La protección del lobo y de los ganaderos deben ir de la mano

DESDE la Unión Europea recientemente se abría la puerta a que se pudiera revisar la protección del lobo, que hasta ahora impide su caza controlada en todo el territorio de Castilla y León, tanto al norte como al sur del Duero. Algo que Bruselas hace ahora a la vista del daño que los ataques del cánido provoca en la cabaña ganadera de la Comunidad, tal y como reflejan las cifras desde que se elevaba la protección del animal por parte del Gobierno, en contra del criterio de la Junta y de las organizaciones agrarias.

Más allá de las disputas políticas en las que está derivando todo lo que tiene que ver con mantener o no la máxima protección para el animal, las opiniones a favor y en contra, resulta evidente que desde las administraciones, central y autonómica, se tiene que trabajar para articular medidas que vengan a conjugar el proteger al lobo y a los ganaderos. Uno y otros deben ir de la mano. Y eso pasa por escuchar a todas las partes y sentarse a dialogar en la búsqueda de esas medidas consensuadas. Eso sí, con una única premisa: proteger al lobo y a la cabaña ganadera.

Eso es precisamente lo que plantea la Unión Europea al abrir la puerta a que se pueda revisar esa especial protección que ahora afecta al cánido y que impide su caza en toda la Comunidad. Mal harían las administraciones enrocándose en planteamientos de máximos. El Gobierno tiene la decisión final, pero esta no debe ser unilateral. Debe escuchar a las comunidades, entre ellas a Castilla y León, y a las organizaciones agrarias. Una y otra tienen mucho que decir y que aportar. Nadie dice que la decisión sea sencilla pero proteger a uno no puede hacerse con las desprotección de la otra parte.

Y, mientras esto llega, mientras se decide si se rebaja o no el nivel máximo de protección del cánido, los ganaderos tienen que seguir recibiendo en tiempo y forma las indemnizaciones por los daños. Indemnizaciones que, en la medida de lo posible y más allá de los trámites de la administración que retrasan las más de las veces, deben agilizarse. Sólo así se evitará que el ganadero reciba un doble castigo: el de la pérdida de cabezas de ganado que le pueda causar el  lobo y el retraso en el cobro de las indemnizaciones.

Castilla y León viene reclamando al Ejecutivo central el replanteamiento de la actual situación con respecto al lobo a la vista de la puerta abierta por la Unión Europea. El Ministerio de Transición Ecológica de la vicepresidenta Teresa Ribera no debe hacer oídos sordos. Es hora, cuando menos, de repensar la situación. Un reseteo que, ni mucho menos, significa desproteger al lobo, algo que ni mucho menos plantean ni Castilla ni los ganaderos.