El Gobierno pide “responsabilidad” al Ayuntamiento sobre los cambios en el proyecto del Campus de la Justicia

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, pidió este jueves “responsabilidad” al Ayuntamiento de Valladolid sobre los cambios que el nuevo equipo de Gobierno ha planteado sobre el Campus de la Justicia. El representante gubernamental recordó que ya se han realizado “desembolsos” económicos para esta iniciativa que pretende reagrupar todas las sedes judiciales dispersas en la ciudad en un único área.

Asimismo, el delegado sostuvo que el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que ha pedido la paralización de la permuta de la finca, que el Consistorio tenía previsto ceder para la construcción del Campus de la Justicia, debe abordar los posibles cambios con el Ministerio de Justicia, así como con el Poder Judicial y el resto de actores para lograr la “mejor solución”, teniendo en cuenta que se ha realizado ya alguna inversión en esta materia. El regidor ha argumentado que este proyecto puede acabar con la actividad en el centro de la capital.

En ese sentido, Suárez-Quiñones recordó que el anterior gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero acordó este proyecto con un equipo municipal del PP, por lo que confió en que un gabinete socialista en Valladolid lo mantenga, ahora que gobierna en La Moncloa el Partido Popular. En marzo, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció que a finales de este año arrancarán las obras de la futura Ciudad de la Justicia, aunque no quiso adelantar una fecha para su finalización dado que se trata de una inversión “larga y compleja”.

Catalá explicó que la licitación del proyecto se realizará en mayo o junio, con el objetivo de que las obras puedan estar adjudicadas en el tercer trimestre del año. El ministro, que recordó que en los presupuestos de este año se contempla una partida de 300.000 euros para el inicio del proyecto, aseguró que la Ciudad de la Justicia es una demanda histórica de Valladolid y una inversión que permitirá hacer una gestión más eficiente de los recursos públicos, ya que suprimirá los edificios que el ministerio tiene ahora alquilados.