Un Estatuto de Autonomía herido de muerte por un gobierno que no cree en el diálogo
En los últimos años, la concertación social se ha convertido en una de las señas de identidad de la comunidad autónoma. Este modelo de éxito de diseño de políticas públicas participadas no es fruto de la casualidad, sino de una decisión legislativa clara y contundente a favor de optar por el diálogo y la búsqueda del consenso con los agentes sociales.
Así, el propio Estatuto de Autonomía, en el artículo 16 de la reforma del 2007, incorpora como uno de los principios rectores de las políticas públicas de Castilla y León «el fomento del Diálogo Social como factor de progreso económico y cohesión social, reconociendo el papel de los sindicatos y organizaciones empresariales como representantes de los intereses económicos y sociales que les son propios, a través de los marcos institucionales permanentes de encuentro entre la Junta de Castilla y León y dichos agentes sociales. Para ello podrá regularse un Consejo de Diálogo Social en Castilla y León».
El reconocimiento del Diálogo Social en el Estatuto de Autonomía supuso un hito histórico, no solo por el reconocimiento normativo de la existencia e importancia de este diálogo, sino también por su institucionalización hasta el punto de servir de referencia para las restantes comunidades autónomas que, con distintos resultados, han institucionalizado el Diálogo Social en sus respectivos ámbitos territoriales.
Además, es precisamente el Consejo del Diálogo Social la razón fundamental por la que se considera al modelo castellano y leonés como un modelo de vanguardia, ya que Castilla y León se convierte en la primera comunidad autónoma que cuenta con un órgano de estas características, puesto que en determinadas CCAA existen órganos tripartitos, pero no con el alcance y las funciones del Consejo del Diálogo Social.
De esta forma, se consolida e institucionaliza el Diálogo Social como patrimonio de Castilla y León y de sus ciudadanos y se garantiza una distribución de la riqueza más justa a través de políticas y servicios públicos, que llevan al conjunto de los ciudadanos y de los trabajadores, unas condiciones de trabajo y de vida más dignas. Y es que, aunque Castilla y León no es la única que ha optado por incorporar al diálogo social a su norma máxima, sí es la única cuyo Estatuto contempla un cauce específico y creado ad hoc.
Cabe recordar que la incorporación de este modelo de diálogo social en el entramado institucional de Castilla y León ha dado resultados muy positivos, no solo porque ha permitido reforzar el papel de los distintos territorios y atender a sus circunstancias particulares, sino también porque ha resistido y contribuido a hacer frente a situaciones de crisis económicas, sociales y hasta sanitarias, buscando respuestas o cauces de solución consensuados. De hecho, lo verdaderamente relevante del modelo no es tanto su institucionalización como el alto nivel de concertación social alcanzado en la comunidad, lo que nos distingue del resto de CCAA.
De esta manera, desde 2001 se contabilizan más de cien acuerdos entre el Gobierno y los agentes económicos y sociales en Castilla y León, con múltiples iniciativas desarrolladas tendentes a potenciar la competitividad empresarial, la inserción laboral y empleabilidad de las personas trabajadoras, así como a mejorar la protección social.
Por todo ello, los sindicatos más representativos del país y de la comunidad no podemos entender que el actual gobierno autonómico esté tratando de dilapidar una de sus señas de identidad más representativas. No obstante, los nuevos socios del gobierno del PP han sabido bien dónde poner el foco de actuación. Lo tenían decidido en su ideario. De momento, si hacemos memoria, en el poco tiempo que llevamos de legislatura, sindicatos, colectivo LGTBI y feminismo hemos sido objeto de sus descalificaciones y ataques políticos y presupuestarios ¿a qué se debe esto? A que somos los agentes sociales quienes más podemos confrontar con sus políticas de desprotección de los trabajadores, con sus debes empresariales (todavía nos preguntamos a quién pertenecerán las empresas de ecografías 4D que se encargarán de cumplir con su protocolo antiaborto), con su total desconsideración a la normativa que fomenta la conciliación familiar de todas y todos los trabajadores, con las políticas de fomento de igualdad para atajar la brecha salarial y con las medidas de protección de los trabajadores frente a las irregularidades empresariales que puedan provocar el aumento de la siniestralidad laboral de manera significativa.
De igual manera, somos los sindicatos más representativos, UGT y CCOO, quienes hemos puesto el foco, y denunciado la falta de legalidad, en sus actuaciones a la hora de dilapidar el Serla como servicio de mediación imprescindible para trabajadores y empresarios en Castilla y León; somos los que les acusamos de la falta de criterio a la hora de elaborar una política de emprendimiento e industrialización que nos sitúa actualmente a la cola del resto del país; somos quienes les recordamos que solo siembran discordia (así lo demuestran las continuas dimisiones en los diferentes departamentos de las consejerías que dirigen) y que, de madrugar, vistas las cifras de población activa y la ingente brecha salarial que padecemos, nada de nada. Más de una de nuestras delegadas y delegados querría encontrárselos a las 5 de la madrugada cuando se despiertan para ir a la fábrica o a las 6 cuando terminan su turno de noche en el hospital para explicarles en qué consiste realmente trabajar.
Y son las mujeres y el colectivo LGTBI quienes pueden confirmar que el concepto de «libertad», tan cacareado por la extrema derecha, es pura fachada, porque quieren limitar los derechos de la ciudadanía (recordemos que la libertad reproductiva, de autodeterminación de género o de orientación sexual son derechos fundamentales recogidos como tal en nuestro ordenamiento jurídico) y parece que la extensión de los derechos a los diferentes colectivos no encaja con su concepto de sociedad normativa ni con su concepto de familia, como si solo concibiesen su realidad como la única posible y todo lo que desencaja sus esquemas fuera ilícito.
Pero nosotras y nosotros vamos a seguir al pie del cañón, aguantando las amenazas, judicializando los asuntos que así lo requieren y poniendo pie en pared para evitar la demolición de nuestro sistema democrático que nos ha permitido, durante décadas, vivir en concordia y conquistar derechos sociales y laborales que nos han convertido en modelo de convivencia.
En definitiva, seguiremos defendiendo la igualdad y los derechos de las personas que viven en nuestra tierra, más allá de su origen, de su raza, de su orientación sexual, de sus creencias religiosas, porque solo una sociedad plural basada en el respeto, tanto a las personas como a las leyes que conforman su marco jurídico, puede seguir alcanzando cotas de bienestar social que le permita seguir avanzando. Y esto es lo que está en juego.