Arranca el sellado de 43 escombreras en una veintena de pueblos

Las montañas de escombros que se erigen por la geografía provincial a partir de restos de construcción y demolición, electrodomésticos, muebles, enseres o neumáticos, depositados de manera ilegal a lo largo de décadas, dejarán de formar parte del paisaje de los pinares y de otros terrenos públicos donde se han ido acumulado de manera incontrolada, gracias al programa de sellado impulsado por la Junta de Castilla y León y que, en el caso de Valladolid, abarca la restauración de 43 vertederos en la primera fase de actuación, ubicados en veintidós términos municipales. En conjunto suman 30,7 hectáreas y acumulan 515.200 metros cúbicos de basura.

La intervención medioambiental, centrada inicialmente en la zona suroeste de la provincia –aunque también se ha incluido Villalón de Campos–, está a punto de arrancar después de que en febrero de 2017 el Gobierno autonómico rubricase un convenio de colaboración con la Diputación para la restauración de los entornos afectados por la acumulación de residuos y ahora, una vez realizado un proyecto pormenorizado sobre la ubicación, volumen y necesidades concretas de cada vertedero, el expediente acaba de salir a exposición pública.

En total, 785.147 euros de inversión –cofinanciados por el Fondo Feder de la Unión Europea– para borrar los basureros de residuos ubicados en terreno público en un plazo máximo de doce meses, a contar desde que finalice el periodo de licitación a mediados de noviembre y se seleccione a la empresa adjudicataria de los trabajos por lo que, a finales de 2020, se habrá completado el sellado de estos focos de vertidos en la demarcación de Medina del Campo.

De las 43 actuaciones previstas, la más costosa se llevará a cabo en Nava del Rey, con 86.414 euros de presupuesto para sellar cuatro escombreras, según refleja el documento del proyecto. Tal es la magnitud en este enclave que, sumando las cuatro del término municipal, los residuos ocupan prácticamente cinco hectáreas de terreno. Casi cinco campos de fútbol llenos de escombros, plásticos, vidrio, restos de poda o neumáticos quemados.

«Hemos hecho zanjas para dificultar los accesos, arreglado los vallados, mantenido reuniones con empresarios de la construcción, distribuido folletos e instalado carteles en las cañadas donde avisamos de que arrojar residuos puede conllevar una multa de hasta 6.000 euros, pero el problema no se acaba», explicó apesadumbrado el alcalde de Nava del Rey, Guzmán Gómez Alonso.

Para el regidor de esta localidad, que también ostenta el funesto récord de acumular mayor volumen de residuos de la provincia, con 106.300 metros cúbicos en el conjunto de los cuatro vertederos, será complicado atajar esta situación a pesar de que se sellen los entornos afectados, pues es una cuestión de conciencia. «Todavía hay gente no civilizada y seguramente cuando se sellen estos vertederos, lo tirarán en otros lugares», sostuvo.

También a la educación y a la importancia de concienciar sobre la necesidad de cuidar los entornos apeló la concejala de Medio Ambiente de Medina del Campo, Carmen Alonso Domínguez, para evitar que vuelvan a proliferar una vez se restauren. «Son puntos tradicionales donde se arrojan restos por costumbre, y es ahí donde hay que incidir, porque no hacemos nada sólo con limpiarlos; hay que convencer a la gente de que es más fácil ir al punto limpio o solicitar la retirada de enseres, que trasladarlos a un pinar porque, incluso aunque el terreno sea privado, se trata de un problema público», enfatizó.

Con seis escombreras ilegales en el propio término municipal y otras dos en las pedanías de Gomeznarro y Rodilana, Medina del Campo se sitúa también a la cabeza de la provincia, al sumar 67.000 metros cúbicos de residuos sobre una superficie que, en conjunto, alcanza las 2,5 hectáreas de extensión. Y eso a pesar de los esfuerzos por paliar la situación.

«Restauramos la de Rodilana hace dos años y medio, y allí pusimos plantaciones e instalamos árboles y un merendero, pero hay otra que está ocasionando problemas medioambientales porque se ha cubierto una vaguada natural con escombros y ahora cuando llueve mucho llega el agua a la carretera», razonó la edil antes de apuntar que tienen también otra que, aunque de menores dimensiones, se sitúa junto a un arroyo.

A fin de incidir en la concienciación de particulares y empresas que hasta ahora han recurrido a estos puntos de vertido para deshacerse de los residuos y, con independencia de las campañas particulares que impulsen los ayuntamientos, el proyecto de restauración que se iniciará en las próximas semanas incluye también la disposición de carteles donde se especifique que se ha clausurado el vertedero y que está prohibido depositar vertidos en la zona.

Pero antes, el primer paso será la regularización de los desechos, es decir, su clasificación a fin de retirar aquellos objetos que no sean estrictamente escombros para poder transportarlos a plantas adecuadas de tratamiento. Después, está previsto que se cubra el área con una capa de 25 centímetros de espesor.

«Nuestra intención es reunirnos con alcaldes de la zona y distribuir bandos informativos», indicó el alcalde de Ataquines, Jesús Valero Llorente, optimista respecto a que no vuelva a proliferar la escombrera una vez esté sellada. Porque, en su caso, la localidad se ha convertido en foco «tradicional» donde arrojar restos de obra y basura de pueblos de alrededor. «¡Sentimos impotencia porque vemos que vienen camiones y furgonetas de fuera!», lamentó el regidor.

De hecho Ataquines, a pesar de que no llega a los 600 vecinos censados, acumula 50.000 metros cúbicos de residuos y cuenta con la segunda escombrera más grande por extensión de la zona sur de la provincia, con 39.141 metros cuadrados, sólo por detrás de Nava del Rey.

También a la cabeza, en cuanto a volumen, destacan los casos de Villalón de Campos, Cogeces del Monte, Fresno el Viejo o Pozaldez.

Los más pequeños que se van a clausurar se encuentran en Ramiro, Castrejón de Trabancos, Carpio y Cervillego de la Cruz.

EN ESTUDIO LAS ZONAS DE TIERRA DE CAMPOS Y PEÑAFIEL

La actuación que comienzará en las próximas semanas en la provincia es sólo la punta del iceberg de un problema mucho mayor, pues aunque se vaya a actuar en 43 escombreras, el informe desarrollado por la Junta apunta a la existencia de «más de 200». De ellas, alrededor de un centenar se sitúa en terrenos de titularidad pública –que son las que se van a sellar gracias a este proyecto financiado con fondos europeos– y, aunque la mayoría son propiedad de los ayuntamientos, también hay terrenos del Gobierno central y de la propia Junta.

En esta primera fase los trabajos se centrarán en la zona suroeste –si bien «ya se están redactando» los proyectos correspondientes a la zona norte y Este, es decir, a Tierra de Campos y la comarca de Peñafiel–, con la recuperación de 43 entornos como continuación de otros trabajos previos en La Zarza, Villamarciel o Almenara de Adaja. Sin embargo, en Castronuño, Carpio, Nueva Villa de las Torres y Rubí de Bracamonte, tendrán que volver a actuar a pesar de haberla sellado ya porque hay escombros de nuevo.