La mitad de los pensionistas vive por debajo del salario mínimo de 707 euros

Los pensionistas se están empobreciendo. Pierden poder de compra, «y lo que queda». Lo denuncian los sindicatos. Lo corroboran los datos: Mientras los precios suben (la inflación cerró en 2016 en el 1,6%), sus nóminas ascienden desde la reforma de 2013 sólo a un ritmo estipulado del 0,25% al año. Los sindicatos llegan a cifrar en un 7% esa pérdida de poder adquisitivo al finalizar este año y aventuran que en diez años alcanzará entre el 10% y el 20% real.

A eso se suma un súbito empobrecimiento estadístico derivado de que el Gobierno pactó para 2017 una subida del 8% del Salario Mínimo Interprofesional –la mayor en treinta años–, frente a ese exiguo 0,25% de las pensiones. Todo ello ha provocado una gran brecha entre las prestaciones más bajas y lo que se considera el mínimo necesario para mantener un hogar.

Y eso es precisamente lo que mueve las marchas ‘por unas pensiones dignas’, convocadas por CCOOy UGT, que recorrerán la Comunidad desde el lunes, día 2, procedentes de Asturias y Galicia, para desembocar en Madrid el 9 de octubre. Exigen que se recupere el poder adquisitivo y que se abra la negociación del Pacto de Toledo.

Luchan, como asegura el secretario regional de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, Pablo Zalama, «por los pensionistas del presente y por los del mañana, que lo tienen más difícil», pero sobre todo por ese 51,6% de pensiones en Castilla y León que se asoma al abismo de la exclusión social. En números absolutos esa precariedad afecta a 314.000 pensiones.

Los datos que aporta la Seguridad Social evidencian que algo más de la mitad de las aproximadamente 609.000 prestaciones contributivas –jubilación, viudedad, orfandad o incapacidad permanente– que se perciben en Castilla y León están por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (707 euros). Es un punto más que el promedio de España, y dos puntos más que un año antes, cuando el SMI estaba fijado en 655 euros.

A partir de ese tramo, la pirámide se va estrechando. Un 19% cobra entre ese salario mínimo y los mil euros, y un 14% no llega a los 1.500 euros al mes. Por contra, hay un 6,71% que ingresa ente 1.500 y 2.000 euros anuales. Por encima de esa cantidad figura un privilegiado 7,7%.

Las mujeres son, sin duda, las más empobrecidas. Tanto es así que el 72,5% de las pensionistas ingresa menos de esos 707 euros del salario mínimo. La razón es que son las que en mayor proporción perciben pensiones de viudedad, cuya cuantía es generalmente más baja.

Ni qué decir de las pensiones de orfandad. En este caso, un 93% de quienes la perciben no llega ni siquiera a ese tope. En cambio, sólo el 41% de los jubilados se queda por debajo de ese umbral.

Con todo ello, la pensión más habitual en Castilla y León se sitúa entre los 600 y los 650 euros. Hay 135.479 pensiones en este tramo.

No obstante, la estadística habla de que la pensión media en Castilla y León se coloca en los 908,32 euros: 1.045 euros en el caso de la jubilación, 936 para una pensión por incapacidad permanente o 637 euros para una pensión de viudedad.

En el conjunto la pensión media subió un 2% sobre el año anterior. Traducido en euros supone 18 más que en septiembre de 2016, a razón de 0,60 euros más al día. Ni una barra de pan. Ni un billete de autobús. «Y nos llaman privilegiados por cobrar todos los meses una nómina», ironiza Zalama.

Pero no es que las pensiones se hayan revalorizado en ese porcentaje, no. La razón de esa subida hay que buscarla en que se partía de unas cuantías bajas, procedentes de toda una vida preferentemente en el campo, y a que los nuevos pensionistas, llegados sobre todo de la industria, tienen mejores carreras de cotización que los que fallecen y, por tanto, tienen derecho a prestaciones más cuantiosas. Es el efecto sustitución, tal y como explica el secretario regional de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO, Antonio Díez.

Dentro del sistema de pensiones, Castilla y León aparece con una pensión media inferior a la que registra España. Así, un castellano y leonés gana al mes 15 euros menos que la media de españoles. 908 euros frente a los 923 del promedio del país.

Aún así, la Comunidad ha ido recortando diferencias, ya que hace justo una década la distancia que le separaba con el país era de 26 euros. A ese recorte ha contribuido el hecho de que el pasado mes de septiembre haya aumentado en unas décimas más la nómina media en la Comunidad que en España.

Castilla y León figura como la octava autonomía con la pensión media más elevada; un puesto que mantiene de forma sostenida en el tiempo. Del mismo modo son los vascos quienes encabezan estadística a estadística el ranking de sueldos de los pensionistas. Perciben 1.146 euros de media al mes, lo que significa que un vasco se embolsa 237,7 euros más que un castellano y leonés. Pero, por contra, en este juego de máximos y mínimos, un castellano y leonés gana 141 euros más que un extremeño.

Las diferencias entre las provincias castellanas y leonesas también son notables. Son los vallisoletanos quienes se llevan a casa una nómina más abultada: 1.029 euros. Perciben 263 euros más que los zamoranos o 232 euros a mayores que los abulenses.

En todas ellas, el importe medio de la pensión subió. Ese mínimo aumento interanual es casi imperceptible en la economía doméstica de cualquier pensionista castellano y leonés, si bien el incremento del 0,4% en el número de prestaciones en el último año –hasta alcanzar las 609.020– , ha llevado a que el gasto en pensiones continúe su escalada.

Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en septiembre, la factura global de las pensiones llegó en Castilla y León a los 553,2 millones de euros, un 2,5% más que en el mismo mes del año anterior, como resultado de multiplicar el número de prestaciones por la pensión media. Fue un 0,5% menos que en España, pero un 46% más elevado que hace una década.

De récord histórico, en récord histórico. A eso precisamente se agarra el Gobierno para poner en cuestión la sostenibilidad del sistema. Pero los pensionistas están en pie de guerra.

Para Zalama, «no es que la Seguridad Social no tenga dinero, el problema es de ingresos, y esos se pueden buscar a través de los Presupuestos Generales del Estado». Plantea que se eliminen las subvenciones a las empresas con el dinero de las cotizaciones de los jubilados, que se eleven los topes de cotización y que no se paguen los gastos administrativos de la Seguridad Social con la hucha de las pensiones. El cambio, a su juicio, debe darse a través de los Pactos de Toledo.

A Antonio Díez, le preocupa la pérdida de poder adquisitivo actual, pero «mucho más la que se va a producir, a partir del 1 de enero de 2019, cuando entre en vigor el índice de sostenibilidad. Eso afectará de lleno a los futuros pensionistas.

«Ahora un trabajador que ha cotizado 35 años cobra una pensión que representa el 79% de sus últimos salarios en activo. Los que se jubilen a partir de 2019, cobrarán en función de un 48% de esos últimos salarios», explica Díez, para quien «resulta tremendo». «Es el gran problema del sistema. Se lo quieren cargar».