Urbanismo da vía libre al plan para 4.600 viviendas en San Isidro

Es uno de los pocos proyectos urbanísticos salvados de la poda que realizó el nuevo equipo de gobierno municipal al llegar a la alcaldía. Ahora, por fin, la Comisión de Urbanismo dará el visto bueno definitivo al plan parcial ‘Ciudad Jardín San Isidro’, que contempla la construcción de 4.600 viviendas en unos terrenos que están entre los nuevos talleres de Renfe y la parte del canal del Duero que discurre junto al barrio de Las Flores.

Con la aprobación del plan parcial, Urbanismo matará dos pájaros de un tiro. El visto bueno supone también dejar libre de cargas los terrenos sobre los que se asienta el nuevo complejo ferroviario, al que se trasladarán a partir de junio los trabajadores que ahora están en los talleres del Paseo de Farnesio.

De hecho, ambas operaciones, la construcción de los talleres y la aprobación del plan parcial, están vinculadas. La edificabilidad de los terrenos es la compensación a los propietarios a cambio de la cesión del suelo destinado a los talleres.

En el convenio firmado en 2002 entre el Ministerio de Fomento, la Junta y el Ayuntamiento para acometer el soterramiento, ya se recogía la obligación del Consistorio de entregar libre de cargas los terrenos destinados al complejo ferroviario. De no aprobarse el plan parcial, el Ayuntamiento tendría que recurrir a la expropiación, con lo que se incumpliría el compromiso de entregar los terrenos de los talleres libre de cargas.

Todo el conjunto suma 158 hectáreas, de las que 70 corresponden a los talleres, 22 son para espacios libres, pensados como una banda de protección del canal del Duero, y las 66 hectáreas restantes son las que conforman el plan parcial ‘Ciudad Jardín San Isidro’, un espacio residencial para viviendas.

Hasta llegar a este punto, el Ayuntamiento, el anterior equipo de gobierno, tuvo que sortear una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de febrero de 2013, ante un recurso de Ecologistas en Acción, ratificada por el Supremo en 2015, que anuló la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, para construir tanto los talleres de Renfe como la nueva zona residencial para 4.600 viviendas. La sentencia dejó sin cobertura legal los talleres, ya en avanzado estado de construcción, y frenó la construcción de nuevas viviendas.

El Ayuntamiento se vio obligado a realizar las correcciones necesarias y aprobó una nueva modificación del PGOU que justificaba tanto los talleres como las viviendas para equilibrar el crecimiento residencial y terciario en la zona este y contribuir a la expansión industrial y tecnológica en esta parte de la ciudad.

La Consejería de Fomento dio el visto bueno en marzo de 2015 a la corrección del PGOU realizada por el Ayuntamiento y la cuestión parecía zanjada, pero no acabaron aquí los problema. Ecologistas en Acción volvió a la carga y recurrió de nuevo la aprobación del plan parcial para 4.600 viviendas por no estar justificado este desarrollo urbanístico. Esta vez el TSJCyL desestimó el recurso, pero Ecologistas recurrió de nuevo ante el Supremo y allí sigue el recurso a la espera de sentencia. Es decir, aunque Urbanismo apruebe mañana el plan parcial, la última palabra la tiene todavía el Supremo.

Entre los que presentaron alegaciones a la aprobación inicial está Adif, que pidió la prohibición de los usos hotelero y de oficinas en el plan parcial y la obligación de un informe acústico para obtener la licencia de obras de aquellas viviendas que estén en una franja de 70 metros desde el límite de los talleres. Las alegaciones se desestimaron como también se rechazaron las de Ecologistas en Acción, asociación que además de no ver justifica la construcción de nuevas viviendas advertía de que la aprobación sólo beneficia a los propietarios.

El Ayuntamiento, por contra, considera que la revisión del PGOU ya ha recortado de forma considerable las previsiones de suelo residencial. En cuanto a los beneficiarios de la operación, recuerda que la ciudad contará con unos talleres que serán de los más importante de Europa y la fórmula de dar edificabilidad a cambio del suelo para el complejo ferroviario es la menos costosa para las arcas municipales si se compara con la expropiación.

Aprobados los pliegos para comprar 50 viviendas sociales

El Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA) aprobó en su reunión de ayer el pliego para la adquisición de 50 viviendas, con un gasto previsto de 3.075.000 euros - con un máximo de 60.000 euros para cada una- que se incluirán en la bolsa de alquiler social. El pliego se aprobó con el voto en contra del PP, la abstención de Ciudadanos y el respaldo del PSOE, Valladolid Toma la Palabra y Sí Se Puede. El objeto del contrato es la adquisición por parte de VIVA de viviendas situadas en el término municipal de Valladolid, libres de cargas y gravámenes, arrendatarios, ocupantes y precaristas, con el fin de dedicarlas a ampliar el parque público de vivienda en arrendamiento para los distintos programadas de esta Sociedad. Se establece una cuantía máxima por vivienda de 60.000 euros, impuestos no incluidos, una cantidad en la que se incluirán las obras necesarias para las mejoras en las viviendas dirigidas a permitir su adecuada habitabilidad. Las viviendas deben disponer, como mínimo, de dos dormitorios, salón, cocina, y un baño con lavabo y, en el caso de que no disponga de ascensor, deberá encontrarse, como mucho, en la tercera planta. En cuanto a su antigüedad, pueden ser de segunda mano o de nueva construcción. El Consejo de Administración de VIVA acordó también, para la ubicación de las viviendas, dividir la ciudad en diez zonas que abarquen entre 10.000 y 20.000 habitantes con el fin de que ninguna de ellas acumule más de diez de los inmuebles que se adquieran.