El desequilibrio que Celaá busca corregir: la pública concentra el doble de alumnos desfavorecidos
Los colegios públicos atienden a 345 niños vulnerables en la ciudad, frente a los 183 de la privada, pese a tener menor escolarización / En 15 concertados y 5 públicos no hay ningún estudiante ‘de compensación’
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La ministra Isabel Celaá quiere corregir la concentración de alumnos vulnerables en determinados colegios. Textualmente, su nueva ley educativa, la Lomloe , que esta semana recibió el visto bueno del Consejo de Ministros, plantea «evitar la segregación por razones socioeconómicas» y garantizar una «presencia equilibrada» de estudiantes con necesidad de apoyo educativo en todos los centros sostenidos con fondos públicos.
Qué medidas concretas se adopten en el futuro para conseguirlo es algo que está por ver. No sólo porque esta ley educativa – la séptima en cuarenta años – inicia ahora un trámite parlamentario abierto a las enmiendas del Congreso y el Senado, sino porque a la postre serán las autonomías las que establezcan los mecanismos específicos para garantizar ese reparto proporcionado.
Castilla y León en su conjunto es una de las comunidades españolas más integradoras del alumnado desfavorecido, tal y como constatan los indicadores del informe Pisa, frente a la mayor segregación existente en autonomías como Madrid o País Vasco. Pero las diferencias, aun siendo menos acentuadas, existen.
Hemos querido conocer la distribución en la ciudad de Valladolid . Y los datos que maneja la Consejería de Educación constatan lo que los sindicatos educativos llevan años denunciando: que existe una mayor concentración de niños desfavorecidos en los colegios públicos que en los concertados.
Para analizar el reparto nos hemos fijado en el número de alumnos con necesidades de compensación educativa (Ance) , un epígrafe donde se clasifica a los chavales en situación de desventaja por razones económicas, de origen o sociales. Entre otras causas, engloba mayoritariamente a inmigrantes con desconocimiento del idioma, niños con un desfase curricular de al menos dos años, minorías y familias en situación de exclusión social.
En la ciudad de Valladolid hay 528 chavales inscritos en el sistema por alguna situación de vulnerabilidad. Y dos terceras partes (345) están matriculados en colegios públicos frente a los 183 de la concertada. Ese desequilibrio es más evidente si tenemos en cuenta que, en su conjunto, los coles públicos tienen menos matriculados (el 42% del total) que los de gestión privada.
De los 72 colegios de infantil y primaria sostenidos con fondos públicos que hay en la ciudad, 36 son públicos y 36 concertados. Y los alumnos vulnerables representan el 3,2% de los 10.700 estudiantes de la escuela pública y el 1,3% de los 14.400 de la concertada. Es decir, el porcentaje se duplica en coles gestionados directamente por la Administración.
Bajando más al detalle, poniendo la lupa sobre cada colegio, también afloran los desequilibrios . El Francisco Giner de los Ríos, en Huerta del Rey, es el que adolece de una mayor concentración de alumnos desfavorecidos: el 26%. En la red pública, le siguen Allúe Morer, Miguel Íscar, Entre Ríos, Miguel Hernández y José Zorrilla, todos ellos por encima del 10%.
Entre los colegios concertados destaca la mayor proporción de inscritos en ‘compensación’ en La Inmaculada Concepción de la calle Arca Real (el 28%), Santa María Micaela y San Viator, ambos también con más del 10%.
En el polo opuesto se encuentran veinte colegios: cinco públicos y quince concertados no tienen este curso ni un solo alumno clasificado en el sistema por su vulnerabilidad, lo que alimenta el aura de elitismo que acompaña a algunos centros educativos.
De los públicos, tres están en el barrio de Parquesol (Francisco Pino, Marina Escobar y Martín Baró), otro en Covaresa (El Peral) y el céntrico (Isabel la Católica).
En cuanto a los concertados sin niños desfavorecidos son Lourdes, El Pilar, San Agustín, San José, La Enseñanza, Sagrado Corazón, Ave María, Juan XXIII, La Inmaculada Misioneras, Nazaret, Nuestra Señora de la Consolación, Rosario, Santa Teresa de Jesús y Santa Catalina.
Esta distribución del alumnado en la ciudad es el resultado de la elección particular de cada familia, porque la gran mayoría, el 97%, escolariza a sus hijos en el centro elegido como primera opción, según los datos de la Consejería de Educación.
Lo que el texto de la ley Celaá cuestiona ahora es que la libertad para escoger centro esté por encima de una equilibrada distribución del alumnado en todos los centros sostenidos con fondos públicos, lo que incluye a los colegios que directamente gestiona la Administración como a los concertados (de explotación privada con dinero público). La futura norma, si sale adelante, introduce la posibilidad de obligar a los colegios concertados a escolarizar alumnado vulnerable para evitar la creación de guetos en la pública. La Lomloe, tal y como argumentó la ministra este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, busca una mayor equidad en la red educativa: «no supone una merma a la libertad», sino una garantía de «más libertad para todos».
Los sindicatos destacan que la libertad de elección no es el único elemento responsable de la segregación de centros y denuncian las triquiñuelas que en la práctica se dan durante los periodos de admisión para ‘liberar’ a los centros concertados de matricular niños que requieren apoyos, en especial con la implantación este curso del periodo extraordinario de matriculación. «La dirección provincial argumenta que no quedan plazas en los concertados o que no tienen apoyos para atender al alumnado con necesidades», explica Raquel García, de la Federación de Enseñanza de CCOO.
esfuerzo docente extra
Desde la perspectiva de la diversidad, un aula heterogénea presenta mayor riqueza educativa pero exige también un esfuerzo docente extra para atender correctamente los dispares ritmos de aprendizaje que impone cada circunstancia, ya sea por la concentración de estudiantes ‘de compensación’ o del resto de epígrafes que clasifican la necesidad de apoyos educativos (además de los Ance, la base de datos contempla múltiples circunstancias por las que un alumno necesita apoyo extra en el aula, como discapacidades físicas o sensoriales, trastornos del lenguaje, déficit de atención o superdotados, entre otras).
Por eso, las organizaciones sindicales reclaman mayor dotación profesional para atender al alumnado con necesidades de apoyo, tanto de especialistas (pedagogos o expertos en audición y lenguaje) como docentes para reforzar aquellas clases donde se acumulan las necesidades de compensación.
El registro de alumnado vulnerable en el sistema está aparejado a una mayor dotación de personal. En la ciudad de Valladolid hay 19 colegios públicos con personal de apoyo a la compensación (ya sea en exclusiva o compartido ente varios centros), según consta en las plantillas jurídicas de la red pública, a los que se suman en la práctica los interinos.
La concertada, por su parte, no está obligada a contratar personal especializado para atender las necesidades de apoyo educativo. Lo que sí puede pedir, a solicitud del centro concertado, es la dotación de una unidad de apoyo para la integración del alumnado cuando hay un número determinado de alumnos con necesidades que luego supervisa el equipo de orientación educativa y psicopedagógica, puntualiza Raquel García, de Comisiones Obreras en Castilla y León. Pero lamenta que en muchos casos ese personal «se dedica a otras actividades que no tienen que ver con la atención de esas necesidades».