El Ayuntamiento carga contra la Junta por el caso Zambrana

El caso Zambrana dio este jueves un giro inesperado, no en cuanto al fondo de la cuestión, el pago, inapelable, de los 20 millones que tiene que desembolsar el Ayuntamiento, sino por la carga lanzada por la concejala de Urbanismo, Cristina Vidal, contra la Junta de Castilla y León.

Vidal recriminó a la Administración regional por actuar «a espaldas del Ayuntamiento» al no haber notificado en 2007 su decisión de revertir los terrenos objeto de litigio a los herederos de J. Puentes. Los terrenos en cuestión, algo más de 5 hectáreas junto al centro Zambrana, son los que ahora el Ayuntamiento está obligado a expropiar por 20 millones a la familia Puentes.

«La Junta no notificó nada, ni siquiera el convenio (de reversión) de 2007», un acuerdo por el que la familia Puentes recuperó una parte de las 43 hectáreas que en 1943 expropiaron a su antepasado. Propietarios de nuevo de la parcela -tras pagar 4,5 millones de euros- y en un intento por rentabilizarla pidieron al Ayuntamiento el cambio de uso de los terrenos para su conversión en suelo residencial. El Ayuntamiento se negó y reclamaron la expropiación, también sin éxito. Fue entonces cuando recurrieron a la vía judicial, con las consecuencias ya conocidas, aunque está pendiente todavía un recurso en el que los propietarios solicitan 96 millones por los terrenos.

Tras el pleno, el alcalde, Francisco Javier León de la Riva, confirmó que al menos hay dos comunicaciones de la Junta que no llegaron y anunció que se reunirá con el consejero de Fomento, Antonio Silván, para «ver si hay posibilidad de algún arreglo», aunque será la asesoría jurídica la que aclare si el hecho de no recibir las notificaciones «tiene algo que ver en el asunto».

Los reproches de la concejala elevaron ayer el tiro de las responsabilidades, al menos indirectas, hacia la Junta en un pleno extraordinario solicitado por el PSOE en el que tanto socialistas como IU cargaron contra ella y pidieron su dimisión.

El presidente del Grupo Socialista, Óscar Puente, acusó al equipo de gobierno de «estar instalado en la ilegalidad y en la utilización torticera del derecho» y recordó que la cantidad a pagar puede elevarse a 40 millones -si prospera el recurso pendiente de los propietarios- «por su excelsa gestión», dijo dirigiéndose a la concejala. Puente volvió a pedir la dimisión de la concejala o, en su caso, reclamó al alcalde que exigiera su salida, aunque «sería como si la sartén le dice al cazo ‘quítate, que me tiznas’», ironizó.

Y en otro giro sorpresa, advirtió de que no permitirán que «una burla más a los ciudadanos quede sin respuesta» y utilizarán todos los resortes «para que la ciudad se vea resarcida». Una declaración que sonó, como ya hicieron con el caso PGOU, a denuncia en los tribunales.

El portavoz de IU, Manuel Saravia, pidió al equipo de gobierno que no intente «hacer comulgar con ruedas de molino» y venda el pago de los 20 millones como una operación de compra de suelo por el Ayuntamiento. Lamentó que nadie «haya pedido disculpas a la población» y propuso que la Junta asuma la mitad del pago. «La Junta ha hecho un papelón pero ¿qué ha hecho el alcalde?», preguntó.

La edil admitió que la sentencia «no contenta a nadie», insistió en que acceder a la recalificación habría supuesto «un pelotazo urbanístico» y acusó a la familia Puentes de «no haber sido del todo leal con el Ayuntamiento». Vidal arremetió a su vez contra Puente, al que tachó de «demagogo y acusó de «manipular la realidad y engañar a la ciudadanía: ha tenido la oportunidad de ser leal a los intereses del Ayuntamiento pero no ha estado a la altura».