Estrasburgo investigará las lesiones de la Policía a los manifestantes contra el PP
El tribunal europeo admite el fondo de la denuncia de los afectados de San Lorenzo tras el archivo del juzgado y la Audencia / Los absueltos de atentado se querellarán contra un policía por falso testimonio
Agentes de antidisturbios reducen a dos manifestantes ante el restaurante de La Parrilla de San Lorenzo.-L. B. ÁLBER
En un mes aciago para el Cuerpo Nacional de Policía (CNP)de Valladolid, la absolución de tres manifestantes que protestaron el 2 de febrero de 2014 ante la Parrilla de San Lorenzo –donde comían altos cargos del PP– por presunto atentado contra la autoridad, siendo duro el fallo, va a ser el menor de males para el Cuerpo policial.
Esta semana se ha conocido además que Estrasburgo va a investigar las lesiones provocadas por los agentes a los manifestantes;la plataforma de afectados por la carga policial va a querellarse contra un policía por falso testimonio en el juicio celebrado el pasado 19 de abril y una manifestante lesionada va a reclamar ante la Audiencia Nacional una indemnización por haberse quedado discapacitada laboralmente por un golpe en la mano tras un porrazo de la Policía.
Las tornas han cambiado por completo para el grupo de 60 manifestantes que acudieron hace cuatro años a una comida de altos cargos del PP que almorzaban tras la convención nacional del PP que se había celebrado en la Feria de Valladolid. Los manifestantes se habían desgajado de una manifestación más multitudinaria de Parados en Movimiento que había concluido en la Plaza Mayor y se apostaron ante el restaurante de la calle San Lorenzo con una pancarta que rezaba: ‘Paremos la criminalización de la protesta política’ y gritaban consignas como ‘Vuestros sobres son nuestros recortes’.
Llegó la carga del Grupo VIIde la Unidad de Intervención Policial (UIP), la disolución sin contemplaciones, varios detenidos y una docena de heridos, entre ellos algunos agentes. En ese momento se activó un fuego cruzado de acciones legales y todo salió mal para los manifestantes. Mientras las denuncias de la Policía por presunto delito de atentado contra cuatro acusados, prosperaban hasta concluir con el juicio celebrado el pasado 19 de abril, a los 10 manifestantes que iniciaron acciones legales por lesiones les cortaron el camino de cuajo.
Primero fue el Juzgado de Instrucción nº 4 quien decidió archivar el caso por considerar que no existían indicios de que la actuación de los agentes fuese «desproporcionada y fuera de la legalidad». Esta sentencia fue recurrida ante la Audiencia Provincial, tribunal que ratificó el archivo.
Los agredidos no se conformaron y recurrieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que el pasado jueves notificó que admitía a trámite la denuncia tanto en los requisitos formales como en los de fondo y ha solicitado las últimas alegaciones para emitir dictamen en breve.
«Ahora estamos pendientes de que Estrasburgo resuelva sobre la improcedencia del archivo y que no se hubiera investigado la denuncia que interpusimos diez personas por lesiones», resumió la letrada Victoria Hernando, del equipo de asistencia letrada a los afectados del 2F, muy satisfecha por las últimas decisiones judiciales.
Su siguiente frente es querellarse contra el agente 72339 quien incurrió en falso testimonio en el juicio del pasado 19 de abril, al negar que hubiese golpeado a los concentrados. En la sentencia el juez de lo Penal 3 no lo puede dejar más claro. «Se hace reserva al acusado absuelto de su derecho a interponer denuncia por falso testimonio si considera acreditado que el agente policial ha mentido a sabiendas en el juicio».
De hecho, la sentencia 135/2018 no escatima reprimendas a la actuación de la UIP ya que recuerda –gracias a los vídeos aportados– que los concentrados no intentaron entrar en el restaurante y que mantuvieron una actitud pacífica. Pese ello censura el uso de las defensas «sin que conste orden de disolución, ni se que estuviera identificando a todo el grupo».