Sobreseída la denuncia contra la antigua Uralita por delito ambiental

El Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid ha sobreseído las diligencias abiertas contra la promotora inmobiliaria Reyal Urbis, propietaria actual de los terrenos donde se asienta la antigua fábrica Uralita, por un posible delito medioambiental derivado del deterioro de las instalaciones y el riesgo cancerígeno por contaminación de amianto que las mismas suponen para la población

En su auto, el juez instructor, César Gil Margareto, fundamenta el cierre de las presentes diligencias, abiertas a raíz de una denuncia de la Fiscalía vallisoletana, en la ausencia de responsabilidad penal en la conducta de los responsables de Reyal Urbis.

Señala que dicha sociedad se limitó a adquirir en 2006 una instalación que al menos en parte ya había desmantelado la anterior propietaria de la fábrica Euronit –antigua Uralita–, Fibrocementos NT, y que ésta se había comprometido a descontaminar antes de entregarla en 2009.

Además, el juez constata la «inexistencia de expediente administrativo, inspección o seguimiento alguno por parte de administración competente», hasta el inicio del presente procedimiento, que advirtiera de la condición de residuos peligrosos o riesgo medioambiental, al tiempo que recuerda que Reyal Urbis, una vez denunciada, procedió por un lado al cerramiento perimetral de las instalaciones y a intensificar las labores de vigilancia para evitar el desmantelamiento incontrolado de furtivos que entraban para vender luego el material como chatarra.

«Por ello, entendemos que no puede hablarse de comportamiento doloso o consciente ni de grave imprudencia, ni tampoco hay elementos para entender que tuvo una actuación permisiva ante actuaciones masivas de personas que procedían a sustraer materiales y a un desmantelamiento incontrolado», resume el instructor, que por ello sobresee las presentes diligencias en las que hasta la fecha habían declarado, en calidad de imputados, el presidente de Reyal Urbis, Rafael Santamaría Trigo; el delegado de la empresa en la capital, José María Barrio Gil Founier, y su director general de Suelo, Urbanismo y Patrimonio José Antonio Ruiz García.

El sobreseimiento, sin embargo, ha sido ya recurrido en apelación por la Fiscalía de Valladolid, pues persiste en que los responsables de Reyal Urbis son autores de un delito contra el medio ambiente (artículo 325.1 del Código Penal), bien de forma activa o comisión por omisión, o incluso por una imprudencia grave, que recoge el 331 del C.P, tras insistir en que desde 2009 las viejas instalaciones han permanecido «abandonadas y no se ha efectuado trabajo alguno para la eliminación adecuada de los residuos de amianto generados por la destrucción de los edificios existentes en la parcela».

Y es que el interés económico de la citada promotora, tal y como enfatiza la acusación pública, «no se centraba en las edificaciones, sino en los terrenos».

Fiscalía insiste en que el caso es similar al de las antiguas instlaciones de Uralita de Cerdanyola de Valles en Barcelona donde se han realizado estudios sobre la incidencia del cáncer por amianto en la población cercana.