Los asuntos en trámite en los Juzgados y Tribunales de Castilla y León se redujeron un 1,7% en 2015

El número de asuntos en trámite en los juzgados y tribunales de Castilla y León se redujo el pasado año un 1,7 por ciento, hasta los 97.704, según un informe publicado hoy por el Consejo General del Poder Judicial. Así en el número de asuntos ingresados el pasado año fue de 388.579, lo que supone una disminución del 1,3 por ciento respecto a 2014, mientras que se resolvieron un total de 394.559.

A nivel nacional, los asuntos ingresados descendieron un 3,2 por ciento (8,3 millones) (-3,2 por ciento), mientras que resolvieron 8.8 millones. Al final de año, quedaban en trámite 2.411.855, lo que representa una reducción del 5,9 por ciento respecto enero. Se trata de la cifra más baja desde 2007.

En 2015, la tasa de litigiosidad de Castilla y León fue de 157,2 asuntos por cada mil habitantes, 22,5 puntos por debajo de la registra en el conjunto de España (179,7). Las comunidades autónomas que mostraron una tasa de litigiosidad superior a la media nacional fueron Andalucía (209,4), Madrid (202), Canarias (196,7), Baleares (194,2), Comunidad Valenciana (187,6), Murcia (182,7) y Cantabria (180,9). En el otro extremo se sitúan el País Vasco (122,8) y La Rioja (123,5).

Del total de los asuntos ingresados, más de 240.000 correspondieron a la jurisdicción penal (61,7 por ciento), 118.674 a la civil (30,5 por ciento), 21.150 a la social (5,4 por ciento) y 8.639 a la contencioso-administrativa (2,2 por ciento).

En el conjunto de jurisdicciones en los tribunales de Castilla y Léon la tasa de congestión -cociente que resulta de dividir los asuntos ingresados más lo pendientes, entre los resueltos- fue de 1,25, mejor que la media nacional que fue de 1,28. La mejor tasa la presenta Navarra (1,17), por delante de Aragón (1,20), Cantabria (1,22) y País Vasco (1,23), mientras que la peores se registran en Castilla-La Mancha (1,39), Murcia (1,38) y La Rioja (1,35).

En el conjunto de Castilla y León, la tasa de congestión más alta la presentan los tribunales contenciosos-administrativos con 1,56, mientras que la más baja, 1,13, se registra en la jurisdicción penal (1,13). En civil se alcanza 1,42 y una décima menos en social.