Imponer aptitudes

¡CUÁNTO le molesta al Gobierno de España que las Comunidades Autónomas no gobernadas con las siglas del PSOE y SUMAR tengan sus propios criterios y los pongan en marcha! El ministro de Política Territorial está que no da abasto al pretender destruir cualquier atisbo que no encaje en los sentimientos del Gobierno de Sánchez. Le molestan las autonomías que no son afines a los principios marcados por quien pretende imponer aptitudes uniformadas para todos los territorios que parcelan el Estado. Eso sí, con excepciones notables. Cataluña y El País Vasco son libres y van por libre para tomar cuantas decisiones estimen oportunas, incluso las que destruyen los principios de un Estado que el actual Gobierno de España intenta hacer a su imagen y semejanza. Todo lo que no forma parte de la causa gubernamental está fuera de lugar y no tiene espacio en esta democracia de pacotilla. El reciente proyecto de la “Normativa de Concordia” que propone la Junta de Castilla y León molesta antes de nacer, porque no tiene cabida en los encajes políticos de quienes se sienten poseedores de la “Verdad Absoluta”. Esa verdad que se atribuyen a sí mismos los que desbaratan el país; pues, hasta que gobernó Sánchez, se había propugnado la igualdad de todos los españoles y por ende de todos los territorios que conforman España. Lo que hay ahora mismo se parece más a un principio de dictadura que desea arrogarse todos los poderes y todas las instituciones. El Gobierno ya no recuerda que la dictadura de Franco estaba muerta y estaba sepultada, pero el Presidente Sánchez se ha encargado de revivir y de evocar todo un anecdotario que había sido enterrado ya hace tiempo.

El presidente de la Comunidad de Castilla y León tiene derecho de gobernar desde la concordia y a proponer normas que no alteren la convivencia pacífica en una Comunidad Autónoma Española que no eligió al Partido Socialista en las últimas elecciones.

Siempre es arrogante quien desea gobernar por gobernar. Quien acepta y asume presiones de separatistas y extremistas que solamente pretenden que el país que habíamos construido entre todos salte por los aires.

Los gobiernos regionales de Aragón, Valencia y Castilla y León han decidido ampliar el cómputo de víctimas que la Ley de la Memoria Democrática no había reconocido, ya que en todos los conflictos suele haber víctimas en ambas partes y todas son víctimas. Y no debería de haber, por lo tanto, visiones sesgadas e interesadas, de las que dejan fuera a seres humanos que también padecieron por razones estrictamente políticas, y, sobre todo, injustas. Debería de darse el mismo trato a todos los españoles si es que realmente deseamos la igualdad y la justicia.