Rechazo a la notificación digital en los juzgados por deficiente

Con los datos del último trimestre (junio-septiembre de 2014) computado por el Consejo del Poder Judicial, los 142 procuradores de la provincia de Valladolid manejan en tres meses más de 2.300 sentencias, casi 12.000 autos y 3.000 decretos, sólo por contrar los trámites más destacados. Todo ello supone el trasiego de miles y miles de folios. Hasta hoy. En teoría.

El Gobierno ha ordenado que, desde esta mañana, todas las comunicaciones entre procuradores y juzgados –a excepción de las de materia penal, aún en periodo de prueba– se realicen por vía digital, a través del conocido como sistema Lexnet, que garantiza la misma fiabilidad legal que los documentos en papel.

Sin embargo, los procuradores han advertido fallos de tal calibre que solicitan una prórroga. Un tiempo extra para solventar problemas que anulan los supuestos beneficios del cambio y «que podrían ocasionar indefensión jurídica» en el proceso. La culpa, dicen, es de un Ministerio de Justicia que no es capaz de estar a la altura de lo que él mismo dispone y obliga.

Uno de los principales errores detectados por los procuradores es la escasa capacidad del sistema, que no soporta archivos largos y crea interrupciones en su transmisión. Cristina Goicoechea, decana del Colegio de Procuradores de Valladolid, explica que esa dificultad «crea la duda de si el documento ha sido bien o mal recibido, algo que puede ser muy delicado en algunos casos».

Goicoechea señala que los secretarios judiciales que deben trabajar con esos documentos digitales tampoco lo tienen fácil y que la situación puede llegar al absurdo.

«Hay muchos fallos que pueden considerarse muy técnicos», indica la procuradora. «Pero hay un obstáculo muy simple que todo el mundo puede entender. Para trabajar en la contestación a un escrito hay que visualizarlo. Por ahora, el secretario solo se tiene una pantalla a disposición y esta no es lo suficientemente amplia para que permita dos visionados conjuntos. El resultado es que no queda otro remedio que imprimir el documento. No sólo no se elimina el uso del papel, sino que la impresión corre a cargo del juzgado, cuando antes la hacíamos nosotros».

Además, hasta la semana pasada era casi imposible rellenar en este sistema informático quiénes eran todos los personados en una causa, ya que el campo o ‘casilla’ limitaba los caracteres. Una irregularidad salvada in extremis para el estreno de hoy.

Para Goicoechea, experiencias en otras comunidades donde la Administración de Justicia no está transferida y en la propia Castilla y León ya evidenciaban muchas incompatibilidades entre el sistema Lexnet y el sistema Minerva utilizado en los juzgados.

«Nuestra petición es simple. Hemos probado el sistema de manera voluntaria y conviviendo con el papel durante dos meses y medio y es evidente que se necesita más tiempo», reclama la decana, quien insiste en que no se trata de una resistencia corporativa al cambio. «Sabemos que estamos en el siglo XXI y los procuradores siempre hemos sido unos aliados efectivos del Ministerio de Justicia a la hora implantar las TIC. Sin embargo, los fallos de los que nos quejamos deberían haber sido solucionados hace tiempo: han sido detectados y notificados en otras comunidades autónomas donde se ha implantado el sistema. Y en otras ciudades de la Comunidad. Por ejemplo, en Zamora el intento fue tan desastroso que se pidió un aplazamiento».

Desde el año 2008, los juzgados remiten los documentos por vía digital a los procuradores. «Eso conllevó un gasto importante tanto para los profesionales –informatización o cambios de sistemas en cada despacho– como para el colegio, que debió destinar un espacio y una persona para gestionar el Lexnet».

Ahora, cuando lo que se ordena poner en marcha es la transmisión inversa, desde los procuradores a los juzgados, estos denuncian «que el Ministerio no lo acompaña con la inversión necesaria para que se pueda llevar a efecto sin problemas», reprocha Goicoechea.