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La huelga por las 35 horas se mantiene tras retrasar su aplicación un año más

La Junta pone encima de la mesa una nueva propuesta que los sindicatos ven «inadmisible»

Dirigentes autonómicos se reúnen con las organizaciones sindicales por las 35 horas. ICAL-ICAL

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Estibaliz Lera

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«Decepcionados y defraudados». Así se mostraron ayer los representantes de las organizaciones sindicales UGT, CCOO y CSIF tras el encuentro con los consejeros de Presidencia, Ángel Ibáñez, y de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, para que el Gobierno autonómico pusiera sobre la mesa su plan para recuperar la jornada de 35 horas.

Las expectativas eran muy altas. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, lo había prometido. Sin embargo, cuando llevaban más de una hora reunidos, la tensión se apoderó del ambiente y los representes de las centrales sindicales amenazaron con levantarse e irse. En ese momento, el Ejecutivo autonómico pidió un receso de cinco minutos –que se convirtió en media hora–.

La negociación se retomó y los dirigentes regionales lanzaron una nueva propuesta, eso sí, solo de forma verbal. «Jornada estival del 1 de junio al 30 de septiembre y recuperar las 35 horas el 1 de diciembre de 2020», explicó Raquel Fernández, secretaria de Acción Sindical del Sindicato Independiente de Funcionarios (CSIF) de Castilla y León, quien agregó que esta hoja de ruta pasa por dejar sin efecto el acuerdo firmado con el anterior equipo del Partido Popular, cinco días antes de las elecciones autonómicas.

En este sentido, Ana Rosa Arribas, coordinadora del área pública de Comisiones Obreras de Castilla y León, dejó claro que no quieren un nuevo acuerdo, sino que se aplique el que está vigente. «Siempre hemos confiado en su voluntad pero ya no. Ahora tendríamos que estar negociando los calendarios y modificando los textos normativos», señaló para, más tarde, añadir que es «sospechoso» que dentro de un año sí que se puedan y quieran aplicar las 35 horas.

Y es que las razones para este parón son económicas. No obstante, según informó Fernández, ya no se cuantifica el gasto de esta reducción de horas laborales. En esta línea, el médico y sindicalista de UGT Miguel Holguín recordó que en el último comité de huelga los números que se barajaron fueron 33 millones de euros para Sanidad y 29 millones de euros para Educación, que «ni de lejos» suman los 120 millones de euros que, en un principio, estimó el Gobierno autonómico. «Seguimos sin saberlo con claridad. Están alargando el conflicto y la solución hasta que pasen las Elecciones Generales», arguyó.

De hecho, a su juicio, no tienen ánimo de negociar. «Nos están tomando el pelo pero no vamos a cejar en nuestro empeño», insistió Holguín, quien confirmó que se mantiene el paro de dos horas y media del próximo viernes y la huelga del 6 de noviembre. «Es una incoherencia de la Junta que nos diga que no podemos aplicar las 35 horas y que por otro lado elimine el Impuesto de Sucesiones», subrayó.

Al respecto, Raquel Fernández indicó que el acuerdo vigente se firmó con una memoria económica. «Rechazamos totalmente esta propuesta porque deja sin validez lo que firmamos. Es inasumible y si lo aceptáramos aplicaríamos las 35 horas con 14 meses de retraso», declaró la secretaria de Acción Sindical del Sindicato Independiente de Funcionarios (CSIF) de Castilla y León.

Ante la negativa de los sindicatos de aceptar el nuevo acuerdo, la Junta se comprometió a volver a estudiar todos los puntos y mantener una nueva reunión el próximo lunes. No obstante, los ánimos están muy apagados y solo frenarán las movilizaciones cuando se cumpla la firmado. Por ello, emplazaron a toda la ciudadanía para que apoyen estas reivindicaciones. «Si el Ejecutivo regional no cumple con sus empleados, tampoco lo hará con los castellanos y leoneses».

Tomás Pérez, secretario autonómico de la Federación de Servicios Públicos de UGT, resumió el encuentro en tres palabras: «Decepcionado, inadmisible e inaceptable». Es más, consideró que las dos horas de reunión fueron una «pérdida de tiempo». Una sensación que Fernández también tuvo. «Ha sido un desencuentro total», calificó. No fueron los únicos que se marcharon a casa así. Ana Rosa Arribas abandonó las dependencias autonómicas «incrédula» por un acuerdo «muy alejado» del rubricado el pasado mes de mayo.

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