Sentencia repugnante y espeluznante

La sentencia de la Audiencia Provincial de León que considera que las costumbres étnicas de un violador merecen rebajarle la pena de 37 a 8 años por dejar embarazada tres veces a una menor no es que cause estupor o indignación. Es que resulta espeluznante y repugnante socialmente, más allá de si sus señorías de la Sección Tercera y la Fiscalía de León, que es la que ha propiciado la rebaja de petición de penas, han encontrado recovecos jurídicos para dulcificar la condena a un tipo que violó de forma sistemática a una niña y cuando le dio la gana y como le dio la gana, mientras las familias de ambos disfrutaban con el drama, porque forman parte de las costumbres gitanas las relaciones con niñas a partir de los 12 años. ¿Y por qué no a partir de los 10? ¿Y por qué no a partir de los 8? Esa es la aberración que no es capaz de explicar la sentencia, que, por cierto, se sustenta en otra idéntica de Salamanca, dictada hace poco menos de un año y contó con el beneplácito del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Una alimaña de 19 años violando a una niña de 12, en el citado caso charro.

Lo mínimo es que el TSJ salga a explicarlo. Porque a la ministra de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo, catedrática de Derecho, además de «vergonzosa», que es lo mínimo, no le parece acorde a Derecho. También debe saber la sociedad si por la pertenencia a una étnica, en este caso la gitana, las penas y la legislación se acomodan a las costumbres del violador. Porque ya no es necesaria la participación de Irene Montero y su repugnante ‘ley del solo si es si’ para aliviarle las condenas a los violadores. Especialmente a los violadores de niñas. Aunque lo de la costumbre que aduce de forma cínica tanto la Fiscalía como el tribunal no parece concordar con el parecer de la víctima, a la que en este caso se ha despreciado en favor de una supuesta costumbre propia de sociedades incivilizadas.

Lo que no se entiende que es tanto la Fiscalía como los magistrados no se hayan ocupado, además de aplicar el mayor rigor de la ley a esta clase de bestias, de aplicar el código penal a los encubridores, que son miembros de la familia de la niña y del violador.

El asunto es alarmante no por anecdótico, sino por reiterado. Dos sentencias en muy poco tiempo y en Castilla y León. ¿Cuántos casos más tiene registrados la Consejería de Familia de Castilla y León, que ha actuado de denunciante? ¿Y todos acaban concediendo brutales rebajas de pena al violador? Familia tiene mucho que decir sobre lo que está ocurriendo a la vista de que la Justicia ha decidido desamparar a estas víctimas. Pero también las ONGs que trabajan con estas etnias de estas costumbres en Castilla y León deben explicar si se están ocupando de vigilar y detectar que esto no ocurra. El asunto es espeluznante. Porque hay etnias que tiene por costumbre lapidar mujeres por llevarle la contraria a sus maridos. Pero no son etnias civilizadas ni encajan en nuestro Estado de Derecho civilizado.