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Política

Ciudadanos recuerda que el acuerdo de investidura con el PP impide que De la Riva sea candidato al Senado

El apartado 15 del documento contempla que “no podrá ir al Senado ni al Congreso ninguna persona imputada o sobre la que pese una sentencia firme por casos de corrupción política”

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ICAL

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Ciudadanos (C´s) recordó hoy que el acuerdo de investidura con el PP impediría que el exalcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, sea candidato al Senado, como intuyó ayer tras conocerse que la Audiencia Provincial ratificaba la sentencia, dictada por el Juzgado de lo Penal número 2, por desobediencia en torno al retraso en el derribo de parte de unos áticos ubicados en el edificio en el que reside en la plaza Zorrilla. El tribunal le impuso una pena de trece meses de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos en el consistorio.

Al respecto, Ciudadanos se congratuló de que la acción de la Justicia sirva para apartar a los cargos públicos que no cumplen las sentencias judiciales. Uno de los motivos por los que Ciudadanos ha llegado a las instituciones es procurar que exista una verdadera regeneración democrática, según explicó la organización naranja en un comunicado.

El acuerdo de investidura de Castilla y León garantiza, por ambas partes, “el compromiso de defender y propiciar activamente los puntos contenidos en el mismo”. El apartado 15, refrendado por el PP de Castilla y León, contempla que “no podrá ir al Senado ni al Congreso ninguna persona imputada o sobre la que pese una sentencia firme por casos de corrupción política”. “Son conocidas las interpretaciones de expertos juristas que consideran que la desobediencia a las leyes es también corrupción”, argumentó C´s. Sin embargo, León de la Riva y el PP alegaron que la condena no es por corrupción política, sino por desobediencia.

Además, dentro de las exigencias de regeneración democrática, el acuerdo incluye en el punto 13 “separar de inmediato a los cargos públicos o de partido imputados por casos de corrupción política”. Dicho artículo concluye con el compromiso de que “las personas contra las que se haya abierto juicio oral tras la fase de investigación no formarán parte de las listas electorales”.

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