Las Cortes, electoralismo estéril y sin consecuencias para Castilla y León
LAS CORTES DE Castilla y León, ese lugar donde además de residir la soberanía popular, debería servir, en parte, para dar soluciones o aportar herramientas para ello para los ciudadanos de esta comunidad no sólo sigue siendo un lugar para la revancha política estéril, sino que además ahora se agudiza como cuadrilátero electoral estéril. Y eso es lo que veremos de aquí a final de año con dos contiendas electorales en ciernes, las municipales de mayo y las generales de final de año. Ocho partidos con representación, 81 parlamentarios y los plenos quinquenales de las Cortes consisten en dirimir dialécticamente las cuitas que ni preocupan ni incumben a la ciudadanía de Castilla y León. Los políticos acabarán por convertir las Cortes en una institución completamente inservible, si es que ya no lo es. Eso sí, a los contribuyentes les cuesta al año la friolera de más de 21 millones de euros, es decir, 131 veces lo que cuesta un inservible concierto solidario por los fuegos de la Sierra de la Culebra. La solidaridad ciudadana tiene sus límites y su hartazgo.
Las Cortes deben ser el lugar en el que el gobierno dé cuenta de su acción. Pero también en el que la oposición ejerza su inalienable labor de control sobre la acción del ejecutivo. Pues bien, las Cortes sirven al gobierno de la Junta para atacar al gobierno central, duplicando con ello labores y sueldos políticos. Y a la oposición para, además de promocionar la acción del gobierno central, justificar su existencia intermitente, duplicando con ello sueldos políticos también.
Un tercio de los integrantes de las Cortes se cobran cien mil euros al año por asistir y ofrecer un espectáculo quincenal muy poco edificante y con escasos resultados para la ciudadanía. Eso sin duda tiene que cambiar. Pero de momento lo que ocurre es que está empeorando y cada vez se parece más a un patio madrileño de vecindad o una corrala. Esperemos que, tras lo ocurrido en la última sesión, peineta incluida, hoy los 81 miembros del plenario permanezcan en sus escaños, al menos para justificar los sueldazos o las suculentas dietas que cobran por ello. Exigirles altura política y de miras se antoja un exceso a la vista de los antecedentes de la legislatura. Pero por lo menos se les puede exigir que acudan al puesto de trabajo por el que cobran dinero procedente de los impuestos de los ciudadanos de Castilla y León. Tal vez sea una entelequia incluso aspirar a algo tan evidente a la vista de los acontecimientos de la legislatura. Pero es obligación, al menos, del árbitro de la contienda, que no es otro que el presidente del parlamento.