El burladero de la salud para ocultar un capricho ideológico

Nos encontramos inmersos en la precampaña de las elecciones municipales que se celebraran el próximo 28 mayo. Han pasado más de dos meses desde que finalizó el plazo para presentar alegaciones al Proyecto de Ordenanza por la que se creará la desproporcionada Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del municipio de Valladolid y, siendo un asunto de máxima importancia para los intereses de la ciudad y sus vecinos durante los próximos cuatro años, todavía no conocemos cómo se resolverán.

El equipo de Gobierno municipal redactó el texto de la Ordenanza sin estudios técnicos que amparasen tal extensión y, además, lo hizo de forma aventurada y temeraria, al adelantarse al desarrollo reglamentario de las ZBE que el Gobierno de España estaba elaborando, para establecer unos requisitos y objetivos mínimos dentro de estas zonas, y así aportar seguridad jurídica a particulares y empresas con una legislación homogénea en todo el territorio español.

Intereses ideológicos y partidistas ajenos a la buena gobernanza municipal se impusieron a razones de prudencia jurídica y técnica, que aconsejaban esperar al desarrollo de la norma nacional, a fin de evitar riesgos innecesarios y consecuencias perjudiciales tanto para los administrados como para el cuerpo de la norma.

Pues bien, sucedió lo que temíamos. A los pocos días de la aprobación inicial de la Ordenanza, el Gobierno de la nación publicó el Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las ZBE. Y como dice el dicho castellano, el contenido de la Ordenanza que aprobó el gobierno de Óscar Puente y las exigencias que impone el desarrollo reglamentario a los proyectos de ZBE «se parecen como un huevo a una castaña».

El texto de la Ordenanza cuenta con 18 artículos y en el periodo que ha sido objeto de exposición pública ha recibido, nada más y nada menos, 252 alegaciones. Este dato indica la poca aceptación y el mucho desacierto de la Ordenanza que prepara el Ayuntamiento.

Las alegaciones recibidas son muy diversas y de toda índole. Principalmente las referidas al tamaño de la zona, que se aumentó de 1,4 a 3,1 kilómetros cuadrados en el trámite de exposición pública del Plan de Calidad del Aire, en consideración a alegaciones de un colectivo ideológicamente cercano al equipo de Gobierno, amparándose en la salud de los ciudadanos y en la eficacia de la zona -lo que es una modificación sustancial de la propuesta inicial-, y conllevó que vecinos de La Circular, del inicio del Paseo de Zorrilla, o del entorno de San Pablo vieran cómo sus domicilios, negocios o lugares de trabajo se incluyeron dentro de este perímetro sin tener opción a ejercer su derecho a alegar. 

En relación al tamaño y diseño de la zona es reseñable destacar que el trazado propuesto no corresponde con el que contempla el malogrado Plan de Movilidad Urbana Sostenible y Segura de Valladolid (PIMUSSVA), que propone como opción de ZBE la almendra central de la ciudad. Nótese, que el actual PGOU de Valladolid incorpora al PIMUSSVA como instrumento de planificación urbana vinculante. 

En este sentido, resulta paradójico observar fuera de este perímetro zonas donde la intensidad de gases contaminantes asociados al tráfico es más intensa que en la zona centro.

Aspecto importante, también objeto de debate, es el impacto negativo en términos económicos que se producirá en una gran parte de la ciudad al restringir la entrada de vehículos particulares, que no tengan una determinada pegatina. Según datos del Instituto de Movilidad incluidos en el estudio económico que acompaña a la Ordenanza, se estimaba que las restricciones que se deberían haber puesto en marcha en 2023 afectarían a un 18% del parque móvil de la ciudad (sin etiqueta), y a 1 de enero de 2024 restringirían la circulación a un 35,6% (etiqueta B). Sin embargo, las cifras serán mayores, debido a los vehículos censados en otros municipios del alfoz, que tienen la necesidad de acceder a la ZBE. Tenemos que ser conscientes de que, según datos de Circulo Neutral in Motion (NIM), el parque automovilístico de Castilla y León en 2022 tenía una media de edad de 15,7 años, lo que supone que estas restricciones también afectarán a una gran parte de la ciudadanía de las otras ocho provincias de la Comunidad. 

Son lógicas las incertidumbres de vecinos, comerciantes, hosteleros y hoteleros, autónomos, AMPAS, trabajadores y turistas quienes desconocen si su coche podrá circular o no por el interior de la zona, y cómo afectará a su vida.

El equipo de Gobierno ha decidido guardar en un cajón la implantación de la futura ZBE hasta que pasen las urnas de mayo. No parece sensato que, si para doblar la extensión de la ZBE el equipo de Óscar Puente esgrimía como argumento la calidad del aire y su efecto negativo sobre la salud de las personas, actualmente tengamos la implantación paralizada hasta que pasen las elecciones, cuando es de obligado cumplimiento tenerla operativa desde enero de 2023.

Esto evidencia que las razones de la implantación de esta desmedida ZBE obedecen más a intereses partidistas que a fines saludables, y es obvio que el equipo de Gobierno ha optado por ocultarse tras el burladero de la salud para ocultar caprichos ideológicos. El alcalde habla de movilidad sostenible, pero esta no tiene nada que ver con imponer prohibiciones o restricciones de acceso a vehículos privados a determinadas zonas de la ciudad. La movilidad sostenible debe perseguir facilitar y favorecer el acceso de todos los ciudadanos y vecinos a toda la ciudad ofreciendo compensaciones y/o alternativas con las que se consiga el objetivo de mejorar la calidad del aire.

Es urgente unificar una normativa municipal desgajada y dispersa. Es conveniente atender a las necesidades reales de Valladolid y no crear conflictos entre los diferentes medios de transporte. Es preciso regular los recientes fenómenos que forman parte del día a día de la ciudad como son: el uso de los vehículos compartidos -carsharing y motosharing-, de movilidad personal (VMP), el uso y recarga del coche eléctrico, los patinetes, los vehículos de alta ocupación (VAO), etc.  

La propuesta del Partido Popular es clara. Queremos una movilidad eficaz, sostenible, justa y participada por todos, con la que todos los vecinos nos sintamos cómodos, que parta de soluciones metropolitanas, que reduzca a la mínima expresión legal el tamaño de la futura ZBE basada en informes científico-técnicos y económicos reales, y que se actualicen los datos con los que se ha elaborado que son de hace ocho años. Sólo a partir de un diagnóstico certero y no voluntarista se podrán aplicar políticas eficaces. En definitiva, lo que pretendemos es eliminar los atascos y embudos, y recuperar la convivencia de los distintos medios de trasporte que todos añoramos.

Es conveniente insistir de nuevo en que Valladolid tiene personalidad y características propias. No es necesario reproducir las soluciones adoptadas por otras ciudades como Ámsterdam, Madrid, o Barcelona. Por ello, las políticas e intervenciones que se ejecuten en nuestra ciudad deben ser apropiadas, razonadas, trabajadas y consensuadas.

Francisco Blanco es concejal y número 3 de la lista del Partido Popular al Ayuntamiento de Valladolid.