«El caso Sara demostró que la normativa era un sinsentido y por eso se ha cambiado»

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid afirmó que en el caso Sara –la niña de cuatro años fallecida en agosto tras sufrir malos tratos y abusos sexuales– se dieron una serie de coincidencias «desgraciadas e irreparables» que llevaron a cambiar un «sinsentido» de normativa, que ha mejorado «en agilidad y mayor coordinación» con Policía y Fiscalía.

Pablo Trillo acudió a La Quinta Esquina, programa de La 8 Valladolid realizado en colaboración con EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN y Castilla y León esRadio. En este espacio aseguró que los mecanismos que se han puesto en marcha no garantizan que no se vaya a producir una situación «tan horrible» como ésta. Aunque defendió la actuación de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, sí que reconoció que hubo fallos. Por un lado, dijo que los Servicios Sociales desconocían la existencia del novio de la madre de la niña fallecida. Por otro, señaló que confiaron en la declaración de la progenitora que en todo momento aseguró que las lesiones se produjeron «por una caída» de la menor. A esto se unió, añadió, que cuando se activó el programa de tutela, la madre de Sara utilizó «el típico embrollo» de que en el momento de la visita de los trabajadores sociales a su vivienda no se encontraba en ella por motivos laborales.

Sobre la prisión permanente revisable, opinó que «no es una forma encubierta de cadena perpetua». De hecho, afirmó que el derecho penal no está para castigar, sino para establecer un mecanismo para que exista orden social. En este sentido, comentó que en España solamente existe un caso. Se trata de un hombre que mató a sus dos hijas con una radial en Pontevedra.

El tema ha saltado de nuevo a la opinión pública después de que el padre de la madrileña Diana Quer, junto a otras familias que han pasado por la misma situación, pidiera al Congreso de los Diputados que no apruebe la proposición de ley para su derogación. Trillo explicó que con esta situación lo que se pretende es que se pueda revisar la condena de una persona cuando haya cumplido un tiempo mínimo de prisión, que son 25 años, para conocer si debe o no permanecer en la cárcel. Esta decisión depende de los informes de los psicólogos, de los funcionarios de prisiones y, sobre todo, del juez de vigilancia penitenciaria que, al final, es quien tiene la última palabra. «Creo que es un sistema más garantista para casos excepcionales», apuntó.

Respecto al nivel de educación en la provincia, el delegado territorial de la Junta en Valladolid sostuvo que «el número de profesores es el adecuado y que la educación funciona muy bien». Además, indicó que existen «acomodaciones», ya que algunos municipios del alfoz crecen y otros, por el contrario, pierden población. También quiso dejar claro que «nunca» se ha dejado de hacer mantenimiento en las aulas y de reponer profesores.

En esta línea, aunque no dispone de los estudios que elabora la Consejería de Educación anualmente, aseguró que «no se va a producir ninguna supresión» en los centros rurales de cara al próximo curso escolar. Recordó que hace un tres años el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, declaró que mientras hubiera tres niños en las aulas, éstas se mantendrían abiertas. «Creo que no se ha hecho ninguna modificación, lo que sí que se ha hecho es que en aquellas poblaciones donde hay más niños, se están construyendo nuevos institutos como en el caso de Arroyo».

A la tertulia de La Quinta Esquina también saltó una petición del presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien exige al Gobierno autonómico que retome su aportación a los planes provinciales. Sobre esta cuestión, Pablo Trillo consideró que es una reivindicación «lógica», ya que la financiación local es «insuficiente». No obstante, recalcó que la Junta de Castilla y León aporta «mucho dinero» a la institución provincial «por otras vías».

Preguntado por la Mancomunidad de Tierras de Medina, expresó que funciona «bastante bien». Por este motivo, la ley de Ordenación del Territorio se ha ido adaptando a lo que solicitaban las entidades locales. «Ha sido a impulso de ellos. En un primer momento se barajó que las mancomunidades de interés general coincidieran con las unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio. Después que se respetaran las existentes. Incluso se barajó que convivieran ambas. Las de interés general iban a tener ayuda para fomentarlas de manera novedosa, pero ahora se va a subvencionar todo. La Junta no puede ser más generosa en este aspecto», se congratuló.