Un nuevo retraso en la A-11

Lo de la Autovía del Duero (A-11) es el cuento de nunca acabar. Una de las infraestructuras más determinantes para la vertebración de Castilla y León, que acumula una década de demoras, sufre un nuevo retraso de hasta dos años en uno de sus tramos.

El parón de 2010 por la crisis económica y la falta de fondos públicos –igual que el resto de obras de envergadura del país– hizo que se caducara el informe de impacto ambiental del tramo de 42 kilómetros que incorpora una parte vallisoletana y una burgalesa, lo que supone otra demora de hasta dos años, según confirmaron ayer a este periódico desde el Ministerio de Fomento.

Al retomar el proyecto más tarde de lo previsto, el Ministerio se ha visto obligado a realizar un nuevo trámite que adecuara a la nueva normativa de 2013 las condiciones ambientales actuales del trazado entre Quintanilla de Arriba, en Valladolid, y Castrillo de la Vega, en Burgos.

Por ello, el Boletín Oficial del Estado publicó ayer la actualización de la evaluación ambiental de este tramo del corredor llamado a coser la Comunidad de oeste a este.

El primer informe ambiental para esos 42,2 kilómetros se realizó en 2006 con visos a licitar la obra antes de cinco años, que es el periodo de validez de estos escritos. Sin embargo, la crisis y la falta de apuesta de los sucesivos ministros de Fomento por el corredor del Duero lo dejaron dormir en un cajón.

Ahora, en plena fase final de redacción del proyecto, el Ministerio requiere de la actualización de esta evaluación, que aprobó provisionalmente ayer y somete a exposición pública, para que las máquinas lleguen algún día a pisar el asfalto.

En concreto, las mismas fuentes ministeriales explicaron que se pone en marcha con el objetivo de que siga hacia delante y de que las obras empiecen en 2017, pero matizaron que esta decisión estará en manos del nuevo Gobierno que se forme, que deberá decidir si lo dota de partida presupuestaria o continúa manteniendo la A-11 en el olvido.

Una vez publicada en el BOE esta actualización se abre un periodo de 30 días de exposición pública, lo que deja la dilatación del proceso a expensas de las alegaciones al texto que presenten los ciudadanos. El departamento de Fomento deberá estudiarlas todas.

Desde el Ministerio aseguraron ayer que el plazo para que el informe ambiental vuelva a ser aprobado definitivamente dependerá del volumen de alegaciones presentadas. Estimaron que este trámite podría prolongarse desde un par de meses a uno o dos años, aunque reconocieron que, dado que es una adaptación que no incorpora ninguna variación sustancial al documento inicial, no deberían presentarse demasiadas.

Estos 42,2 kilómetros, que cuentan con el proyecto aprobado desde marzo de 2011, requerirán de una inversión de 315 millones.

Las previsiones, actualmente en redacción, contemplan que este tramo esté compuesto «por calzadas de siete metros de anchura, arcén exterior de 2,5 metros y exterior de uno» y el resto de características dispuestas en la normativa vigente «para una carretera con velocidad de proyecto 120 kilómetros por hora».

Los plazos inciertos del informe ambiental explican, en parte, el pírrico impulso presupuestario a esta autovía en los Presupuestos Generales para 2016, donde sólo recibe exiguas partidas con un montante total de 44 millones, que acapara casi en su totalidad Soria, con la consignación de 34 millones para ejecutar distintos intervalos de la autovía.

Sólo se destinarán 2,7 millones para la A-11 a su paso por Valladolid, que servirán únicamente para redactar los proyectos del corredor del Duero por esta provincia. De ese montante dos millones proyectarán sobre papel los dos tramos más polémicos, que atraviesan el corazón de la Ribera del Duero, los que unen Tudela y Quintanilla de Onésimo y ésta con Quintanilla de Arriba.

Otros 5,5 millones irán para esta infraestructura a su paso por territorio burgalés y 1,8 millones por tierras zamoranas.