«No soy partidario de que el fiscal asuma la instrucción porque no es independiente»

«No soy partidario de que el fiscal asuma la instrucción porque no es independiente». Con estas palabras el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) dejó clara su posición. Una posición que defiende cada vez que el asunto salta a la palestra. En su opinión, existe un choque entre el principio de jerarquía y el principio de unidad de actuaciones. «A mí me parece delicado atribuir la instrucción de los delitos al fiscal hasta que estos principios no se conjuguen de manera satisfactoria».

José Luis Concepción acudió ayer a la llamada de La Quinta Esquina, programa que La 8 Valladolid realiza en colaboración con EL MUNDO DE VALLADOLID y Castilla y León esRadio. En este espacio defendió que «si algo funciona, no hay necesidad de tocarlo». Además, «si el Fiscal asumiera este papel habría que aumentar la plantilla del Ministerio Fiscal y no sabríamos qué hacer con los jueces de instrucción», apostilló.

El magistrado consideró que el experimento de la Oficina Judicial ha sido un fracaso ¿Por qué? Se aumentó el número de funcionarios y el tiempo de respuesta ha sido peor. «Funciona de peor manera que la esperada», reconoció, antes de ensalzar a los jueces y funcionarios de la Administración de Justicia de la Comunidad.

En este sentido, afirmó que la plantilla judicial es «un ejemplo de responsabilidad» porque trabaja «por encima de sus posibilidades». El problema, tal y como comentó, reside en la falta de independencia. «El poder judicial no será independiente hasta que no tenga autonomía presupuestaria como lo tiene el Poder Ejecutivo y el Legislativo. No entiendo por qué es el único poder que tiene que llamar a la puerta del Ejecutivo de turno para poder trabajar», denunció Concepción.

Sobre el papel cero, subrayó que es una necesidad que tiene que llevarse a cabo «con los medios oportunos». «Creo que el Ministerio de Justicia no ha puesto toda la carne en el asador para que el proceso de digitalización culmine con éxito, quizá sea el Ministerio de Hacienda quien se lo impida, pero el Gobierno tiene que ser más ambicioso», sostuvo el presidente del TSJCyL, quien agregó que la gente es reacia a los cambios y solicitó paciencia porque cuando un programa arranca los inicios son complicados, eso sí, manifestó que hay que denunciar las disfunciones para que se corrijan.

Y es que, según relató, muchos días cuando el sistema se cae, los jueces tienen que trabajar dos veces: primero redactan su sentencia a la vieja usanza, por ejemplo en un documento de Word, y después abren el programa para estudiar los expedientes o cualquier tipo de procedimiento.

Respecto a la creación de órganos judiciales, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León expuso que es una petición común de todos los tribunales. Recordó que desde 2010 no se ha creado ninguno nuevo y avanzó que este año va a ser el primero que rompa esta tendencia. De hecho, se acaban de crear en las Salas de lo Penal de Valencia, Cataluña, Madrid y Andalucía plazas de magistrado que han incrementado la planta judicial con motivo de la entrada en vigor del recurso de apelación. También se han creado plazas de magistrado de órganos colegiados ya existentes o de jueces de adscripción territorial. «La creación en sí misma de un juzgado o de un tribunal no ha sido realidad en España desde el año 2010 y creo que el Gobierno debería plantearse esta situación», sentenció.

En Castilla y León, expuso que es necesaria la ampliación de los juzgados. En concreto, en Valladolid, agregó, se necesitan algunos juzgados de lo Social y de lo Penal, secciones penales en la Audiencia Provincial y en Medina del Campo es «vital» la creación de un tercer juzgado para auxiliar a los titulares de los otros dos que «no dan abasto» para resolver en tiempo y forma el volumen de trabajo que hay.

Preguntado por la politización de la justicia, José Luis Concepción sacó pecho por los suyos y aseguró que la justicia no es lenta. Puso como ejemplo que los procedimientos civiles se resuelven en cuatro meses y los procedimientos laborales, en seis. «En Castilla y León niego la mayor y en muy contadas ocasiones es lenta. Los jueces dan una respuesta pronta y de calidad al justiciable», sentenció.

Es verdad, reconoció el magistrado segoviano, que esa mala imagen se debe indudablemente a la politización de la justicia. En este punto, explicó que desde 1985 los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (12 jueces y ocho juristas de reconocido prestigio) son elegidos por las Cortes Generales. «Eso provoca una apariencia de contaminación política que es indeseada y los jueces criticamos». Por ello, abogó por cambiar el sistema, sin embargo, reconoció que es complicado porque «ningún gobierno» ha dado «la más mínima muestra» de querer hacerlo. Su propuesta es que 12 de los miembros les elijan los jueces y los restantes, cuatro el Congreso de los Diputados y cuatro el Senado.

La violencia machista también saltó a la mesa de debate. El presidente del TSJ de Castilla y León sostuvo que «todos estamos fallando y toda la protección a la víctima es poca». «El Ministerio del Interior –continuó– tiene que poner los medios necesarios para que se cumplan las órdenes que los juzgados dictan».

José Luis Concepción se mostró contrario a los jurados populares porque son «más caros» y tienen el riesgo de caer en errores. Abogó por los jueces porque han tenido que afrontar un grado y tienen experiencia. Recordó también el Caso Carrasco, donde defendió la actitud del magistrado presidente. «No fue un error clamoroso».

El broche al debate nocturno lo puso la limitación de mandatos. Sobre ello, opinó que es «malo» limitar y acotar, ya que cada uno tiene que retirarse guiado por la conciencia y la ambición en la consecución de objetivos.