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Política

El PP elude criticar la gestión del edificio de Caja Duero

Lamenta nuevas indemnizaciones por 1,2 ME pero dice que el caso es «una excepción» entre cientos

Publicado por
Santiago G. del Campo
Valladolid

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El presidente del Grupo Popular en el Ayuntamiento, José Antonio Martínez Bermejo, eludió ayer hacer críticas a la gestión del anterior equipo de Gobierno, encabezado por Javier León de la Riva, con respecto a la gestión del edificio Caja Duero. Lo hizo después de que salieran a la luz tres nuevas sentencias que añaden 1,2 millones de euros a la ‘factura’ que soportan las arcas municipales por la vuelta a la legalidad del inmueble, ordenada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) el 28 de abril de 2008.

Los juzgados de lo contencioso administrativo estimaron el pasado julio las demandas de diversas oficinas ubicadas en el edificio, que junto al 1,02 millones empleados ya en obras, suman 2,22 de ‘factura’ total.

«Lo ideal sería que no se hubieran producido estas sentencias», explicó Bermejo en respuesta a este periódico. «Pero hay que poner de manifiesto que durante el periodo de Gobierno de León de la Riva se realizaron cientos, si no miles, de actuaciones urbanísticas. Si una de ellas, una, tuvo contestación por parte de los tribunales, hay que ponerlo en su justa medida», señaló.

En cuanto a la voluntad expresada el sábado por el concejal de Urbanismo y ahora alcalde accidental, Manuel Saravia, de que el Ayuntamiento «volverá a estudiar las responsabilidades en que pudiera haberse incurrido» para determinar qué parte «debería reclamarse a otros agentes que han intervenido en el caso», el presidente del Grupo Popular aseguró que eso suena a «tiempos pretéritos».

«Ahora existe una separación de poderes y son los tribunales los que dirimen ese tipo de cuestiones», aseguró Bermejo. Por otra parte, «muchos actos de los ayuntamiento se toman de manera colegiada, y si se empieza a abrir la caja de las responsabilidades, éstas pueden alcanzar a todos los miembros de la Corporación».

A su juicio, los ciudadanos quieren que el Ayuntamiento «mire hacia el futuro» y no genere una «persecución política». También deseó que la voluntad de Saravia no fuera «poner en tela de juicio la labor de los funcionarios, o purgar a alguno de ellos que habrá actuado de buena fe».

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