AEA alerta de que la DGT debería anular más de 23.500 multas

Un posible «error» de la Dirección General de Tráfico podría suponer la anulación de miles de multas tramitadas en la provincia de Valladolid y en el resto de España. Automovilistas Europeos Asociados (AEA) denuncia que falta la fecha en la publicación digital de las sanciones de tráfico y alerta de que la DGT «debería invalidar» más de 23.500 multas en la provincia vallisoletana y 180.000 en toda Castilla yLeón.

AEA alega que desde hace un año las publicaciones en el boletín digital (llamado Testra) que contiene las sanciones de tráfico que no han podido ser notificadas al usuario omitían la fecha en la que el anuncio se publicó, «tanto en su cabecera como en cada una de las páginas del edicto».

La asociación considera que este hecho «impide realizar el cómputo de los plazos legales, bien para pagar con descuento o bien para recurrir» y así el ciudadano no podría saber de cuánto tiempo disponía para abonar el importe, recurrirlo o entrar en plazo para beneficiarse del pronto pago.

Por ello, este colectivo sostiene que dichas publicaciones telemáticas «son inválidas, ineficaces y sin valor legal alguno», según explica el presidente de AEA, Mario Arnaldo, quien añade que se trata de una cuestión «de mucha gravedad» porque, a su juicio, «vulnera el derecho a la defensa». «Entra en juego un derecho fundamental. No se me puede condenar sin haberme oído y en, al menos este año, no se ha notificado correctamente».

Remarca «al menos» porque asegura que tiene «pruebas de este desaguisado desde octubre de 2014», aunque desconoce si desde antes también se produjo esta omisión.

La denuncia de la AEAva más allá y asegura que, una vez que la asociación hizo públicas sus quejas por estas deficiencias en las notificaciones, «la DGT,en vez de enmendar el error y corregirlo, trató de taparlo».

«Tráfico tenía que haber admitido el error y, como cualquier boletín, volverlo a publicar correctamente, pero esto hubiera hecho que muchas multas hubieran prescrito porque las más leves vencen a los tres meses y las demás a los seis y no lo hicieron». En vez de esta vía, Arnaldo asevera que «se limitó a poner de un día para otro las fechas como si siempre hubieran estado ahí». Sin embargo, la AEA asegura poseer archivos descargados ante notario que no estaban datados.

Todo esto ha provocado que el conflicto derive en los juzgados. Automovilistas Asociados Europeos acudirá a la vía penal y denunciará a la DGT«para que se investigue un presunto delito de falsedad y alteración de documentos públicos».

Mario Arnaldo explica que tienen derecho a recurrir los usuarios que hayan procedido al pago tras haber recibido una orden de embargo o quienes la reciban ahora. Conductores a los que Tráfico no haya localizado en su domicilio para notificarles las correspondientes sanciones podrán recurrir por la omisión de la fecha en la publicación telemática de las multas, «siempre que no hubieran recibido notificaciones por correo certificado o hubieran presentado algún escrito».

Porque si lo hubieran hecho, los automovilistas señalan que «convalidarían unas notificaciones que eran de todo punto ineficaces». Aunque el presidente de esta asociación de automovilistas aclara que «los que han pagado son una minoría».

Quienes deseen recurrir cuentan con un mes de plazo, desde que reciben la notificación de embargo, para presentar un recurso de reposición «alegando falta de notificación reglamentaria».

Arnaldo señala que en juego hay cantidades muy altas, sobre todo en conjunto, porque la media de las multas tramitadas en carretera, por la DGT, es de 100 euros, mientras las que gestionan los ayuntamientos rondan los 50 euros. «Pues es multiplicar. Hablamos de al menos 2,3 millones de euros sólo en la estimación de Valladolid y de más de 18 en Castilla y León, más lo que suma el resto de España».

La DGT ni sabe, ni contesta 

La DGTno dice nada más allá de trasladar el asunto a la oficina central en la capital de España. Este periódico contactó ayer con el gabinete de prensa de la Subdelegación del Gobierno y, una vez más, remitió a Madrid. La propia coordinadora de la Dirección General de Tráfico de Castilla y León, Inmaculada Matías, aseguró a este diario que no iba a realizar ninguna valoración, ni dar explicaciones porque se trata de «un asunto nacional» y se limitó a remitir a «un email de prensa de la DGT de Madrid».