Una luz verde cada vez más tenue

En algunos pueblos es el único servicio de atención al público que permanece y, en otros, sin embargo, hace mucho tiempo ya que no se ve una luz verde parpadeando. Una de cada seis oficinas de farmacia de Castilla y León está en peligro.

En la Comunidad, 253 farmacéuticos (36 de Valladolid) han solicitado el ‘índice de corrección de márgenes’ en el último año por encontrarse en una «situación de viabilidad comprometida». Esta es una ayuda de la Junta para aquellas que no llegan a una facturación mínima y que sin ese respaldo, que no supera los 840 euros al mes, estarían abocadas «al cierre».

La dispersión y la despoblación juegan en contra de unos negocios que cuentan en Castilla y León con el mayor ratio de habitante por farmacia, 1.600 frente a los 2.200 a nivel nacional, según los datos de la Consejería de Sanidad.

El presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León (Concyl), Alberto Carrasco, explica que la supervivencia de algunas boticas, sobre todo rurales, resulta «excesivamente complicada» porque, en su opinión, se han abierto farmacias «en núcleos con 300 o 400 habitantes, donde no hay población suficiente para mantenerlas», y expone que «algunas facturan tan poco que no sacan ni para vivir».

Desde 2012, han aumentado un 33% las farmacias que han recurrido a este plus compensatorio. El primer año en el que comenzó esa concesión se facilitó a 190 negocios frente a los 253 actuales. Sin embargo, de 2014 a 2015 la tendencia parece haberse invertido y se han proporcionado en once casos menos.

Este descenso no responde únicamente a que algunas hayan mejorado su situación, sino a que se ha producido algún cierre. En concreto, ocho oficinas han apagado sus luces para siempre en el último año. «Han cerrado a pesar de la modificación de márgenes y del índice corrector porque las medidas se quedan cortas para evitar los cierres en algunos casos», lamenta Carrasco.

Salamanca es la provincia con más farmacias con una viabilidad crítica (50), seguida de Valladolid (36) y de León (32).

La ayuda no puede superar los 800 euros al mes y va destinada a aquellos negocios que no superen unas ventas anuales de 200.000 euros. Pueden acceder tanto las urbanas como las rurales, pero estas últimas copan la mayoría de las ayudas.

El gremio explica que algunas están en apuros porque en un tiempo en el que no había restricciones para instalarlas se juntaron muchas en el centro de las ciudades y la población comenzó a marcharse al alfoz. Pero son ejemplos aislados.

Aunque el escenario que dibujan quienes se encuentran detrás de un mostrador para dispensar fármacos no es halagüeño, existen algunos datos positivos. Las cifras de facturación son en conjunto ligeramente mejores, un 2% mayores que el año anterior. Eso sí, siguen muy alejados de los años previos a la crisis. En 2012 bajó un 15%.

Juan de Dios, secretario de Concyl y presidente en funciones del colegio vallisoletano hasta este viernes –cuando Carlos Treceño tome posesión del cargo– analiza estos resultados y califica el índice corrector como «un parche que requiere de más medidas». Indica, además, que la situación es «similar a la de la sociedad»: «Parece que remontamos un poquitín, pero eso no evita que haya muchas farmacias en condiciones críticas».

Uno de los factores que perjudica a algunas farmacias rurales es que éstas no dan salida apenas a la venta libre: la parafarmacia y los productos sin receta. Algo que no sucede en las oficinas de ciudad, que emplean esta vía para tratar de mejorar su rentabilidad. «Ellas sí se pueden defender, pero en los pueblos no tienen a quién vender determinados productos».

Esto hace que la contención del gasto farmacéutico por parte de la Consejería de Sanidad se acuse en los balances y, también, la disminución continua del precio de los fármacos. «Es una constante desde hace años», señala Carrasco y De Dios añade que «cada vez valen menos» y el porcentaje que les queda de margen «a veces es mínimo».

Aunque los farmacéuticos ven en la sangría poblacional la causa principal de que estos negocios no sean rentables, también apuntan como otro motivo la exclusión de la financiación con cargo al sistema público de algunos medicamentos. Juan de Dios se refiere al copago farmacéutico y asegura que provoca que haya quien «deje el tratamiento». Aclara que cada vez este fenómeno se repite menos. «Pero se da», matiza.

La progresiva implantación de la receta electrónica ha tenido cierto peso. El secretario del colegio autonómico indica que, pese a que su desarrollo supone un avance positivo para el trabajo diario «porque ahorra mucha burocracia», ha repercutido en la economía de algunas boticas. «La adaptación ha recaído sobre los farmacéuticos, salvo contadas excepciones en las que alguna diputación ha asumido los costes para evitar desapariciones», explica.

Juan de Dios estima que el coste medio por oficina ha ascendido a 3.000 euros. En cada farmacia ha sido diferente, según las instalaciones con las que contaran. «Algunas han tenido que hacer mejoras menores y, en cambio, otras han tenido que ponerlo todo nuevo».

Ante este escenario precario, los profesionales del sector tienen claro que existen opciones para revertirlo. Desde el consejo autonómico –también desde el nacional– pelean desde hace tiempo por asumir más servicios que aligerarían el a veces «congestionado» sistema sanitario público y supondría una fuente de recursos atractiva. Esto ya se produce en otras comunidades, como País Vasco y Cataluña.

Concyl defiende que, pese a tener una gestión privada, forman «parte del Servicio Nacional de Salud». Por ello, reclama poder efectuar algunas pruebas como el cribado de cáncer de colon o del VIH y, también, realizar un seguimiento farmacológico al paciente crónico y la dosificación de enfermos crónicos con abundante medicación.

Carrasco sostiene que están perfectamente cualificados para realizar estas labores. «Somos licenciados con una amplia formación y durante cinco años hemos estudiado los medicamentos. Estamos preparadísimos».

Enumera, además, algunos beneficios que repercutirían en la Consejería de Sanidad si les dieran luz verde para ello. «Habría más agilidad y rapidez en el sistema y sería más accesible y cercano para el usuario».

El presidente de los farmacéuticos desciende al detalle y cita la eterna demanda de efectuar en las farmacias las pruebas de cribado de cáncer de colon, «como una manera efectiva de anticiparse a la enfermedad». «Si lo previenes y actúas a tiempo sale más barato que curar y es mejor para el paciente», remarca.