tribunales
PSOE e IU insisten en que el alcalde dimita
Manuel Saravia señala que «no basta con la exculpación penal» y Javier Izquierdo cree «ineludible» la responsabilidad política
Manuel Saravia y Javier Izquierdo a la salida de una Junta de Portavoces del Ayuntamiento-Photogenic / Pablo Requejo
La eximente en materia judicial no implica una eximente en el ámbito político. Así lo manifestaron el jueves los grupos municipales de PSOE e IU, tras conocer el auto de la Audiencia Provincial que aparta al alcalde, Javier León de la Riva, y al concejal Manuel Sánchez en la causa por la manipulación del PGOU de Valladolid. A pesar de la resolución, la oposición persiste en pedir la dimisión del primer edil.
Aunque la justicia no aprecia delito en la actuación del alcalde, el portavoz del Grupo Socialista, Javier Izquierdo, destacó ayer la «ineludible» responsabilidad política del regidor en el nombramiento del entonces concejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca, imputado en el caso, así como de los técnicos de mayor rango responsables de la manipulación del PGOU.
Para Manuel Saravia, portavoz de IU, existieron «intereses y beneficiarios» y se ha producido un hecho «muy grave y llamativo», por lo que el alcalde tiene, en su opinión, una «responsabilidad política clarísima que debería asumir», señaló en declaraciones a Efe.
«La forma habitual de depurar responsabilidades en un país democrático», sostuvo Saravia, «es la dimisión», declaró.
En este sentido, IU, a través de un comunicado, entiende que la segunda de ellas por parte del alcalde es palmaria, y «cuando los hechos son tan duros como los de esa manipulación del PGOU, amplia, descarada, que afecta a concejales nombrados por León de la Riva y a técnicos de confianza, no basta con la exculpación penal para eludir la responsabilidad política».
Para el Grupo de IU, la reacción de De la Riva en cualquier otro país democrático hubiera sido la dimisión, aunque lamenta que «aquí, según parece, falta mucho camino que recorrer». «¿No podríamos seguir aquí el ejemplo europeo, para no tener esa incómoda sensación de que con nosotros no va la vida democrática?»
IU analiza el auto de la Audiencia Provincial en el que se justifica la no inclusión del alcalde entre los imputados al no constar que conociera el verdadero alcance de las modificaciones, pues los primeros pronunciamientos judiciales claros en este sentido, según el tribunal, fueron posteriores, concretamente la sentencia de 8 de abril de 2010, informa Europa Press.
IU precisa que las primeras denuncias públicas del PGOU fueron de julio de 2008, no de 2010, y califica el argumento exculpatorio de la Sala de «extraordinariamente flojo» pues, a su entender, actuaciones del alcalde que tienen «relevancia en el ámbito contencioso administrativo, pero no se trata de una resolución que suponga de modo evidente para cualquier persona un ataque al ordenamiento jurídico tan flagrante y clamoroso que prescinda de cualquier interpretación mínimamente razonable con el fin de obtener un resultado patentemente injusto».