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Política

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Valladolid pide al PSOE que respete al presidente de la Audiencia Provincial

Los 'populares' recuerdan que el proyecto de la Ciudad de la Justicia en Girón fue presentado en 2011 por el diputado socialista Mario Bedera

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ICAL

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El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de la capital vallisoletana pidió hoy al PSOE respeto para el presidente de la Audiencia Provincial, Feliciano Trebolle, después de que el secretario general de los socialistas en Valladolid, Javier Izquierdo, le recomendará ayer que no hiciera política y que se dedicara a "hacer justicia y dictar sentencias".

Según el PP, esta petición es “poco respetuosa” con la persona que gobierna la judicatura en Valladolid y contrasta con las “constantes utilizaciones” que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento hace de los colegios de abogados y procuradores y de las asociaciones de merciantes y de empresarios. “A estos colectivos el PSOE no les pide que se dediquen a sus labores y dejen de hacer política”.

Desde el Partido Popular también se recuerda que la Presidencia de la Audiencia Provincial, además de ejercer el gobierno de los jueces en la provincia, “tiene más autoridad moral y jurídica que las asociaciones de comercio o de empresarios a la hora de opinar dónde, cuándo y cómo se debe instalar el proyecto de unificación de los juzgados provinciales en Valladolid”.

Además, acusa al PSOE de Valladolid de tener una “flaca memoria” al no recordar cuando la propia Audiencia Provincial y a la cabeza su presidente apoyó el proyecto de la Ciudad de la Justicia que el entonces secretario de Estado de Educación, Mario Bedera, presentaba en la campaña electoral de noviembre de 2011 en la sede provincial del PSOE en Valladolid”.

En este sentido, desde el Grupo Municipal del PP se preguntan qué ganan los ciudadanos de Valladolid con el cambio del proyecto que el PSOE promovió, “por otro que mantiene la administración de Justicia en cuatro edificios diferentes, que retrasa el proyecto actual y que es más lento y más caro para los vecinos y, sobretodo, no garantiza la eficiencia de la administración de Justicia”.

 

 

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