La industria del piñón enciende la alarma y avanza que esta campaña será «nula»

La industria relacionada con la recolección, transformación y comercialización de piñones en Castilla y León llevaba tiempo elevando la voz de alerta por la reducción de la productividad a lo largo de las últimas campañas debido a las plagas de procesionaria y leptoglosus –o chinche americano– y este año acaba de activar la alarma definitiva al anunciar que será «nula». «Nadie saldrá a recoger piñas en los montes de la Comunidad porque no hay producto en los árboles».

Así de rotundo se mostró el presidente de la Asociación Castellana de Elaboradores de Piñón (ACEPI), Rodolfo Padrones, preocupado por la pervivencia del sector ante el dramático panorama que se avecina, no sólo en la presente campaña, sino en las futuras, pues no se trata de un problema puntual de ausencia de lluvias, sino extensivo, ya que «los pinares están enfermos».

«Es verdad que en esta ocasión el año hidrológico ha sido malo pero, independientemente de que no haya llovido, ya hemos sufrido problemas de sequía en otras ocasiones y hemos podido seguir trabajando, mientras que esta vez la campaña será de cero debido a que las plagas se han apoderado de los montes», razonó el portavoz del colectivo antes de advertir de que «si no se toman medidas», el problema será «continuo» y las consecuencias, nefastas: «abandono de los pinares y cierre de las industrias».

«Esto se veía venir. Llevábamos años diciéndole a la Junta de Castilla y León que los montes estaban cada vez peor y lo han estado negando hasta que han visto en los informes que las plagas están afectando a los montes desde que no hay tratamientos», añadió para reclamar medidas urgentes que permitan revertir, poco a poco, la situación. «Antes la procesionaria estaba controlada, aunque hubiera focos, pero al dejar de fumigar se han extendido los brotes y todos los pinares están afectados».

Padrones criticó que la Junta, «por dejadez», se haya amparado en la prohibición europea de realizar fumigaciones aéreas y no haya solicitado «autorizaciones excepcionales» para combatir el problema mientras otros territorios, como Baleares, han aprobado una intervención sobre 6.000 hectáreas aproximadamente para «luchar contra la procesionaria», por lo que reclamó mayor implicación.

De hecho, el presidente de ACEPI recordó que existen productos biológicos basados en la presencia de bacterias que atacan exclusivamente a esta oruga autóctona que «se come las hojas y deja a los pinos desprotegidos» pero que no dañan al resto de la flora y la fauna y reprochó que si aquí no se están implementando es porque resultan más costosos que los utilizados tradicionalmente.

Fumigar con este tipo de productos, calculó Padrones, tiene un coste aproximado de entre 20 y 30 euros por hectárea pero, para evitar que el desembolso sea elevado, plantea una intervención por zonas, es decir, sin realizar una acción completa en el conjunto de todos los montes de la Comunidad, «con 6.000 hectáreas al año, por ejemplo». «Lo importante es empezar», enfatizó, porque de lo contrario «no va a haber solución».

Los problemas con la procesionaria, que se extienden desde que hace más de una década se dejara de fumigar, se unen a la presencia del leptoglosus, un insecto procedente de Canadá que succiona los piñones y deja las piñas vacías, sin fruto, y cuya presencia, apuntan, tampoco se está tratando pese a las consecuencias para el sector piñero.

«Los estudios que está llevando a cabo la Junta junto con la Universidad de Valladolid confirman que mueren el 70% de las piñas de primera generación por el ataque del chinche –tardan tres años en madurar– y, de las que quedan, la reducción afecta a otro 30% en el segundo año», indicó el presidente de ACEPI, quien auguró que también las próximas campañas serán «malas» aunque las condiciones climatológicas sean favorables porque, al estar representadas las campañas futuras en los árboles, «ya se ve que habrá poco o casi nada», aunque no se aventuró a confirmar si se repetirá otro «año cero» como el actual.

Por el momento, reconoce que en esta ocasión «se ha roto la cadena» del sector ante la ausencia de materia prima y han puesto sobre aviso a sus clientes de que «no hay mercancía para servir». «No sabemos si acudirán a mercados externos o se dejará de transformar el fruto, pero no les podemos ofrecer nada porque, al no haber piñas, no vamos a salir a recoger», incidió.

Aunque la asociación, en la que están representadas más de una treintena de empresas de procesamiento, no ha echado cuentas de la repercusión que esta situación tendrá en el empleo, cifró el número de afectados en «miles», no sólo a nivel de las industrias, sino también de los recolectores.

subastas

A pesar de que la Asociación Castellana de Elaboradores de Piñón insiste en que no habrá actividad recolectora esta campaña porque no hay fruto, en la provincia vallisoletana se van a sacar a subasta 37 lotes de piña propiedad de los Ayuntamientos y otros 24 propios de la Comunidad o contratados, según avanzó la delegación territorial de la Junta en Valladolid.

En el primer caso, los 37 lotes suponen casi la mitad de los 65 enajenados en la campaña 2018/2019 y la estimación de piña es de 275.065 kilos frente a los 680.861 que se calcularon entonces. Es decir, la merma se traduce en un 40%. El importe de la tasación inicial es de casi 70.000 euros, un 46,% más bajo que la campaña pasada, cuando se cifró en 151.116 euros.

En el segundo caso, los 24 lotes contrastan con los 62 que se licitaron en la anterior campaña –un 38,7% menos– y la estimación de piña se queda en 53.650 kilos, frente a los 54.500 de 2018/2019. El importe de tasación para este año es de 11.460 euros, similar también al de la pasada campaña, cuando se fijó en 12.693 euros.

El mejor pico de los últimos años se registró en 2010/2011, con 106 montes subastados, 3,78 millones de euros obtenidos en los procesos y 4.827 toneladas recogidas.

Habrá que esperar a finales de abril para comprobar si se cumplen los peores augurios y las subastas quedan desiertas, situación que también repercute en las arcas municipales de los ayuntamientos titulares de los montes.