Un ‘valedor’ vigilará en la Diputación que el PP cumpla sus promesas

Las 151 medidas que conforman el programa electoral de la Diputación de Valladolid para el próximo mandato 2015-2019 se mirarán con lupa si el Partido Popular vuelve a conseguir la presidencia de la Institución provincial, gracias al Valedor del Programa Electoral, una nueva figura planteada para evaluar el grado de cumplimiento de las promesas realizadas en campaña.

Para vigilar el desarrollo de las propuestas, la persona designada para este nuevo cargo deberá realizar un análisis cada año, estará en contacto permanente con los diferentes colectivos consultados por el partido para elaborar las propuestas que forman la hoja de ruta de este próximo mandato y se encargará de contestar las quejas que le envíen los vecinos de municipios de Valladolid por «supuestos incumplimientos».

Entre las misiones del Velador destacan, además, la elaboración de propuestas para avanzar en la consecución de los compromisos anunciados y el estudio de la incidencia que tengan en la provincia los programas impulsados desde los gobiernos central y autonómico.

Así lo explicó el presidente de la Diputación y candidato del PP a la reelección, Jesús Julio Carnero, como principal novedad de un programa que apuesta por dar continuidad a las políticas desarrolladas durante el presente mandato.

Aunque a preguntas de la prensa Carnero subrayó que el encargado de evaluar y velar por el cumplimiento del programa electoral será una «persona independiente», aclaró también que la intención no es contratar a una entidad externa, sino confiar la misión a alguien «cercano al Partido Popular».

Esta medida de vigilancia se llevará a cabo en «exclusiva» tanto en la provincia como en la capital y, de ganar las elecciones, el PP espera que comience a funcionar a finales de este año, una vez modificado el reglamento orgánico de ambas administraciones.

La presencia de este gran hermano no tiene por qué traducirse en una herramienta de presión, al menos en la Diputación, teniendo en cuenta que el pasado mes de marzo Jesús Julio Carnero ‘presumió’ de haber cumplido el 97% de los planes de su mandato, con tres únicas excepciones de medidas no llevadas a cabo.

De ellas, desaparecen el campus de la lengua y la promoción de contratos para los puntos limpios en el programa 2015-2019, mientras que el consorcio provincial contra incendios se diluye ahora dentro de la promesa de mejorar el servicio de extinción.

Así, el vigía controlará un programa que el candidato a la Presidencia a la Institución provincial calificó como «serio, prudente, realista, riguroso y coherente», que se estructura en cuatro apartados. Los tres primeros se refieren a medidas basadas en el desarrollo económico y el empleo; las centradas en garantizar la calidad de vida de los ciudadanos de la provincia; y las de apoyo a los servicios públicos.

El cuarto eje engloba las herramientas para llevar a cabo las promesas, basadas en «diálogo, consenso, transparencia y reivindicación», explicó Carnero. Dentro de este capítulo, como ya había anunciado en septiembre del pasado año, Carnero destacó el impulso de un Consejo de Diálogo Social en la provincia, para promover nuevas estrategias de actuación a partir de las propuestas de sus miembros.

Aún queda por definir, eso sí, cómo se conformará. «Tenemos que avanzar en el modelo que queremos, es decir, si apostamos por uno estricto con sindicatos y empresarios, parejo al de la Junta, o por otro más abiertos como el que tienen los ayuntamientos de Sevilla o Jerez de la Frontera, donde también hay representantes de otros colectivos, por ejemplo de los autónomos», explicó ayer el candidato popular.

La creación de un portal de transparencia y de una plataforma de participación ciudadana, la implantación de un canal para informar a los municipios de los servicios que ofrece la Diputación o el fomento de la contratación electrónica forman parte también de los «instrumentos», resaltó Carnero, ideados en defensa del «municipalismo» como «apuesta por su pervivencia y su fortalecimiento».

Para «el progreso de la economía» se comprometió a «reclamar una financiación justa y suficiente» a Junta y Estado con el objetivo de que los ayuntamientos de la provincia puedan «atender las competencias designadas», se fijó de nuevo como meta la «reducción de la deuda» y se comprometió a apostar por el «empleo innovador» y a «captar fondos europeos» para implantar proyectos de Smart Territories», sobre todo en los más poblados.