El Tribunal de Cuentas cuestiona los 55 entes de las universidades

El Tribunal de Cuentas da un rapapolvo a las universidades públicas y cuestiona los motivos de la creación de algunas entidades participadas por las instituciones académicas, lo que pone el foco en los 55 entes dependientes o vinculadas a las cuatro universidades públicas de Castilla y León: Burgos, León, Valladolid y Salamanca.

En su último informe, aprobado el 29 de enero, publicado esta semana y referente al sistema universitario español en 2012, el órgano fiscalizador sostiene que la creación de algunas entidades tiene como fin «la deliberada huida de los controles internos o del control presupuestario y de gestión».

Un extremo que los responsables de las universidades de Salamanca (USAL), León (ULE) y Valladolid (UVA) desmienten, al menos, en las instituciones que les concierne.

José Ángel Hermida, rector de la Universidad de León, asegura que no se da «por aludido por las críticas» del Tribunal de Cuentas. «Ni se han creado nuevas fundaciones, ni muchísimo menos con el objetivo de esconder nada. Una cosa es que existan y otra decir que es para cosas raras».

Hermida apuntó que la ULE cuenta con tres entes: la Fundación General de Universidades, Inbiotec e Iaf. Estos dos últimos, según explica, «se crearon hace años y con el objetivo de captar fondos de la UEpara crear infraestructuras y proyectos».

El rector de la Universidad de Valladolid, Daniel Miguel, también rechaza las acusaciones de este órgano que no concreta en qué centros sucede. «Es muy general. Estoy bastante tranquilo.Nuestras cuentas están claras». Asegura que no es sólo porque los hechos sean anteriores a su etapa como rector que empezó el año pasado. «No estoy de acuerdo en que no haya transparencia. Se crearon porque se creyeron necesarios en ese momento; no creo que nunca se haya hecho con la idea de ocultar cosas. Eso sí, pasa el tiempo y algunos que eran muy eficientes y tenían financiación pueden dejar de serlo y de tenerla». Por ello, asegura que estudiará «con calma» el informe y el funcionamiento de los entes vinculados con la UVA y, si detecta algunos errores, no descarta «que pueda desaparecer alguno porque no sea eficaz». 

Los máximos exponentes de la UVA en esta materia son la Fundación General de Universidades, donde ostenta la mayoría, y la Fundación Parque Científico, donde, pese a que su participación es minoritaria (33%), «tiene un control efectivo».

Ricardo López, vicerrector de Economía de la USAL, explica que su universidad «realiza un control muy estricto de todas esas fundaciones» y que su centro no se siente «identificado» con las consideraciones generales sobre la contabilidad de las instituciones académicas.

También señala que dentro de la política de racionalización del gasto, la Universidad decidió eliminar uno de esos organismos, el de Campus de Excelencia, mientras mantiene otras «que funcionan bien y son necesarias», como la Fundación General de la Universidad, la de Investigación del Cáncer o la Parque Científico.

Otra cuestión distinta es la indicación de que las entidades en las que la universidad posee la mayoría rindan cuentas ante el Consejo Social en vez de ante los rectores y gerentes. Ante eso se producen, según explican los rectores, impedimentos normativos. Hermida asegura que, aunque este aspecto «es discutible», se encuentra a la espera de que la Junta «apruebe una normativa para llevarse a efecto». López apunta a que esto contraviene los estatutos de la USAL por lo que estudia «jurídicamente cómo hacerlo».

En el caso de Castilla yLeón, el Tribunal se basa en los estudios remitidos por el Consejo de Cuentas, que ya publicó el año pasado, salvo el de la Universidad de Burgos que aún está pendiente de aprobación.

Es a las conclusiones individualizadas –aunque casi idénticas– de estos estudios del Consejo a las que remiten las universidades que quisieron valorar esta fiscalización. «Estamos satisfechos», indicó López.

Estos análisis concluyeron que existía «sobredimensión del profesorado» en algunos campus, que se tiene que implantar una contabilidad analítica (más precisa hasta el punto de saber cuánto cuesta cada alumno por facultad) y plantearon dudas sobre el sistema de gratificaciones e incentivos por jubilación.