El Ayuntamiento rectifica y vuelve a otorgar la señalización a Imesapi
El juzgado investiga si hubo connivencia entre un funcionario y la empresa
Nuevo episodio en el rocambolesco recorrido del contrato de señalización horizontal y vertical de las calles, que el nuevo equipo de gobierno paralizó tras existir ya una propuesta de adjudicación para Api Movilidad e Imesapi, empresas del mismo grupo. Tras la sentencia del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales que anuló la renuncia del Ayuntamiento, la junta de gobierno municipal rectificó ayer su decisión de paralizar el contrato y volvió a adjudicárselo a las mismas empresas por un importe de 1,5 millones de euros y con una vigencia hasta 2018.
Al Ayuntamiento le cabía la posibilidad de recurrir la decisión del Tribunal de Recursos Contractuales ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, pero la asesoría jurídica lo desaconsejó en su informe y ayer aprobó la adjudicación a las dos empresas que se ocupan de la señalización desde el 2000. «No se podía hacer otra cosa», dijo el concejal de Seguridad y Movilidad, Luis Vélez.
Fue el pasado 18 de noviembre, cuando la junta de gobierno acordó renunciar al contrato y, en paralelo, se abrió un expediente disciplinario a un funcionario de la concejalía de Urbanismo por su presunta connivencia con la empresa Api Movilidad para adjudicarle la señalización a cambio de favores y regalos.
Elevada cuantía
Según explicó el alcalde, Óscar Puente, la tramitación se paralizó al llamar la atención la elevada cuantía «por pintar las rayas» y comprobar que había otras empresas que lo hacían por la mitad de precio.
El Ayuntamiento elevó el caso a la Fiscalía, que a su vez lo remitió el juzgado para que investigara los hechos mientras la empresa Imesapi recurrió la decisión de la junta de gobierno de renunciar al contrato. El Tribunal de Derechos Contractuales estimó el recurso y anuló la decisión del Ayuntamiento por entender que sus argumentos no avalan el interés publico alegado «que justifique la decisión adoptada sobre la renuncia so pena de incurrir en arbitrariedad».
Con la rectificación de ayer, parece cerrado un frente, pero sigue abierto el segundo, el judicial, a la espera de que el juzgado de Instrucción número 3, en el que ha recaído el asunto, decida los pasos a seguir.
El Ayuntamiento puso en conocimiento de la Fiscalía las presuntas prebendas que recibía el funcionario y que, según un ex trabajador de Api, incluían desde jamones en Navidad hasta entradas para espectáculos taurinos o para ver partidos de la liga de campeones.
El caso puede tomar otro giro si, como se apunta, el funcionario aludido contraataca con una querella criminal que iría contra el alcalde, Óscar Puente.