La Diputación acusa a Sanidad de ignorar las «llamadas de auxilio» de sus residencias reclamando test

«‘No es viable ahora’, ‘no es posible’, ‘no disponemos de ellos’». Estas son algunas de las respuestas que reiteradamente recibía el personal de las residencias de la Diputación de Valladolid cuando solicitaba «a diario» a Sacyl la urgencia por realizar pruebas PCR a residentes y trabajadores de sus dos centros. 

Así lo recoge la investigación interna efectuada por la Institución Provincial para esclarecer la gestión de la pandemia en sus residencias donde se produjo un contagio masivo. 

La Diputación de Valladolid acusa a la Junta, en concreto a la Consejería de Sanidad que dirige Verónica Casado, de ignorar la «cantidad de llamadas de auxilio que se han realizado desde los centros reclamando la realización de test». 

En el informe sobre las residencias Cardenal Marcelo y Doctor Villacián , al que ha tenido acceso EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN, consta que «un gran problema ha sido que desde los servicios sanitarios de la Junta de Castilla y León se han realizado los test PCR muy tarde, lo que ha llevado a que no se supiera de la situación real de los residentes hasta muy tarde».

Pero no solo eso. También los propios gerentes de área de Sacyl en Valladolid desmienten a su consejera y niegan que se haya impedido el paso a personal de Sanidad, como argumentó ante los medios Verónica Casado para justificar su tardía intervención en estos centros. «No se nos ha impedido entrar en las residencias», sostienen tanto el gerente de las Áreas de Valladolid como el de Atención Primaria Valladolid Oeste.

La investigación instruida por dos funcionarios, el jefe de área de Hacienda, Juan Carlos Olea, y la jefa de servicio de Transparencia, Pilar García, abarca medio millar de páginas. En ellas se desgranan cronológicamente acciones y testimonios de personal e instituciones en los dos primeros meses de confinamiento en ambos centros. 

El escrito refleja que no se adoptaron las medidas de aislamiento necesarias a tiempo –«había residentes deambulando por estancias comunes»– y que el personal no dispuso de material apropiado ni la oportunidad de acceder a las pruebas diagnósticas cuando lo solicitaron. Y, según recoge, lo reclamaron en múltiples ocasiones. «Diariamente por la necesidad imperiosa se pide que hagan test a los residentes».

El informe no elude deficiencias en la toma de decisiones dentro del ámbito la Diputación –el proceder de la subdirectora de los centros, al cargo por la baja por Covid del director, el primer  diagnosticado, y cesada en cuanto trascendieron los contagios y su falta de transparencia–, pero señala principalmente a la desatención del Gobierno autonómico como determinante en la desesperada situación que vivieron ambas residencias. 

« Ha fallado el derecho a la sanidad universal a pesar de las llamadas de auxilio . La clave ha sido fundamentalmente el desabastecimiento generalizado de EPIS y de pruebas diagnósticas», destaca en la página 64 de las conclusiones.

La primera vez que solicitan desde las residencias la realización de PCR se remonta a cuando se acababa de paralizar el país. El martes 17 de marzo. Fecha que coincide con el resultado positivo en coronavirus del que era el director, Luis Alonso. Ese día en los registros no aparecen residentes con síntomas.

A partir del 23 de marzo, reciben una llamada diaria de los centros de salud a los que corresponden. Parquesol y Arturo Eyries. Entonces vuelven a pedir las pruebas diagnósticas y responden que no hay. «Además de transmitir los datos del estado de residentes, se solicita la realización de test a residentes y trabajadores. Contestan que no disponen en los centros de salud, pero que en cuanto lleguen, se realizarán», detalla.

Los primeros test se efectúan diecisiete días después de esa conversación inicial. El 8 de abril, en Doctor Villacián, y el 9, en Cardenal Marcelo. Sólo a los residentes. 

A Cardenal Marcelo se le declara ‘zona sucia’ en su conjunto porque el 98% está contagiado. En Doctor Villacián suman 41 los positivos iniciales. 

En paralelo, el personal sigue sin ser sometido a las pruebas de forma generalizada y la «preocupación» crece. «Se vuelve a consultar a Arturo Eyries sobre la posibilidad de realizar test a todo nuestro personal», indican los técnicos de Prevención. «Responde que no es viable y nos ofrece atender a 10 personas».

Los intentos persisten. Las negativas, también. Ya es 17 de abril y 58 trabajadores permanecen de baja. 

