De la vergüenza ajena y los pudores

LOS POLÍTICOS que nos gobiernan en España han perdido el rumbo y el pudor. No saben gobernar o no quieren gobernar; pero cobran sus sueldos y, algunos de ellos, en el ejercicio sus funciones, han llegado a dilapidar suculentas cantidades ¡Ya me entienden! Y aquí no pasa nada. El delito de corrupción se ha ido dulcificando. Ha sido amortiguado, atemperado... Al fin y al cabo los gobiernos tienen potestad para indultar y amnistiar a quien consideren oportuno. Miren ustedes lo qué sucedió con el Procés y con los ERE de Andalucía: “todo quedó en agua de borrajas” que diría el tío Invierno, o que “quien hizo la ley hizo la trampa”.

Algunos políticos - más de la cuenta - han utilizado el “poder que otorga el PODER” para incrementar sus patrimonios de modo abusivo. Esos son los políticos que jugando al juego de la política roban los impuestos de los ciudadanos que los han elegido en ese otro juego de la democracia. Otros políticos que promueven pactos extremos que les permiten seguir gobernando sin aportar nada de nada a los españoles; porque solamente pactan para seguir dirigiendo los destinos más inciertos de España. Son los que desvirtúan la política, y lo que debería ser un noble ejercicio se está convirtiendo en una podredumbre nauseabunda. Pedro Sánchez se ha convertido en el eje vertebrador de todo ese conflicto que está llevando a nuestro país hacia inmensos callejones sin salida. Es probable que muchos de los que acompañan los senderos del presidente del gobierno, de los que han crecido a su lado y se sienten poderosos, no se den cuenta de que una democracia ha de preservarse con holgura en todos y cada uno de los principios que la rigen. Pues saben ustedes que la división de poderes es nuestra garantía constitucional para que todos seamos iguales ante la ley. Por eso, como ciudadano español, no entiendo que el Poder Ejecutivo se inmiscuya tanto en el Poder Judicial. Porque creo que el Fiscal General del Estado también tiene derecho a ser imputado y a defenderse en los tribunales. Tiene derecho a no ser culpable de nada hasta que un juez determine si lo es, e incluso después de haberlo determinado tiene la posibilidad de recurrir y de volver a someterlo a otro tribunal. Porque el Fiscal General del Estado tiene derecho, como ciudadano libre, a ser cuestionado ante todos los hechos que ahora se le imputan. Y no es comprensible la salida de tono de muchos ministros, que ejerciendo de jueces, ante una sociedad sumamente preocupada y sorprendida, dan sus veredictos. Creo que ni tan siquiera el ministro de justicia cree en la justicia. Si creyese en ella no estaría tan pendiente de la imputación de don Álvaro García Ortiz y de otras imputaciones.