«El Campus de la Justicia es un buen regalo de Navidad para los vallisoletanos»

Poco más de tres meses lleva en el cargo Javier Carranza, que asumió el pasado 4 de septiembre las riendas de la Audiencia Provincial de Valladolid con el alto listón que deja su predecesor, el afable y recién jubilado Feliciano Trebolle. 28 años de carrera judicial le sirven para tener una bien fundamentada perspectiva de la Administración de Justicia, dentro de la que ejerce un oficio «con un claro componente vocacional», admite.

Carranza acudió ayer a su cita con La Quinta Esquina de La 8 de Valladolid, DIARIO DE VALLADOLID - EL MUNDO y Castilla y León EsRadio, justo el mismo día en que este periódico desvelaba el acuerdo del Ayuntamiento con Sareb para desbloquear los suelos del Colegio de El Salvador, de cara a instalar el nuevo Campus de la Justicia. Un campus que se ha dado en llamar ‘ciudad’ pero que él prefiere denominar ‘Plaza de la Justicia’, ya que agrupará todas las sedes judiciales en torno a la Plaza de San Pablo. Ese acuerdo «es un buen regalo de Navidad para los vallisoletanos», aseguró.

«Se ha confirmado que existe acuerdo, pero ahora queda una segunda parte, que es la actuación del Ministerio de Justicia. Creo que podemos estar satisfechos», apuntó. «Se podrá aprovechar los edificios que ya tenemos, e instalar los nuevos al otro lado de la plaza». Se trata de «aunar todos los entornos judiciales para evitar los peregrinajes a los profesionales y a los usuarios».

En cuanto a si cuenta Valladolid con suficiente número de órganos judiciales, Carranza destacó que el número de jueces en España es de 10,8 por cada cien mil habitantes, mientras que la media en Europa es de 20 ó 21 por cada cien mil habitantes. «¿Tenemos pocos jueces? Yo creo que sí», aseveró. «Hay pocos jueces. Y tenemos un país con una gran cantidad de reclamaciones, de demandas y de asuntos, incluso por encima de otros países con más población. Hacen falta más jueces, más funcionarios y más medios».

Por eso, a su juicio, «la unificación de sedes va a facilitar cosas como la implantación de la nueva oficina judicial, que no se puede poner en macha con seis u ocho sedes como hay ahora». Una unificación que contribuirá a una «mayor eficacia de la Administración de Justicia». Por otra parte, «en cuanto a la gestión de personal, es más fácil si todos los organismos están cerca. Por eso las plazas y ciudades de la justicia se han ido generalizando», explicó. Eso sí, subrayó que aún quedan muchas cosas por hacer para unificar todos los servicios: «Todo es un futurible. Tiene que haber un nuevo Gobierno y un Ministerio de Justicia» que impulse el proyecto.

Preguntado por si no le da ‘vértigo’ instalar en Valladolid la oficina judicial, tras la mala experiencia en otras ciudades, el presidente de la Audiencia aseguró: «Siempre da un poco de vértigo, pero Valladolid es una de las últimas ciudades en implantar la oficina judicial. Es inexorable, y lo mejor es estar preparado».

Carranza deseó que, tras las «experiencias piloto» que se han desarrollado en otros territorios, cuando llegue a Valladolid «la cosa esté ya bien engrasada». Y es que, apuntó, «la justicia digital y la oficina judicial son insoslayables. No se pueden usar medios del siglo XIX en el siglo XXI».

Además de jueces, Valladolid necesita otras dotaciones: «Estamos esperando el resultado de las estadísticas del año, pero en principio es necesario un cuarto juzgado de familia, que ahora está siendo reforzado con un juez, un refuerzo que se ha acordado prorrogar. Ha venido recientemente un quinto juzgado de lo social, pero quizá necesitemos un nuevo juzgado de instrucción más», subrayó.

Carranza reconoció que aún lleva poco tiempo en el cargo para conocer en detalle la situación y todas las necesidades, pero apuntó que los juzgados de las cláusulas suelo están «a pleno rendimiento» y son tres jueces más los que han venido a reforzar. «También hay refuerzos para casos complicados, como el de las eólicas y la funeraria, unos refuerzos que han sido aprobados por otros seis meses», añadió.

Casos «complicados» como el del PGOU de Valladolid, cuya instrucción, que se prolongó once años, salió a la palestra en La Quinta Esquina. La sentencia reconoce que existieron dilaciones indebidas. «Hay que atender a la complejidad de la materia urbanística, y hay que tener en cuenta que con la crisis los refuerzos que se autorizaban eran pocos», explicó Carranza.

«La justicia no es sota, caballo y rey», aseveró. «Aquí tenemos un delito complejo, donde hay que investigar a muchos acusados. A veces los juzgados carecen de apoyos periciales pertinentes, por un lado. Ha habido sentencia condenatoria, muy compleja, y eso hay que tenerlo en cuenta».

El presidente de la Audiencia dejó clara su intención de mantener «abierta la Justicia a los medios de comunicación», en la línea de su antecesor, «siempre dependiendo del criterio del presidente del tribunal» de que se trate.

Por otra parte, el magistrado se mostró moderadamente crítico con el sistema de elección de los miembros que forman parte de los órganos del Consejo General del Poder Judicial. «Cuando el juez dicta su sentencia está siendo independiente, y ejerce ese poder difuso que está repartido en todos y cada uno de los jueces», explicó. «Esa es la verdadera independencia judicial. Luego, los jueces acceden a cargos de ciertos órganos, que son elegidos por los políticos. La mayor parte de los jueces pensamos que ese sistema es perfectible», opinó. Si los jueces eligieran «eliminaríamos ciertas sospechas, a veces infundadas».

Así, se mostró favorable a que sean los jueces los que elijan la composición de los órganos judiciales, y apuntó que la Constitución prevé que los magistrados elijan a una parte de los mismos.

La entrevista tuvo lugar el mismo día en que se conoció la sentencia del caso de la Arandina, con condenas de 38 años de prisión. «Lo he conocido a vuelapluma», reconoció el magistrado. «Me parece que se condena a los acusados como autores y coautores» de otras conductas punitivas. «Ahí viene la suma. Son tres delitos, no sólo uno, y es la pena prevista en la ley».

En cuanto a si la pena ha estado influida por el caso de la Manada de Pamplona, Carranza apuntó que cuando se pronuncia el Tribunal Supremo «es para aplicar jurisprudencia, son criterios que tienen que tener los tribunales». Por eso consideró que el abanico de penas «está dentro de la ley».

Por otro lado, consideró que respecto a la implantación de la mediación, los órganos judiciales no están teniendo «un especial espíritu proactivo». A la mediación «podemos desviar algunos asuntos, no todos. Y podrá agilizar la Administración de Justicia en determinados casos. Hay que tener en cuenta que siempre es mejor un mal acuerdo que un litigio», manifestó.

Carranza puso de manifiesto su escepticismo en cuanto a asumir más competencias de Justicia. «Sospecho que es mejor que nos quedemos como estamos», aseveró. «Mejor depender del Ministerio de Justicia y no abordar temas que no sabemos qué problemas nos podrán causar», concluyó.