El fiscal ratifica prisión permanente para los dos autores del crimen de la niña Sara

La instrucción del crimen de la niña Sara concluyó ayer en una breve vista en el Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid. Durante la sesión, el fiscal ratificó su petición de prisión permanente revisable, así como penas de 24 y 25 años de cárcel para los dos autores de la tortura, violación y muerte de la menor de 4 años en un piso de La Rondilla. La víctima falleció a consecuencia de las heridas el 3 de agosto de 2017.

El Ministerio Público considera al novio de la madre de Sara, Roberto H. H., autor material de seis delitos de maltrato con lesiones en el ámbito familiar, otro de maltrato habitual, otro de violación a una menor de 16 años y otro de asesinato. En cuanto a la madre, Davinia M. G., la considera autora de los mismos delitos, por omisión, a los que suma otro de abandono de menores, en esta ocasión como autora material.

Por eso pide un año más de prisión para la madre, 25 años, mientras para el novio de ésta solicita 24. Suma en ambos casos 15 años más de libertad vigilada.

El fiscal y todas las acusaciones se ratificaron en sus peticiones de penas. Solicitaron a la juez instructora la apertura de juicio oral, que seguirá su curso de acuerdo con la Ley del Jurado. La audiencia preliminar fue un asunto de mero trámite, que duró apenas cuarto de hora. «Esta vista está pensada, sobre todo, para los casos en que alguna de las partes tenga dudas o se oponga a alguna prueba», explicó en respuesta a este periódico el abogado de la asociación Clara Campoamor, Luis Antonio Calvo. «Como todos estábamos de acuerdo, la vista ha sido muy breve».

Las dos acusaciones populares, y la particular, reclaman prisión permanente revisable para Roberto H. H. por los mismos delitos, y similares penas de prisión. Se trata de los representantes de la asociación Clara Campoamor, de la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos (Adavasymt), y del padre biológico de la niña. Sólo hay una diferencia: mientras que las primeras solicitan la misma pena de prisión permanente revisable para la madre, la acusación del padre biológico pide la libre absolución.

Por su parte los abogados defensores de Roberto H. H. y Davinia M. G. –ambos permanecen en prisión preventiva desde agosto del pasado año–, han pedido a la juez el sobreseimiento de la causa y la libre absolución.

En concepto de responsabilidad civil, el fiscal solicita que los acusados indemnicen de forma conjunta y solidaria al padre biológico de la menor con 80.000 euros, así como con otros 70.000 a la hermana mayor de la víctima.

Roberto H.H. fue la última persona que estuvo a cargo de Sara el 2 de agosto –la víspera de su muerte– en una vivienda de la vallisoletana calle Cardenal Torquemada. Él llevó al hospital a la niña cuando ya estaba en estado crítico, con politraumatismo craneoencefálico. Fuentes directas de la investigación calificaron a este diario de «brutal» el cuadro de lesiones de Sara, tanto de maltrato, en su mayoría recientes, como de agresión sexual.

El presunto autor material mantuvo en su declaración, sin embargo, que el día de los hechos, se encontró a la niña desvanecida debido a una caída, y por ello llamó al 112 el 2 de agosto. Horas después murió en el Clínico, hospital al que llegó en parada cardiorrespiratoria y donde el personal sanitario descubrió un cuadro de malos tratos además de evidencias de abusos sexuales.

El crimen de la niña Sara causó especial estupor en la capital vallisoletana, ya que los Servicios Sociales habían estado a punto de quitar la custodia de la menor a su progenitora unos días antes del trágico suceso. El 11 de julio anterior, apenas un mes antes, Davinia M. había llevado a la niña al hospital para una consulta ordinaria, momento en que el pediatra detectó hematomas y signos de malos tratos, por lo que activó el protocolo habitual en estos casos, con un parte de lesiones y el inicio de una investigación policial.

Del 21 de julio a 1 de agosto los Servicios Sociales efectuaron visitas al domicilio. Cuando el 2 de agosto llamaron a la madre para la posible retirada de la custodia, la niña ya estaba en muerte cerebral.