El campo exige la exención del IBI de la vivienda y sus explotaciones

Las organizaciones agrarias se manifestarán hoy en busca del apoyo de las administraciones ante un año «catastrófico y perverso» para el sector por las adversidades climáticas que han derivado en la peor sequía del último siglo. La marcha partirá de la plaza Colón a las 12:00 horas para dirigirse a la Plaza Mayor. Quieren que el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, tome las riendas y atienda a sus reivindicaciones, que se centran en la puesta en marcha de ayudas directas de ‘minimis’ para los profesionales del campo.

Elevan a más de 1.500 millones de euros las pérdidas en secano, los pastos y los regadíos, ocasionadas por las heladas, la falta de agua y el granizo. Por ello, además de las subvenciones de hasta 15.000 euros que permite la Unión Europea, exigen la exención del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), tanto sobre los bienes de naturaleza rústica como urbana para instalaciones relacionadas con el ejercicio de la actividad y la vivienda habitual si se encuentra situada en el medio rural.

A esta medida se tiene que unir, a su juicio, la condonación del pago de las cuotas a la Seguridad Social por el periodo equivalente a una campaña agrícola, es decir, durante un año, manteniendo la consideración de dicho periodo como cotizado a efecto de prestaciones. En este sentido, el presidente de Asaja, Donaciano Dujo, comentó que sería «una ayuda importante» para el sector.

«Estaríamos hablando de 128 millones de euros, ya que en la Comunidad hay alrededor de 42.700 agricultores y ganaderos y cada uno de ellos paga 3.000 euros al año», puntualizó.

De momento, el decreto ley, aprobado el pasado mes de junio en el Congreso de Ministros, sólo contempla una moratoria de un año sin interés en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y el pago de las cuotas por las jornadas reales de julio de 2017 a febrero de 2018, ambos inclusive. «Esto es contraproducente».

De la misma manera, las Opas reclaman la eliminación de tasas por servicios agroganaderos durante este año y el siguiente. «Es más un gesto que un alivio, pero cualquier ayuda es bienvenida», aseguró Dujo para, a continuación, comentar que esto supone dos millones de euros anuales. Otra de sus peticiones pasa por la exoneración de todas las tasas que cobra la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). Al respecto, comentó que las «condiciones no han sido óptimas», por lo que se tendrían que perdonar la tarifa de riego, el canon de consumo de agua y la aportación de obra.

Otras medidas que quieren que se pongan sobre la mesa son la flexibilización de las normativas relativas a la Política Agraria Común (PAC) en cuanto a determinados requisitos productivos o de desarrollo de cultivos, así como obligaciones relativas a superficies comprometidas o porcentajes de cultivo, e incluso en los planes de explotación previstos, y en particular las concernientes a los compromisos exigidos en las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medioambiente, en las medidas de agroambiente, clima y ecológicas y en las ayudas por superficie o asociadas.

También las organizaciones agrarias demandan que se permita actuaciones que puedan reducir el impacto económico, como el laboreo o el aprovechamiento ganadero en superficies afectadas por las adversidades. Además, Asaja, UCCL y UPA solicitan que no se exija el cumplimiento de los planes de cultivo vinculados a expedientes de incorporación de jóvenes y modernización de explotaciones, así como ampliar los plazos de ejecución y certificación de inversiones que finalizarán esta campaña.

Respecto a los seguros agrarios, requieren una mejora en cuanto a coberturas, ayudas y presupuestos para hacerlos «más atractivos» para los agricultores, y que no se siga la máxima de «lo que es asegurable no es subvencionable». Y van más allá. Exigen que la presente campaña se considere como excepcional y, por tanto, no sea tenida en cuenta a efectos de penalizaciones en el cálculo del coste de las primas en las pólizas de seguros que se contraten a partir del próximo periodo.

Las organizaciones agrarias consideran necesarios préstamos subvencionados para refinanciar las explotaciones y para capital circulante, con un plazo mínimo de devolución de siete años y dos de carencia. Asimismo, piden moratoria en los préstamos oficiales actualmente en vigor que mantengan los titulares de explotaciones vinculados a ayudas oficiales.

No sólo reclaman que se flexibilice la PAC, sino que se anticipe un pago a octubre con independencia de si se ha realizado o no los controles pertinentes a esa fecha y por la máxima cuantía que autorice la Comisión Europea. En esta línea, Bruselas ha aprobado la autorización del incremento del anticipo de estas ayudas para la campaña 2017 tras la decisión adoptada durante el Consejo de Ministros de la Unión Europea celebrado el pasado mes de julio.

Los agricultores de Castilla y León recibirán el 70% de las ayudas directas. Este anticipo supondrá un adelanto de alrededor de 3.280 millones de euros, del total de 4.926 millones que se tiene previsto abonar a los profesionales del campo en esta campaña.

Las Opas reclaman el pago en el más breve plazo del resto de ayudas tanto del primer pilar como del segundo. También exigen que las instituciones se comprometan a un plan de modernización de regadíos y la constitución de una mesa de seguimiento sobre la evolución de la sequía para proponer medidas y analizar las adoptadas.

Esperan entre 8.000 y 10.000 agricultores y ganaderos. Voces que pedirán que el campo no se ahogue aún más y que las administraciones tanto central como autonómica tomen las medidas oportunas para afrontar un annus horribilis.