Tribunales
El TSJ desautoriza a la juez que abrió diligencias contra Trebolle
Vio «posible infracción delictiva» en la sentencia contra el ex jefe de Minas y se inhibió a favor de la Sala de lo Penal, pero el TSJ recuerda que no vale una simple denuncia contra los aforados
El ex jefe de Minas, Maurilio Parrado, exhibe ayer el documento que dice es el causante de su condena, pese a no llevar su firma-J.M.Lostau
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ)de Castilla y León desautorizó ayer a la jueza de Valladolid que abrió diligencias previas contra el presidente de la Audiencia Provincial, Feliciano Trebolle y sus compañeros de la Sección Segunda de lo Penal, Fernando Pizarro y Miguel Ángel de la Torre «al presumir la posible existencia de una infracción delictiva» en el denominado caso Minas contra el ex jefe de esta sección de la Junta en Valladolid, Maurilio Parrado.
Fuentes del TSJ señalaron que la iniciativa de la juez no puede conducir a la apertura de ningún procedimiento judicial. En su instancia es imposible porque se trata de aforados, y en el TSJ no llegará a ninguna actuación, ya que para ello tendría que haberse interpuesto una querella criminal, con abogado y procurador, señalando delito y autor.
La juez de Instrucción 4 resolvió la incoación de diligencias previas –el auto es del 4 de agosto aunque fue notificado a Parrado el 28 de octubre– y al mismo tiempo inhibirse del conocimiento del procedimiento a favor de la Sala de lo Penal del TSJ, después de la denuncia que presentó Maurilio Parrado, contra los citados magistrados.
La Audiencia de Valladolid condenó a Parrado en mayo de 2013 a a 3 años de cárcel y 5 de inhabilitación por delitos de cohecho en concurso con el de negociaciones prohibidas a los funcionarios y falsedad en documento oficial, una sentencia que luego ratificó el Tribunal Supremo en abril de 2014.
Parrado, que mantiene que los magistrados le condenaron «sin argumentar las pruebas de descargo, la normativa minera, la jurisprudencia y la documentación que aportó», presentó denuncia contra los integrantes de la Sala de lo Penal el pasado 30 julio, en un escrito de 214 páginas, en el que llegó a hablar de un «linchamiento judicial» que le está causando «daños irreparables a su persona y a sus familiares» tanto físicos, como psicológicos y patrimoniales.
Esta denuncia está ahora en manos de la jueza de Valladolid. Según informaron fuentes judiciales, esperará a que el auto de inhibición sea firme – el plazo es de tres días– y posteriormente remitirá la actuaciones a la Sala de lo Penal del TSJ, quien determinará si la admite a trámite o no.
Las fuentes del TSJ adelantaron ayer que, en cuanto llegue a Burgos, quedará sin posibilidad de prosperar. «Tratándose de unos jueces, tiene ser una querella presentada con abogado y procurador. No puede seguir adelante con una denuncia, porque ésta no abre un proceso judicial de un aforado», señalaron, antes de recordar que «todos los días hay denuncias contra los jueces».