Los 500 de la Casa del Pueblo

La sublevación que inició la guerra civil en 1936 fue muy rápida en Valladolid. En apenas unos días, la ciudad del Pisuerga fue tomada por los franquistas, que se enfrentaron a unos desarmados republicanos. El gran núcleo de resistencia que encontraron los sublevados estaba en la calle Núñez de Arce, 14, donde entonces se encontraba la Casa del Pueblo. Allí, más de quinientas personas, según los archivos, resistieron durante horas a la espera de unas armas que nunca llegaron.

Los militares franquistas instalaron una ametralladora en la torre de la catedral y colocaron sus fuerzas en las calles próximas a la Casa del Pueblo, según el relato de Francisco J. de Raymundo, un erudito local «que en los primeros días (de le guerra) tuvo cierto éxito desde el bando sublevado», explica a este diario el catedrático en Historia Contemporánea y profesor emérito de la Universidad de Valladolid Jesús Palomares.

Francisco J. de Raymundo cuenta en su libro cómo los sublevados iban colocándose para reconocer el terreno: en la plazoleta del Hotel de Francia, desde el tejado del Pasaje Gutiérrez, la torre del Salvador y viviendas próximas a la Casa del Pueblo... Se situaron varias ametralladoras en los alrededores e incluso un cañón en la calle de la Galera Vieja (actual calle Galera) que se disparó en dos ocasiones y dejó boquetes en la fachada de la Casa del Pueblo (la de Fray Luis de León).

Desde primera hora de la tarde del 18 de julio de 1936 hasta las 10.30 del 19 de julio. Es lo que aguantaron los republicanos que se refugiaron en la Casa del Pueblo –que disparaban armas de fuego cortas y largas, según el Consejo de Guerra– antes de extender la bandera blanca y ofrecer su rendición. «La toma se desarrolló sin gran oposición por parte de los refugiados [...], que tampoco parecían tener una clara idea del rumbo a seguir», explica Ignacio Martín Jiménez en La guerra civil en Valladolid (1936-1939). Amaneceres ensangrentados.

Los republicanos que se guarecieron en la Casa del Pueblo no pasaron a la historia por su resistencia el 18 y el 19 de julio, sino por los hechos que acontecieron poco después. Las fuerzas franquistas detuvieron a más de 500 personas y juzgaron exactamente a 448 procesados en un Consejo de Guerra (causa n. 102/1936), acusados de «hostilizar» a las fuerzas del Ejército. «Se lleva la palma por el alcance de la sentencia y número de condenados por el tribunal militar», explica Palomares en La guerra civil en la ciudad de Valladolid: entusiasmo y represión en ‘la capital del alzamiento’.

Matías, Luis, Alberto, Miguel, Juan, Mariano, Pablo, Benedicto, Gerardo, Ángel, Urbano, Teodoro, Lucio... 435 hombres fueron procesados en el Consejo de Guerra que se celebró en la Antigua Cárcel (hoy el Centro Cívico Esgueva). La mayoría eran militantes y afiliados de base, pero entre los detenidos se encontraban líderes de las federaciones de UGT como el presidente del gremio de carpinteros, Teodoro Álvarez Muñoz, o el presidente de la sociedad de azucareros, Esteban Pérez Garrote, algún directivo de la CNT y el extesorero del Grupo Sindical Ferroviario, explica a este diario la historiadora de la asociación Territorios de la Memoria, María Jesús Izquierdo.

Pocos líderes republicanos locales se encontraban en la Casa del Pueblo, aunque entre todos destaca el concejal en la capital José Garrote, del ala más dura del PSOE y de gran relevancia durante los años de la República en Valladolid. Garrote fue el primer fusilado oficial en San Isidro, recuerda Izquierdo. El socialista fue detenido junto a los militantes y simpatizantes de la Casa del Pueblo, aunque tuvo su propio Consejo de Guerra «por ser quien era y para convertirlo en un caso ejemplarizante, con mucha contundencia», concreta la historiadora. Garrote fue ejecutado el 29 de julio de 1936, el primero y el único vallisoletano que fue ejecutado en julio del 36 tras un Consejo de Guerra.

Pero también hubo mujeres que fueron detenidas y procesadas. Trece, concretamente: Alejandra, Antonia, Delfina, Ángeles... Algunas fueron absueltas porque no pudieron demostrar que estuvieran en la Casa del Pueblo, dado que se las arrestó en los alrededores del lugar. De entre todas, dos destacan: Emilia Núñez Pérez fue condenada a muerte (se le conmutó la pena a treinta años de cárcel) y María Ruiz Doyagüe fue condenada a 30 años, aunque posteriormente fue ajusticiada por otro proceso y fue fusilada en San Isidro. Esta mujer ha sido una de las identificadas en las fosas del cementerio de El Carmen.

Muy poco tardaron en decidir el futuro de todos estos republicanos. El juicio comenzó y finalizó el 2 de septiembre. Ni siquiera habían pasado dos meses entre la detención del medio millar de personas y el inicio. Los Consejos de Guerra se celebraban «uno tras otro una hora después del anterior y, a veces, sin cambiar de tribunal» ni tiempo para que los acusados pudieran intervenir en la sesión, explica Palomares. «Es todo una parodia, es rapidísimo... es la Justicia al revés. A este caso le dedican un poco más de tiempo porque hay más gente, pero lo liquidan en un día», añade Izquierdo.

Dos menores fueron excluidos del delito de rebelión porque no tenían ni siquiera 16 años, pero la mayoría de estos republicanos, 363, fueron condenados a 30 años de reclusión. 27 de entre 16 y 18 años fueron condenados a 20 años de cárcel y se decretó pena de muerte para otros 40.

Muchos de los condenados fueron enviados al Fuerte de San Cristóbal –a las afueras de Pamplona– o a los penales del Puerto de Santa María y Burgos. Algunos participaron incluso en la fuga de la cárcel de Pamplona.

Ahora, 83 años después de la toma de la Casa del Pueblo y del Consejo de Guerra más numeroso de la historia de Valladolid, Comisiones Obreras reclama al Ayuntamiento de la capital «un gesto, un recordatorio» para todos estos republicanos. Los que sobrevivieron y los que no.