«No existe voluntad política en la Comunidad para atajar el problema de la despoblación»

«No hay voluntad política en la Comunidad para atajar el problema de la despoblación». Así de tajante se manifestó el secretario general de UGT en Castilla y León, quien añadió que se utiliza como «arma arrojadiza» entre unos y otros. En su opinión, hay que dar «una solución definitiva» para que el medio rural no se vacíe de la forma que lo está haciendo, que ha llevado a la Comunidad a colocarse a la cabeza de España en cuanto a pérdida de habitantes por kilómetro cuadrado.

Faustino Temprano acudió a La Quinta Esquina, programa que La 8 Valladolid realiza en colaboración con EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN y Castilla y León esRadio. En este espacio explicó que otro de los asuntos pendientes es la apuesta por el tejido empresarial. En este punto, señaló que tiene que haber una coordinación entre administraciones.

Un frente común que también debe existir para reivindicar la adaptación de las empresas a las nuevas tecnologías. Temprano consideró necesario sentarse y responder a una serie de cuestiones como son: ¿Qué significa sumarse a la industria 4.0?, ¿qué categorías van a desaparecer con la introducción de las máquinas en la cadena de producción? y ¿qué nuevos empleos se van a crear? Con las respuestas encima de la mesa, se podrá diseñar «un acuerdo de competitividad» para encontrar el mejor camino. Lo mismo pasa con el turismo y la energía.

Castilla y León cuenta con un aliado: el Diálogo Social, un modelo que sería «muy deseable» que se llevará a cabo a nivel nacional. Apuntó que la principal diferencia con otros es que cualquiera de los acuerdos debe llevar una partida económica. Puso como ejemplo la Renta Garantizada de Ciudadanía o los contratos de seis meses en corporaciones locales.

Dentro de las políticas laborales, la estrella, a su juicio, es la medida que favorece a los mayores de 55 años en situación de desempleo. «Son los grandes perdedores de la crisis porque lamentablemente han perdido su trabajo y también están muy cerca de la edad de jubilación», expuso Temprano para, a continuación, subrayar que en Castilla y León hay más de 40.000 personas en esta situación y en torno a 9.000 se van a beneficiar del acuerdo. Un acuerdo que, según recordó, va a permitir que puedan cotizar, al menos, 12 meses. Las empresas, por su parte, contarán con una subvención de 6.000 euros y si el contrato se convierte en indefinido, recibirán 3.000 euros más.

Otros acuerdos firmados son la ayuda a la vivienda y los forestales. Sobre este último asunto, el secretario general de UGT en Castilla y León expuso que se aumenta la contratación y están más tiempo en el monte.

Para Temprano, la Comunidad también tiene que reivindicar una ley de financiación autonómica que sea positiva y que no sólo se base en la renta per cápita, sino que tenga en cuenta cuestiones como la población y el envejecimiento. A esta se debe unir, aseguró, una Ley de Financiación de Corporaciones Locales. «El principal problema es que los jóvenes se marchan al no encontrar oportunidades».

El líder sindical sostuvo que es «lamentable» que los ayuntamientos que no tienen deuda no puedan invertir por la llamada ‘ley Montoro’. «Las inversiones de las administraciones locales son las primeras que pueden beneficiar a los ciudadanos en temas sociales», valoró.

Preguntado por los últimos cierres de empresas en Castilla y León, declaró que UGT defiende que si las multinacionales se van, «parte de sus beneficios» se tienen que quedar donde se produce la deslocalización. En este sentido, relató que existe un protocolo para aquellas empresas que han decidido marcharse. Se articula en tres puntos. El primero es el mantenimiento del empleo; el segundo que la actividad continúe, y el tercero que otro inversor siga con la misma actividad o con otra diferente. Temprano recordó dos casos. Uno de éxito: Puertas Norma y otro de fracaso: Lauki.

Por este motivo, recalcó que las empresas que no cumplen con el protocolo tienen que pagar «un peaje». Es verdad, dijo, que no se puede exigir que devuelvan las ayudas que han recibido durante su estancia en la Comunidad, pero sí que se las puede reclamar acuerdos fuera de lo que marca la ley como, por ejemplo, formación para los trabajadores que quieran incorporarse a otro puesto de trabajo diferente a su empleo o que los terrenos se puedan ceder a otra empresa que quiera llevar la misma actividad u otra diferente.

Sobre el cierre de Made en la localidad vallisoletana de Medina del Campo, se mostró «muy optimista» porque la empresa tiene «carga de trabajo». Sin embargo, manifestó que el problema es «complejo». Recordó que la crisis no surgió de un día para otro y que los trabajadores llevan tres meses sin cobrar. «La noticia nos pilló fuera de juego a todos. El ERTE –Expediente de Regulación Temporal de Empleo– se planteó para buscar un nuevo comprador y cuando finalizó, se anunció el cierre definitivo», sentenció.