El PP justifica no firmar el acuerdo sobre la hepatitis C en que son los facultativos los que determinan el tratamiento

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Fernández Carriedo, ha justificado que su formación no haya firmado el compromiso rubricado este martes por el resto de grupos y UPyD con las plataformas de afectados por la hepatitis C en que son los facultativos los que determinan el tratamiento y ha recordado que antes no existía la prestación del tratamiento y ahora sí.

Fernández Carriedo, en declaraciones a los medios se ha expresado así tras la firma del documento por parte del resto de las formaciones y momentos antes de reunirse con la Plataforma de afectados de Castilla y León, a la que ha explicado una Proposición No de Ley que llevará al Pleno de las Cortes para garantizar financiación para el tratamiento de esta enfermedad.

El portavoz 'popular' ha señalado que en un momento de recuperación económica tras la crisis se toman medidas que "nunca existieron", en referencia al tratamiento para la hepatitis C a los enfermos más graves, tras lo que ha añadido que fue una de las cosas que en tiempos de restricción "no se quitó porque no existió".

En esta línea, ha incidido en el coste relevante que se asume con los nuevos tratamientos, que en Castilla y León suponen unos 80 millones de euros, cuantía que no suman "muchas áreas" de la Junta, y ponen en riesgo el cumplimiento del objetivo de déficit, cuando se parte "de la nada".

Fernández Carriedo ha incidido en que se hace frente al tratamiento que los facultativos determinan y para lo que "no hay límite de presupuesto" y ha insistido en que el tratamiento se da en función de la prescripción de los médicos, algo que "respetan".

El Grupo ha mantenido una reunión con la Plataforma en la que ha explicado su iniciativa parlamentaria, que trata de garantizar la financiación del tratamiento para enfermos de hepatitis C, para lo que se insta a la Junta de Castilla y León para que solicite al Gobierno central articular un sistema de financiación adicional y extraordinario, que permita a las comunidades autónomas incrementar su presupuesto de gastos para adecuarlo a las necesidades derivadas de la compra de los nuevos medicamentos para tratar a los pacientes y, en cualquier caso, excluir este gasto del objetivo de déficit público de los ejercicios 2015, 2016 y 2017.