Sara continuó con su madre al tratar su caso como de violencia de género

Pese a los informes de lesiones y su deficiente estado de salud e higiene, la pequeña Sara permaneció en su casa, bajo el cuidado de su madre y de su supuesto verdugo, la pareja sentimental de ésta, porque su situación se diagnosticó erróneamente.

Los Servicios Sociales no asumieron la tutela de la menor y de su hermana al abordar su caso como uno de malos tratos.

La madre, Davinia Muñoz, en prisión por la violación y asesinato de la niña de cuatro años que presuntamente cometió su pareja, Roberto Hernández, fue tratada como víctima de violencia de género durante los 22 días en los que Junta y Fiscalía no protegieron a la pequeña, después de que un médico alertara de posible maltrato hacia la menor el 11 de julio. Sara murió el 3 de agosto.

En ese planteamiento equivocado, sustentado en dar verosimilitud al testimonio de la madre ahora detenida, sitúa la consejera de Familia, Alicia García, la causa de la ineficacia de los Servicios Sociales, que no auxiliaron a la pequeña en los días previos a su espeluznante muerte.

Estaban ante lo que creían un caso de violencia de género, y García recordó ayer que en estos asuntos el protocolo dicta que «no se debe separar a los niños de su familia», salvo «que exista un riesgo grave e inminente para su integridad».

Sara entró en el hospital Clínico en muerte cerebral y falleció a consecuencia de la brutal paliza y la violación a la que le sometió el compañero sentimental de su madre.

La consejera se escudó en que haber retirado la tutela «sin una mínima valoración» habría supuesto «una barbaridad», una práctica que llevaría «a cometer gravísimos errores y a atropellar los derechos de las familias sin justificación y sin la más mínima garantía».

Así lo argumentó durante su comparecencia en comisión en las Cortes para explicar la actuación de su departamento, que se produjo 23 días después de que esta niña fuera asesinada en el barrio vallisoletano de La Rondilla.

Considerar los hechos de violencia de género fue un error de apreciación que, además de desembocar en el asesinato de la menor, la consejera atribuye a instituciones ajenas a la Administración autonómica.

La titular de Familia apuntó a «Fiscalía, Policía y autoridad judicial» para asegurar que ninguna de ellas estimó que «existiera riesgo vital» para la niña o su hermana de 12 años, que, ahora sí, permanece bajo la tutela de la Junta.

Siguiendo este mismo relato, tampoco lo habría hecho la familia más directa, sus tíos maternos, que hace dos días cargaron contra Servicios Sociales y distintos cuerpos de Policía por su inacción.

También reveló que el informe del primer médico, el que alertó de los moratones en la niña y del estado en el que se encontraba en el Hospital Campo Grande, «descartaba abuso sexual». Lo que era compatible con la historia contada por la madre.

«SE HIZO LO CORRECTO»

Ni en las diligencias policiales, ni en el oficio remitido por el Ministerio Público aparecía «ninguna valoración ni otra resolución que promoviera una actuación de urgencia, ni ninguna información adicional», insistió García, que precisó que «no se apreciaba ninguna situación o indicio que hiciera temer por la integridad de las menores».

Por ello se decretó el nivel dos, en vez del uno, de mayor prioridad. «Nadie, ni los profesionales que anteriormente habían conocido el caso, ni el entorno cercano a las niñas pensaba que alguien pudiera atentar contra la vida de Sara».

Pese al fatal desenlace, la tesis que mantuvo Alicia García en su intervención es que «sabiendo lo que se sabía, se hizo lo correcto».

Se refiere a la actuación de los técnicos de su Consejería. La del resto de profesionales implicados –señaló– no la puede valorar. Sin embargo, en cierto modo, lo hizo.

Subrayó que la Policía, la Fiscalía y el juzgado tienen «autonomía» para haber establecido o solicitado «medidas de protección si hubieran detectado que eran necesarias».

La tardanza en la respuesta, los infructuosos días que pasaron desde que Familia recibe el asunto sin que proteja a la niña, fue acorde a «la gravedad de los hechos puestos de manifiesto en las comunicaciones o notificaciones» que recibieron.

García no sólo mantiene que se siguió cada norma y protocolo establecido, sino que se hizo «con inmediatez» y con «diligencia exigible para este caso». Siempre en función de la información previa.

El servicio de protección a la infancia fue informado el 25 de julio, aunque la notificación llegó a la Gerencia el viernes 21, y tras una primera entrevista con la madre y las niñas el día 26 –que no alteró el rumbo del procedimiento por falta de «información relevante»– dejó que la progenitora postergara una segunda reunión hasta el 1 de agosto, para ni siquiera presentarse.

Davinia Muñoz evitó hasta en dos ocasiones ese encuentro alegando que su trabajo –es militar– le impedía ausentarse en las horas requeridas por los técnicos.

Su actitud en los primeros días, dejando que hablaran a solas con sus hijas, engañó a los profesionales que vieron su «actitud colaborativa» enmarcada dentro de la hipótesis en la que trabajaban, la de que era una víctima de violencia de género por parte de su ex pareja. Desconocían que tuviera un compañero sentimental actual.

De la conversación con las pequeñas apenas se extrajeron conclusiones puesto que casi no se comunicaron. Salvo la mayor, que reconoció haber sido golpeada en el pasado, pero por la ex pareja de su madre.

Pese a todo, no decidieron retirarle la tutela hasta el plantón que les dio el 1 de agosto, pero tampoco esa decisión estuvo motivada por el peligro al que después, cuando ya era tarde, se constató que estaba expuesta la pequeña.

Todavía el 1 de agosto, apenas un día antes de que la niña entrara en el hospital sin opciones de sobrevivir, en muerte cerebral, los motivos para esa asunción de tutela respondían a la repentina «falta de colaboración» de Davinia Muñoz y a la desatención y una posible negligencia; a que la progenitora «no reconoce ni es consciente de las necesidades de las menores», describe el informe, que suma otra causa: «Posible situación de negligencia de la madre, quien minimiza, justifica y nieva la situación de posible maltrato vivido por ella y sus hijas».

En este punto, la consejera lanzó una polémica pregunta al aire, ante los grupos políticos, y ya advirtió de que se trataba de un «ejercicio banal»: «Imaginemos que la madre hubiera abierto la puerta a los servicios de protección –ese 1 de agosto, la tarde antes del asesinato– ¿Creen que se hubiera apreciado el riesgo? Seguramente no se habría visto que había un riesgo inminente y se hubiera acordado trabajar con la madre para manejar los efectos de la violencia de género», especuló.

Respecto a la burocracia que postergó las actuaciones, la consejera volvió a girar su atención sobre el Ministerio Público. Aseguró que «no es un procedimiento habitual» que la Fiscalía deMenores comunique el caso mediante una carta por correo ordinario. La práctica habitual, dijo, es que adelanten el informe por correo electrónico, fax o teléfono.

Ante esta situación, la consejera anuncia ahora la creación de una comisión de expertos para analizar estos protocolos y mejorarlos.