Condena a la manada ganadera que asaltó la Junta en Salamanca

Crimen y castigo. Las acciones tienen consecuencias en un Estado de Derecho. Nadie por muy cabreado o injustamente tratado que se sienta puede emprender el camino de la violencia para hacer valer sus opiniones. Eso fue sencillamente lo que hizo aquella manada de agricultores, partícipes del colectivo Unión por la Ganadería, que no tuvo mejor ocurrencia para protestar contra la Junta que entrar a porrazos en la sede de la Junta en Salamanca. La Justicia a veces es lenta pero tenaz, cuando emprende un surco, como los bueyes del páramo, no lo deja sin acabar.

La Justicia ha llegado para esa manada, que para evitar penas mayores han pactado una condena de diez meses de prisión para ocho alborotadores y violentos que entraron destrozando todo en unas instalaciones que se sufragan con los impuestos de los ciudadanos. Una pena, que se antoja escasa, por delitos de desórdenes públicos, atentado, daños en bienes públicos y un total de diez delitos leves contra otros tantos policías que fueron desplegados para tratar de mantener el orden público.

Además, los ocho deberán pagar de forma solidaria 19.500 euros en indemnizaciones y multas. Seguramente también una cuantía escasa ante el episodio de violencia y miedo que sembraron entre algunos funcionarios de la Delegación de la Junta, que sólo cumplían con su obligación en el desarrollo de sus funciones en materia ganadera. Funciones que establece el marco legal normativo y que de habérselo saltado como pretendía el colectivo ganadero les hubiese llevado a incurrir en prevaricación de libro.

La Justicia tiene que ser ecuánime, pero contundente y clara. Algunos líderes de aquella movilización pensaron que el asunto les iba a acabar saliendo gratis. No tendrán que entrar en prisión, al ser menor de dos años la condena y decretar su suspensión el juzgado. Pero a partir de ahora y, durante unos cuantos años, que midan mucho sus acciones, porque otra condena, por mínima que sea, acabará con cualquiera de ellos tras los barrotes de Topas, la cárcel salmantina. El derecho a protestar y hacer oír sus, seguramente justas reivindicaciones, no es compatible con arrasar con las personas y las cosas. Quienes les justificaron entonces desde atalayas políticas, hoy deberían someterse a la pena autoimpuesta de pedir perdón a los agentes lesionados y a los funcionarios que vivieron horas de miedo. Esto es la Ley y el Orden. Lo demás, bravuconadas de bocazas que se dedican a inspirar episodios de este calibre.