El dueño de Rialcat se enfrenta a una pena de 4 años de cárcel por estafa

La Audiencia de Valladolid sentará los próximos días 9, 10 y 11 de junio en el banquillo de los acusados al que fuera administrador único de la empresa constructora Rialcat S.L, con sede social en Tordesillas (Valladolid), Ricardo Alonso, fugado en el verano de 2008 a Fuerteventura tras dejar una deuda a distintas empresas subcontratadas y bancos de casi millón y medio de euros. El Ministerio Fiscal le imputa un delito continuado de estafa y solicita para él una pena de cuatro años de prisión, multa de 2.160 euros y, en concepto de responsabilidad civil, el abono de indemnizaciones a las empresas perjudicadas, en total trece mercantiles, por importe de casi 1.200.000 euros. Las acusaciones particulares, por su parte, elevan la petición de cárcel a cinco años.

El procesado compareció en septiembre de 2009 ante el juez de Instrucción número 2 de Valladolid, encargado del caso, y prestó por vez primera declaración en la capital del Pisuerga. Hasta esa fecha sólo lo había hecho en el Juzgado de Instrucción 2 de los de Puerto del Rosario (Fuerteventura), precisamente después de que se entregara a la Guardia Civil y pusiera fin de este modo a una fuga durante la cual sus perseguidores llegaron a creer incluso que se hallaba en Rumanía, donde desarrollaba varias promociones urbanísticas.

El industrial reconoció entonces que llegó un momento en que no pudo pagar y además los bancos se negaron a concederle crédito.

En su declaración, en la que estuvieron presentes abogados en representación de media docena de empresas afectadas, entre ellas Construtec Castilla S.L, a la que adeuda más de 228.025 euros, Ricardo Alonso recordó que Rialcat S.L. fue constituida con un capital social de 3.000 euros, posteriormente ampliado a 90.000, y, sin embargo, apuntó que en 2007 la sociedad llegó a facturar una cifra de negocio por valor de cuatro o cinco millones de euros. Eso sí, el declarante precisó que no tenía bienes propios y que toda la maquinaria era de alquiler.

La acusación pública sostiene que el industrial contaba en 2008 con varias promociones en ejecución, para lo cual mantenía relaciones comerciales con otras empresas con las que contrataba suministro de material y realización de trabajos en las obras que edificaba. Aunque inicialmente pagaba mediante la emisión de pagarés con fecha de vencimiento aplazada, fue a partir de abril de 2008 cuando el constructor entró en situación de insolvencia. Pese a ello, según el fiscal, Ricardo A.C. siguió contratando suministros y servicios con terceras empresas, a las que no informó en momento alguno de la situación económica de Rialcat S.L.