Bajan los padres que no pagan la pensión de los hijos

La crisis se ha llevado por delante muchas pensiones alimenticias. En las separaciones matrimoniales la custodia y la manutención que una parte pasa a la otra son, en más ocasiones de las deseables, foco inagotable de conflicto. En los últimos años, la situación económica, el paro y los salarios a la baja han llevado a muchas más ex parejas a enfrentarse en los tribunales por esta razón. Los de Valladolid, de hecho, celebran uno de cada cinco juicios en la Comunidad por este clase de impago.

La Fiscalía de Castilla y León detecta un incremento «alto» del impago de pensiones. Las denuncias por esta causa se han duplicado en la Comunidad desde 2008, más los que ni siquiera llegan al juzgado para evitar costes de letrados o mayores enfrentamientos.

En todos estos años ha entrado en los juzgados vallisoletanos un número abultado de casos que, sin embargo, crecieron de 245 en 2008 a 320 en 2012 (un 23%), aunque un año después, en 2013, retrocedieron ligeramente (236).

No así en el resto de Castilla y león.. Burgos (53 a 113) y Ávila (45 a 101) duplicaron sus denuncias , que partían de medio centenar, y en Segovia pasaron de 18 a 55. Fiscalía no cuenta con los datos pormenorizados del resto de provincias en 2013, aunque sí de 2008. Ahí la distribución situaba a León como la segunda en volumen acaparando una de cada seis reclamaciones.

«Está claro que ha afectado la crisis, no en vano hay un gran número de parados y la economía no es todo lo boyante que desearíamos. Si un señor está parado y no cobra prestación puede no poder pagar la pensión», señala el fiscal superior de Castilla y León, Manuel Martín Granizo.

En 2008, cuando la situación económica del país empeoraba, los juzgados de Familia de las nueve provincias tramitaron 594 diligencias previas en las que una parte denunció este «incumplimiento de los deberes que se derivan de las relaciones familiares». Aunque este tipo de pensión se conozca coloquialmente como ‘de alimentos’, incluye ropa, vestido, techo y asistencia médica.

Sólo tres años después, en 2011, esta cifra escaló un 48% hasta las 1.146 denuncias. La mayor dentro de las estadísticas que maneja el fiscal autonómico.

Pero pasó ese ejercicio y la situación no varió y muchas mujeres –ellas obtienen la custodia en aproximadamente en el 90% de los casos– demandaron al padre de sus hijos por superar los dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos sin ingresar lo pactado.

Diligencias

En 2012 denunciaron 1.004 personas y en 2013, el último año que consta en las estadísticas, hubo 1.019 diligencias previas por este tipo de impago, según recoge la memoria fiscal de 2014. Así el volumen de casos sigue quedando lejos del inicio de la crisis, cuando eran casi la mitad.

Martín Granizo explica una cuestión decisiva en estos procesos. Si el demandado alega no tener capacidad económica para hacer frente a esos pagos y, «tras la investigación de la Fiscalía, se comprueba que es cierto y se acredita la causa se archiva». «No es delito si no se puede pagar», puntualiza y añade que «si no tiene ingresos difícilmente se le puede exigir la responsabilidad penal de cumplir con esta obligación».

De hecho, del millar de denuncias presentadas en 2013 en Castilla yleón , el Ministerio Fiscal elaboró un escrito de acusación en uno de cada cinco casos. En total, en 200. «Puede entenderse que en el resto, por lo general, no tendrían capacidad económica».

Granizo indica que el proceso penal finaliza «sin perjuicio de lo que suceda con el procedimiento civil» y su labor termina ahí. «La respuesta asistencial, las ayudas que requieran entonces, es algo que queda fuera de nuestra competencia», señala.

El fiscal reconoce que muchos de los casos se cierran y se abren con frecuencia. «Algo histórico en los pleitos matrimoniales es que a veces se cobra en B y cuesta más rastrearlo y los litigantes saben mejor que nadie lo que hace la otra parte y por eso tardan en concluir».

En estos casos se da la paradoja de que no es el acusado el que debe demostrarlo. «Es una especie de presunción, pero al revés», indica Granizo. La carga de la prueba sobre el impago de prestaciones por alimentos recae en la acusación que «es la que debe probar que no paga porque en realidad no quiere y no porque no tenga disponibilidad económica». Esto conlleva, según explica Granizo, una investigación del Ministerio Público.

Cuando alguien es declarado culpable de un delito de impago de pensión alimenticia es porque dejó de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos «cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial».

Este delito está castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses.