Las renuncias a continuar con los procesos judiciales por maltrato se sitúan en el 9,2%

Un total de 2.230 mujeres en la Comunidad Autónoma presentó una denuncia por violencia de género en el primer semestre del año pero 202 acabaron retirándola, por lo que la tasa de castellanas y leonesas que renuncia a continuar con el proceso judicial se situó en el 9%. Es el cuarto ratio más bajo de toda España y supone 3,4 puntos menos que la media nacional. Solo Extremadura (4,5 por ciento), Galicia (5,2) y Cantabria (7,6%) están por delante de la Comunidad.

El informe sobre los diez años de aplicación en los órganos judiciales de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que publica el Boletín de Información Estadística del Consejo General del Poder Judicial, correspondiente al mes de noviembre, recoge el porcentaje de renuncias contra el maltratador en fase de instrucción en los últimos ochos ejercicios.

La tasa de renuncia más alta en la Comunidad tuvo lugar el año pasado, puesto que ocurrió en 16,6 por ciento de las denuncias, seguido de 2008 (15,5%) y 2012 (15,1 %). A falta de confirmar los datos en el segundo semestre de este año, hasta ahora el porcentaje más bajo se registró en 2010, con un 10,5%.

El informe, con datos recopilados por la Agencia Ical, señala que un 29,7 por ciento de las 14.666 órdenes de protección que tramitaron los juzgados de violencia sobre la mujer en Castilla y León durante los diez años transcurridos desde la aprobación de la Ley Integral fue solicitada por mujeres extranjeras.

De las órdenes de protección solicitadas en estos diez años, los jueces concedieron 10.686, lo que representa un 72,9% del total. Así se pone de manifiesto en el Informe sobre los diez años de aplicación en los órganos judiciales de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que publica el Boletín de Información Estadística del Consejo General del Poder Judicial, correspondiente al mes de noviembre.

En cuanto a territorios, La Rioja y Murcia fueron las Comunidades donde se concedieron porcentualmente más órdenes de protección, con un 86 por ciento sobre el total de solicitadas, seguida de Aragón (83%) mientras que Cataluña, con un 52,6%, y Asturias y Madrid, con porcentajes cercanos al 57%, fueron las regiones con menor ratio de órdenes concedidas sobre solicitadas. La media nacional en este periodo fue del 67,4 %.

El informe también revela que un 1,3% de las víctimas de violencia de género que solicitaron órdenes de protección en Castilla y León era menor de edad, un punto menos que en el conjunto de España. De los 66 asuntos penales registrados en los juzgados de menores de la región en la última década, 64 ya están resueltos y dos, pendientes.

El porcentaje de españoles y extranjeros entre los hombres denunciados fue similar al de las mujeres que solicitaron la protección: un 71,3% fueron españoles y un 28,7%, extranjeros.

Medidas de protección

Dentro de la orden de protección, el alejamiento y la prohibición de comunicación fueron las medidas que se adoptaron en un mayor número de casos. Otras medidas penales acordadas fueron la prohibición de volver al lugar del delito o la salida del domicilio.

En los juzgados de violencia sobre la mujer, se registraron desde el año 2007 –primer año en que se contabilizaron- 40.570 denuncias mientras que en España superaron las 1,1 millones. Los juzgados de violencia sobre la mujer dictaron en los diez años de aplicación de la Ley Integral en España un total de 192.804 sentencias, de las que 148.894 fueron condenatorias (107.264 por delito y 41.630 por falta), lo que representa un porcentaje de condenas del 77 % respecto del total de sentencias dictadas.

En todo el período, por su parte, los juzgados de lo penal dictaron 273.034 sentencias, de las que 141.382 fueron condenatorias, lo que representa un 51,8 por ciento del total de sentencias; dato éste que es muy dispar según las distintas Comunidades: mientras que en Madrid y Cataluña el porcentaje de condenas en los juzgados de lo penal se situó en torno al 44 por ciento, en Extremadura rozó el 80 por ciento. Los juzgados de lo penal en Castilla y León dictaron 11.157 sentencias en ese periodo, de las que el 62% resultó condenatoria y el resto, absolutoria.

En las Audiencias Provinciales, se dictaron en procesos en única instancia un total de 3.117 sentencias, con un porcentaje de condenas muy elevado, especialmente en los procedimientos de jurado, que fue del 95,1%.

En los sumarios, las condenas representaron el 78,4 por ciento de las sentencias dictadas y en los procedimientos abreviados las condenas fueron casi un 80 por ciento de las resoluciones emitidas. Las confirmaciones de sentencias en apelación supusieron un 76,5 por ciento en los procedimientos por delito y un 79,1% en los procesos por falta.

En los diez años de aplicación de la Ley integral, las Audiencias Provinciales han enjuiciado a 8.242 personas, de las que 7.965 eran hombres y 277, mujeres, habiendo condenado a 4.638 españoles y a 1.931 extranjeros. En el caso de Castilla y León, el 66,6% de los condenados era español y otro 16,4 fue extranjero.

Juzgados de menores

A lo largo de estos diez años, los juzgados de menores de la Comunidad registraron una entrada de 66 asuntos de violencia doméstica y de género. En este período se dictaron 57 sentencias penales, de las que 50 fueron en procedimientos por delito y tres, en faltas.