En Villacián la situación se complica por momentos. La evaluación interna expone que algunos ancianos que habían dado negativo presentan síntomas. Una doctora de ese centro «intenta que se realicen test» a esos posibles falsos negativos. La tónica de Sacyl no varía: «Desde el centro de salud Parquesol se indica que tiene que esperar». Pasan veinticuatro horas y nada mejora. «Desde Arturo Eyries informan que se ha bloqueado el covid-car y que hay un gran atasco con las muestras». 

El recuento global ese 23 de abril alcanza a 78 profesionales de baja, 34 de ellos con positivo en las pruebas. 

Según el documento, la carencia de recursos continúa haciendo mella y tampoco consiguen reincorporarse al trabajo los profesionales sin síntomas. «No se está pudiendo realizar pruebas PCR, con lo que se van a retrasar las incorporaciones del personal de baja». 

Para esta investigación se han recabado testimonios e informes de la Consejería de Sanidad , Gerencia de Servicios Sociales, de sindicatos y de personal de distintos departamentos. 

Nada menos que en la cartera de Sanidad es donde contradicen a la consejera del ramo. Tanto el gerente de Áreas de Salud de la Junta en Valladolid, Eduardo García Prieto, como el de Atención Primaria Valladolid Oeste, Elpidio García Ramón, son taxativos. 

Refutan las palabras que utilizó la consejera cuando, eludiendo   responsabilidades, esgrimió qué no había intervenido en las residencias porque no había conseguido «permiso» el primer día que lo intentó –el 7 de abril–, omitiendo, por otra parte, que la Consejería no necesita autorización para inspeccionar los centros si lo considera oportuno. «Ni antes, ni durante, ni después de este periodo se ha impedido el acceso del personal de Sacyl a las residencias», afirma dentro de esta investigación García Prieto.

También desmiente a Casado Elpidio García Ramón: «No se nos ha impedido entrar» , aclara.

Eso sí, es más crítico con la actuación de las dos residencias. «Existían dificultades para obtener la información dependiendo del profesional con el que se establecía el contacto y al ofrecer la posibilidad de acudir al centro para valoración y tratamientos se rehusaba con el argumento de que la situación estaba controlada y no era necesaria nuestra intervención». 

Sin embargo, después de que la Consejería reciba información extraoficial, el 6 de abril, por un sanitario que indica que la situación no está tan controlada como la subdirectora sostiene y que podría haber un fallecimiento y contagios, llaman al director. Éste se encuentra en aislamiento y se muestra colaborativo, según indica el propio gerente de Primaria Valladolid Oeste: «Nos pide que colaboremos mediante el equipo ‘Covid-19 residencias’ . Apoyo realizado hasta la fecha». 

La investigación interna concluye que «en ningún caso se ha impedido la entrada de nadie en el Cardenal Marcelo , dado que nadie se ha personado en el centro», y  justifica  que «no se consideró necesaria la asistencia técnica de la Gerencia al no tener información real con test PCR, tras haber sido requerida su realización en varias ocasiones de forma reiterada y estando la mayoría de los residentes asintomáticos».

Lo que sí advierte es que la comunicación con los centros de salud, «que se consideraba suficiente y positiva», en realidad, «se ha visto insuficiente y no se ha podido llevar a cabo una coordinación eficaz» .

Otro capítulo polémico es el de si anteriormente, el 27 de marzo, se prohibió o no la entrada a los técnicos de Prevención de la propia Diputación. La conclusión es la misma. 

Para apoyar que no se ha prohibido el paso, se adjunta un correo del día de la visita de una  de las técnicas que acudió. En el mensaje escribe que «por seguridad para los residentes» no pasaron de las puertas de la entrada. «No queriendo interferir en el funcionamiento del centro o incluso tratando de evitar algún tipo de contaminación» .

Pese a que el documento no  aborda la polémica sobre la política de no derivar a personas mayores a los hospitales, en él se aprecia una crítica a este respecto. «Una residencia es un hogar, no es un hospital», sentencian los autores del informe en las conclusiones finales.

«Aunque los equipos médicos hayan controlado en todo momento la evolución de los residentes, la derivación a los hospitales del sistema de salud debería haberse hecho con más frecuencia y en el momento de cualquier síntoma, ya que al no tener test PCR ni ningún sistema de detección del Covid-19, el posible contagio entre los residentes hubiera sido previsiblemente menor», refleja la antepenúltima página del escrito.

Analizados todos los factores, el informe estima que «se debe revisar el modelo de atención a personas mayores y cambiar protocolos de actuación con unas herramientas tecnológicas que tengan un contacto más directo con los centros de salud». 

En Cardenal Marcelo han fallecido por coronavirus diecisiete personas y en Doctor Villacián, quince.