El abogado del Lincoln

Acaba de salir en la plataforma digital de Netflix una nueva temporada, la tercera, del abogado del Lincoln, serie norteamericana basada en la novela de 2008, El Veredicto, de Michael Connelly. Cuenta la vida profesional y personal de Mickey Haller, prestigioso abogado de mediana edad de Los Ángeles, experto en Derecho Penal, que lucha incansablemente por cada uno de sus defendidos para darles el trato justo que se merecen. El Lincoln es el coche de lujo de los años sesenta que usa el protagonista y en el que se desplaza habitualmente para ir a los juzgados o para resolver los enrevesados casos en los que trabaja. Habitualmente consigue lo que quiere con todo tipo de armas legales que, en ocasiones, cruza la línea delgada de lo deontológicamente correcto. Su equipo legal lo completan Maggie McPherson, exmujer de Mickey y fiscal de Distrito que mantiene una relación un tanto difícil con su exmarido; Lorna Crane, una mujer inteligente que está a punto de licenciarse como abogada y que contribuye con su buen hacer a que el penalista salga victorioso de complicadas situaciones; Cisco, el detective privado dependiente del bufete que se encarga de las investigaciones más delicadas y pseudolegales; e Izzy, mujer afroamericana que conduce el coche que le traslada de un lugar a otro de la ciudad californiana cuando el letrado no usa personalmente el Lincoln. La serie es entretenida, mantiene el suspense y los personajes tienen algo que engancha.

Las últimas semanas están siendo trepidantes desde un punto de vista de noticias judiciales. Los periodistas de Tribunales no dan a vasto con las resoluciones de la judicatura que de un tipo u otro están sacudiendo la política española. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha inadmitido la querella interpuesta por la Abogacía del Estado contra el juez Peinado por la citación como testigo del Presidente del Gobierno en su despacho de La Moncloa. El Tribunal Supremo ha abierto causa al Fiscal General del Estado por un delito de revelación de secretos. Eduardo Zaplana, que fue Presidente de la Generalidad Valenciana y Ministro de Trabajo, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Valencia a diez años de cárcel por comisionista de un contrato público relacionado con las Inspecciones Técnicas de Vehículos. El sistema de controles y contrapesos (checks and balances) del poder, propios de un Estado democrático moderno, parece que está funcionando, de momento. Esperemos que siga así.