Europa nos sale cara

EL AÑO QUE viene está ya a la vuelta de la esquina y llega con subida de impuestos. A partir de abril de 2025 entra en vigor la Ley de Residuos y Economía Circular impulsada por la Comisión Europea, cuya consecuencia práctica es que todos los municipios deberán implementar una tasa de basuras obligatoria que se supone que debe ajustarse a la cantidad efectiva de residuos producidos. En otras palabras, un sistema de tasas donde quien más contamine, pague más y en el que cuanto menos seamos capaces de reciclar, más cara nos saldrá la factura. Aunque ya se han pronunciado algunos alcaldes asegurando que buscarán la manera de minimizar el impacto de este impuesto en el bolsillo de los contribuyentes, el tasazo lo tendremos que pagar más pronto que tarde. Pero en todo esto me surgen muchas preguntas. Lo primero es saber cómo van a calcular cuánto le tocará pagar a cada hogar, porque nadie sabe cuánto recicla cada hogar. En Madrid van a aplicar el tasazo en función del valor catastral de cada vivienda. Cuanto más cara sea tu casa, más pagas de basuras. En una concepción muy comunista del mundo se podría entender eso de que quien más tiene, más paga. Pero esta trasposición de la normativa europea lo que pretende es que el ciudadano pague el cien por cien del coste de gestión de sus residuos, y eso no tiene nada que ver con el nivel de renta. Es más, es fácil presuponer que las personas con más renta tienen una mayor formación académica y están más inclinadas a abrazar las nuevas doctrinas de la agenda 2030 e, incluso, tendrán los medios para hacerlo. En cambio, las personas con menor renta pueden tener dificultades para acceder a una formación superior y también para acceder a productos y prácticas de la economía circular. Lo lógico entonces sería que quien más esfuerzos hace por ser más ecológico con sus residuos pague menos que el resto, pero eso sería injusto con quien ha tenido menos oportunidades. Así que lo único que se puede hacer es trasladar el problema a los ayuntamientos para que asuman el desfase entre lo que cuesta la gestión de residuos y lo que se recauda, al igual que lo hacen ya con el transporte público, que es mayoritariamente deficitario y se asume con naturalidad en pro del bien común. Así ocurre al menos en Burgos. Por eso, entiendo que deben ser los municipios quienes deben mejorar sus procesos, optimizar costes y poner de su parte para rebajar la factura de la gestión de residuos. Porque no nos engañemos, si pagamos los ciudadanos todo el coste, pronto nos estarán pidiendo más dinero porque la elefantiasis de la administración pública es extremadamente voraz con los recursos ajenos y totalmente laxa con el control eficaz del gasto. Este tasazo me pilla totalmente en contra. Otra vez Europa generando problemas y dificultándonos la vida.