Barcones reunirá a la cúpula de la Guardia Civil para atajar el ‘conflicto’

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, anunció ayer que celebrará una reunión «al más alto nivel» con los mandos de la Guardia Civil de Valladolid «a finales de esta semana o principios de la que viene». El objetivo será solucionar el ‘conflicto’ iniciado a principios de este mes con los horarios de los cuarteles de la provincia, así como aclarar el cierre del equipo de Policía Judicial de Laguna de Duero, denunciado el lunes por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

El conflicto estalló el pasado 1 de noviembre cuando, tras una denuncia de la alcaldesa de Boecillo, Ángeles Rincón, se difundió la noticia de la orden de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid, por la que se cerraban al público doce de los 24 cuarteles de la Benemérita en la provincia. Ese cierre se prolongaría durante 6 días a la semana, para abrir sólo uno. Al día siguiente, Barcones dio la orden de revertir esa indicación, y los puestos de la Benemérita volvieron a abrir normalmente.

La discordia volvió a la palestra anteayer, con la denuncia de la AUGC sobre el desmantelamiento del equipo de Policía Judicial de Laguna de Duero. Miembros de la Agrupación pidieron ayer, en respuesta a este periódico, el cese del responsable de esa decisión, «el capitán de la Policía Judicial de Valladolid».

Propuesta

Barcones aseguró, en el marco de la firma de un convenio entre Seiasa y los regantes del Canal de Pollos, que la subdelegada del Gobierno, Helena Caballero, «lleva toda la semana trabajando directamente en la cuestión, en varias propuestas». Con las conclusiones de ese trabajo «a finales o a principios de semana tendremos una reunión conjunta las dos con los máximos mandos de la Guardia Civil», añadió.

«Estamos viendo cómo está toda la situación, y la propuesta irá en el sentido de lo que hablábamos la semana pasada, de la propia organización [de los cuarteles de la Guardia Civil] y nos emplazamos a finales de semana, o comienzos de la próxima, para mantener ese encuentro al más alto nivel y tomar medidas si fuera oportuno», añadió la delegada del Gobierno en Castilla yLeón. «Tanto la subdelegada como yo, cuando nos reunimos con los mandos de la Guardia Civil, hacemos un repaso completo a la situación que hay en la provincia», concluyó.

Por su parte, los responsables de la AUGC lamentaron que para ese tipo de reuniones no se les consulte. «Lo que debería hacer es reunirse con nosotros y los afectados, para que le expliquen la realidad», manifestó un portavoz. «Alguien debería darse cuenta de que son demasiadas cosas las que suceden en la provincia, y esperamos que la delegada del Gobierno quiera escuchar a quien ejerce la representación de 326 guardias civiles de una plantilla de 720», añadió.

Según la AUGC, el capitán de la Policía Judicial de Valladolid «contradice el Plan de actuación de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Valladolid 2018», un documento que recoge todos los protocolos a seguir en el cuerpo.

Dentro de ese plan de actuación se estipula que los equipos territoriales de Policía Judicial, como el de Laguna de Duero, realizarán, entre otros cometidos, «aquellas investigaciones que el capitán de la Unidad Orgánica de Policía Judicial les encomiende». Por tanto, «si el motivo del cese es la falta de operaciones e investigaciones, al que hay que cesar es al jefe de operaciones, porque ellos no pueden realizarlas por propia iniciativa», recalcó el portavoz.

Además, como la Policía Judicial –de la que forman parte 31 efectivos en toda la provincia, contando con los tres de Laguna–, depende funcionalmente de los juzgados y tribunales, la AUGC desea «saber cuál es la opinión del presidente de la Comisión provincial de Policía Judicial». Este presidente no es otro que el de la Audiencia Provincial de Valladolid, Feliciano Trebolle.

El cierre del equipo de Laguna «no obedece a las razones que indican», aseguran representantes de la AUGC. «Creemos que los intereses son otros: se quiere desprestigiar a estos funcionarios por no comulgar con algunas cuestiones». A los tres funcionarios del equipo se les ha enviado a su casa a la espera de destino. «Quedan disponibles en su domicilio lo mínimo seis meses, sin realizar ninguna función».

La Agrupación Unificada denuncia también el modo «humillante» en que los tres agentes, con «más de 15 años de ejercicio en el puesto», fueron cesados, «personándose el capitán de la Unidad Orgánica con dos guardias civiles de mantenimiento para cambiar las cerraduras de las oficinas donde prestaban servicio, como si fueran vulgares delincuentes».