una autorización por parte de la autoridad competente, en este caso Servicios Sociales de la Consejería de Familia, que no tuvo conocimiento del caso hasta el lunes a primera hora de la tarde cuando el suceso saltó a las ediciones digitales de los medios de comunicación. A Familia nadie le informó, ni el Hospital Río Hortega, que tiene la obligación de hacerlo por el decreto que emanó del caso sufrido por Sara, ni la Fiscalía de Menores de Valladolid.

El mismo lunes, después de que ya hubiera saltado la noticia a los medios, junto a otra documentación en un sobre y sin registro de salida, Servicios Sociales se encontraron las diligencias del caso. Lo mandó la Fiscalía a través de una ordenanza de la Consejería que, como cada día, acudió a recoger información. Las diligencias las acompañaba un folio que ponía «para su conocimiento», con fecha del día 2 de febrero.

No hay que olvidar que en el ‘caso Sara’ la misma Fiscalía puso el caso en conocimiento de Servicios Sociales en pleno mes de julio a través de una carta por correo ordinario. Precisamente para evitar esas desidias en las comunicaciones la Junta aprobó el nuevo decreto que no ha funcionado. Porque no lo ha cumplido ni la propia administración que lo promueve , la Junta. En este caso no ha habido la obligatoria comunicación que debió producirse entre Sanidad, el médico y Servicios Sociales, pese a que el decreto es muy claro y se modificó para evitar nuevos episodios de maltrato a menores por desidia, incompetencia o negligencia burocrática que fue todo lo que hubo entonces tras la brutal muerte de la pequeña.

Entre correos ordinarios, inspecciones que no llegaron a producirse y un fin de semana de por medio, la pequeña Sara acabó muerta en una camilla del hospital. El proceder de las administraciones, incluida Fiscalía, para proteger a la niña fue el detonante del cambio del decreto que ahora el hospital Río Hortega no ha aplicado. Todo eso es lo que tienen que explicar los órganos implicados en este nuevo ejemplo de desamparo de una niña víctima de un agresión sexual en Valladolid.

El TSJCyL confirmó hoy la investigación a través de una nota de prensa. Está indagando la nacionalidad de la pequeña . Y da curso a la Fiscalía de su intención de inhibirse en favor de la Audiencia Nacional al entender que la agresión sexual que se investiga se produjo en territorio extranjero, en concreto en República Dominicana durante unas vacaciones navideñas de mes y medio.

En esa misma nota, el TSJCyL advierte que ya ha puesto el caso en conocimiento de la Consejería de Familia a petición de la Fiscalía. Lo que omite es que lo hizo hoy, después de que el escándalo estuviera el lunes en todos los medios. La misma nota añade que compete las decisiones sobre la protección o la tutela a Servicios Sociales de la Junta pero omite  que Servicios Sociales, que es quien decide, es la única institución a la que se le ocultó el caso hasta hoy.

La jueza, a petición de la Fiscalía, traslada a la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer de la Policía Nacional que practique más diligencias y amplíe la investigación. Igualmente, se ha dirigido a Servicios Sociales, administración a la que compete la protección de cualquier menor sin que sea necesaria la petición de un juez, para que complete la información y remitan un informe sobre la situación familiar de la niña. 

Los Servicios Sociales pudieron visitar hoy a la madre de la pequeña, después de 11 días de denunciarse los hechos , y comprobar el ambiente en el que está la niña. Vive con su madre y dos hermanos. Acompañados de agentes de la policía judicial, corroboraron, a su juicio, que la niña no está desprotegida y no corre peligro. Está con su madre. También es cierto que con ella estaba en República Dominicana cuando supuestamente fue víctima de la agresión sexual que corrobora el forense que la vio el pasado 26 de febrero.