Los excesos contra la libertad política en las Cortes de Castilla y León

Aunque cualquiera lo diría a la vista de las escenas que nos proporciona, las Cortes de Castilla y León son el lugar donde reside la soberanía ciudadana. Aunque parezca más bien un costosísimo establecimiento para los contribuyentes donde muchos políticos se embolsan soldadas de más de cien mil euros por figurar, intrigar y poco más. De todos los partidos y colores. Va camino de ser la institución peor valorada de Castilla y León si sus propios inquilinos no lo remedian.

Pero las Cortes no son el cortijo de nadie. Ni siquiera los letrados que viven del sueldo público que pagamos los habitantes de Castilla y León. Resulta a todas luces un exceso por parte del letrado mayor, que es el autor del veto, impedir a una parlamentaria socialista formular una pregunta sobre la legalidad o no de la Junta de cursar contratos sin IVA. Servirse de un reglamento desfasado y de un articulado, además de ambigüo, a todas luces anticonstitucional para impedir el ejercicio de la libertad de los grupos políticos, es tanto como que sean los letrados los que ejerzan la acción política y decidan qué se puede preguntar o no. El mandato pasado, con las comisiones de investigación ya quedó más que evidente que el reglamento de las Cortes es casi preconstitucional. Y ahí sigue, impasible el ademán.

Es una pregunta de contenido claramente político, que por descontado incluye una connotación jurídica. El veto cursado por el letrado mayor a la cuestión de Ana Sánchez, que empieza  a aficionarse a ser protagonista inapropiado protagonizando desatinos como éste, es un despropósito jurídico, parlamentario e intolerable con algo que debe primar en un hemiciclo, la libertad de expresión. Está más que justificado el cabreo del Grupo Socialista. Aunque sobre el histrionísmo y el dramatismo excesivo. En cualquier caso, el letrado mayor, y por ende el presidente da la cámara que lo sustenta, han conseguido convertir en noticia de primera plana lo que no pasaba de ser una pregunta más en el último pleno del actual período legislativo. ¿Qué parlamento tenemos si un funcionario puede ejercer la censura preventiva sobre lo que quieren preguntar, saber, cuestionar, acusar, criticar o reprochar los representantes de los ciudadanos? Por otra parte, el artículo al que alude el letrado mayor vale para impedir el 80% de las preguntas parlamentarias, en función de la apetencia, o lo que es peor, de la capacidad censora de un funcionario que está al servicio de los ciudadanos, que son los que pagan su nómina para que defienda la libertad, no para que cometa excesos contra ella a cuenta de rebuscar en una normativa caduca.