Valladolid
Amoedo reprende a la Junta por echar de un piso a una madre y sus 3 hijos
Censura que no valoró su «vulnerabilidad» y la escasez de casas para emergencias sociales
Bloque de viviendas de Huerta del Rey en el que fue desalojada la madre con su tres hijos menores.-M. Á. Santos
El Procurador del Común ha reprendido con dureza al Servicio Territorial de Fomento por ordenar, «sin tener en cuenta la vulnerabilidad» de los afectados, el desalojo de una vivienda de Huerta del Rey que estaba ocupada por una madre y sus tres hijos menores, desahucio que, a la postre, desembocó en la completa desestructuración de la familia y en el desamparo asistencial para los niños.
«La familia no contó con alternativa alguna. No tenía recursos puesto que había dejado de percibir la renta garantizada de ciudadanía», llega a exponer el Procurador.
La vivienda en cuestión, ubicada en un bloque de la calle Gavilla, es propiedad de la Junta de Castilla y León, y fue ocupada ilegalmente por la madre y sus hijos desde octubre de 2014 hasta que fueron desalojados el pasado 19 de marzo. El Procurador del Común insiste en que esta presencia irregular en la casa no les priva en ningún caso de los derechos de asistencia social.
La institución que preside Javier Amoedo, en su reciente resolución, califica de «incorrecto» el proceder de Fomento e insta al Servicio Territorial a que «evite» en lo sucesivo desalojos como el ahora descrito, en el que no ofreció a los moradores «soluciones alternativas residenciales», ni «una adecuada atención a través de los servicios sociales».
Por todo ello concluye que se produjo «una vulneración del derecho a la vivienda de estas personas y de todos aquellos afectados por la pérdida del espacio donde desarrollaban su vida cotidiana, a pesar de que el mismo estuviera ocupado ilegalmente», asegura Amoedo.
La crítica de la Procuraduría va más allá del ámbito asistencial, ya que demanda, de paso, a la Consejería –que entonces dirigía Antonio Silván– más «agilidad» en la «concesión de viviendas sociales» a familias con menores a su cargo y en «claro riesgo de exclusión».
Ytras constatar que el parque de pisos es muy escaso, insta a la Junta para que, al menos el 30% de las viviendas de protección pública de la titularidad de la Junta desocupadas, pasen a integrar el parque público de alquiler social.
El caso se activó después de una queja presentada el pasado 10 de marzo por el inminente desahucio de la madre y de sus tres hijos. El acopio de información sobre el desalojo y posteriores episodios han llevado a concluir a Amoedo que la actuación de Fomento, en su conjunto, no fue la adecuada.
Y no solo porque el desalojo se llevó a cabo, en efecto, el 19 de marzo, sino porque únicamente se proporcionó a la madre la opción de inscribirse en el Registro de Demandantes de Vivienda de Protección Pública, una vía muerta, según el Procurador, ya que «desde 2013 no se ha producido en Valladolid ningún procedimiento de adjudicación de viviendas de protección».
«La opción que se ofreció no era real ni adecuada a la inminente necesidad residencial generada con el desalojo», añade el Procurador.
Y lo peor estaba aún por llegar. La Gerencia Territorial de Servicios Sociales, que el 18 de marzo de 2015 declaró la situación de desamparo de los tres menores y asumió su tutela legal, prácticamente no llegó a poder intervenir. Estaba previsto que los niños recibieran acogimiento residencial, pero no hubo forma de dar con ellos.
La madre no colaboró, se opuso a la entrega de los niños y luego llegó su imposible localización. De un hijo se supo que vivía en Asturias con su padre biológico y los otros dos siguen en paradero desconocido con su madre, hasta el punto de que la Fiscalía activó la búsqueda de los menores con la Policía.